La repentina aparición de Ricardo Velázquez Meza no abona nada a la causa de los ambientalistas, pues no ha publicado un posicionamiento ni declarado a favor o en contra de los cruceros en la bahía de La Paz, siendo que es secretario de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, así como integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda y Turismo, entre otras.

El senador Ricardo Velázquez Meza, del partido Morena colocó un punto de acuerdo para que la Administración Portuaria Integral (API-BCS) deje de estar bajo el manejo del Gobierno del Estado y pase al de Gobierno Federal. Argumenta que de acuerdo a la Constitución «le corresponde a la federación el manejo y cuidado de las zonas federales marítimas, en este caso los puertos».

Velázquez Meza, quien es suplente del gobernador Víctor Castro en el Senado de la República, menciona que existen varias especies en extinción dentro de las áreas protegidas, como la baquita marina, por lo que API-BCS debería vigilar el cumplimiento de las leyes para evitar su extinción.

Señala que el Gobierno del Estado y API-BCS han realizado cambios internos en los diversos puertos de Sudcalifornia, sin hacer un estudio socioeconómico previo que aclare el impacto económico a las navieras y a los usuarios.

Aunque menciona a quienes llamó «procruceros integrados por grupos corporativistas», no fija una postura a favor o en contra del complejo turístico que se pretende instalar en la bahía de La Paz a partir del proyecto «Ampliación de muelle API-BCS Pichilingue» promovido por la empresa Aquamayan Adventure.

«Hoy en día, los procruceros, integrados por grupos corporativistas tienen un interés en construir muelles junto con la infraestructura turística-portuaria que no sólo permitiría la llegada de más cruceros, sino ofrecería servicios de hospedaje, alimentación, paseos a las áreas naturales protegidas o nado con tiburón ballena. Dándonos a entender que los objetivos principales se han dejado de lado y se han enfocado en los beneficios del gobierno del estado» aseguró.

La presencia de API-BCS en los medios se ha visto acentuada desde noviembre de 2020 hasta el día de hoy, en que el proyecto para recibir cruceros de 3 mil a 6 mil pasajeros ha aparecido en escena, despertando el descontento de grupos ambientalistas que han revisado la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para señalar sus carencias, ambigüedades e incluso lo que llaman «un engaño en el título de Ampliación de Muelle».

En este sentido, la repentina aparición de Ricardo Velázquez Meza no abona nada a la causa de los ambientalistas, pues no ha publicado un posicionamiento ni declarado a favor o en contra de los cruceros en la bahía de La Paz, siendo que es secretario de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, así como integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda y Turismo, entre otras.

Parte de lo que indica este punto de acuerdo es una supuesta modernización de las posibilidades de API-BCS en todos los puertos que maneja, mediante inversiones público-privadas, que a la fecha están advertidas en la MIA presentada por Aquamayan, que busca la concesión por 19 a 40 años, aunque en algunas publicaciones presumen una ampliación potencial de hasta 70 años en Pichilingue.

Por su parte, el diputado federal del PAN por Baja California Sur, Marco Puppo, ya contestó al punto de acuerdo de Velázquez Meza, anunciando que desde la Comisión de Marina se hará frente común para que este exhorto quede en una mera «ocurrencia», y resaltó los beneficios de un API-BCS administrada por un gobierno local, para que «el producto del usufructo de los mismos, quede para beneficio de obra social y portuaria de la entidad», entre otras razones.

Marco Puppo consideró ese cambio como un atentado contra los sudcalifornianos, «como lo fueron –según dijo– retirar el FONDEN, el Fondo Minero, retirar el subsidio de Diesel Marino, desaparecer el Seguro Popular, quitar apoyo para artes de pesca, estancias infantiles, apoyos al campo y otros recursos que dejaron de llegar a la entidad gracias al centralismo de la federación», sin pronunciarse tampoco sobre el tema de cruceros, nada desdeñable cuando se habla de API-BCS.

Una ojeada al historial de declaraciones desde la aparición del proyecto de Pichilingue, deja ver que la clase política sudcaliforniana ha relegado sus posturas sobre los cruceros únicamente cuando se les cuestiona sobre el tema –sin ponerlo en discusión por iniciativa propia– e incluso en esas circunstancias han optado por la neutralidad o el «apego a la ley», poniendo en entredicho el daño ecológico a la bahía, señalado por especialistas y analizado por una Semarnat que no ha publicado su fallo, luego de 11 días de haber terminado un segundo plazo de consulta pública.