Prestadores de servicios negaron ser un grupo minoritario de afectados por la concesión para un particular de la última rampa de botado pública para embarcaciones menores de La Paz.

No son pescadores organizados: Narciso Agúndez Gómez

Rodrigo Rebolledo

La Paz, Baja California Sur. Somos cientos de familias afectadas, aseguraron prestadores de servicios turísticos de La Paz que se reunieron en la playa Los Jordanes al rechazar que sean un grupo minoritario, como se ha sugerido por autoridades locales quienes han descartado que formen parte de una asociación o cooperativa pesquera. Ante la falta de respuesta a su llamado público se preparan para hacer sentir su reclamo frente al Gobierno del Estado y reiterar su rechazo a la concesión de la playa que, por años, han usado como su sitio para hacerse al mar y ganar el sustento para sus familias.

“Nosotros nunca hemos hablado por ellos, en el oficio describimos parte de la historia de esta playa, tiene bastante tiempo acá, sin embargo, no lo están firmando los pescadores de El Manglito, dice muy claramente: prestadores de servicios, pescadores deportivos y público en general. Creo que hubo un mal entendimiento ahí”

Así se expresó Nezahualpilli Tovar, prestador de servicios turísticos quien condujo la reunión pública donde los prestadores de servicios turísticos aclararon que se ha manejado erróneamente que no son pescadores. Y lamentaron que el Gobierno del Estado les hubiera confrontado con las diferentes cooperativas que existen al proponer una reubicación del sitio para favorecer una concesión que -el gobierno mismo ha reconocido- no fue entregada en las condiciones adecuadas para el beneficio de la localidad.

Los pescadores reúnen firmas para pedir de manera formal que se revoque, por no seguir la Ley Federal de Puertos, la concesión a un espacio que hasta el momento es en beneficio de sus usuarios consuetudinarios:

Insistieron en que los negocios que manejan pagan derechos ante autoridades federales, tanto portuarias como ambientales; y permisos ante las autoridades comerciales locales, además de rentar servicios náuticos para la estadía de sus embarcaciones.

Afirmaron ser “el motor del ecoturismo de aventura responsable” que ha posicionado globalmente a La Paz como un destino sin igual para este tipo de actividades.

Negaron que sea una opción moverse a espacios ya ocupados por otras actividades económicas o apartadas del sitio estratégico que ha sido el embarcadero de la comunidad por excelencia, y que más bien existe una incorrecta concesión a un privado (Desarrollo Visión S.A. de R. L.). Esta ocncesión, según dicen, provocará más problemas de los que pretende solucionar, por lo que lamentaron que el gobierno, junto con Administración Portuaria Integral de Baja California Sur (APIBCS) les convocara para una reunión donde se provocó la confrontación entre los prestadores de servicios y los pescadores de diferentes organizaciones de El Manglito.

En ese sentido, expresaron que parece necesario hacer sentir al gobierno que encabeza Víctor Manuel Castro Cosío y a la sociedad sudcaliforniana la dimensión de la problemática que ha provocado la entrega de dicha concesión mediante una manifestación pública y la entrega de una solicitud formal que pide su revocación, la cual será efectiva la semana próxima.

No son pescadores, no están organizados: Agúndez Gómez

El director de APIBCS, Narciso Agúndez Gómez expresó que, aunque los prestadores de servicios turísticos que se dicen afectados por el contrato de cesión parcial de derechos que la paraestatal que representa celebró con una empresa particular no forman una organización formalmente constituida, se realizan los procesos de mediación para afectarles lo menos posible, sin dejar de cumplir con el contrato firmado con la empresa particular.

“Hay que dejar muy claro que no son los pescadores de El Manglito, son los prestadores de servicio de la ciudad quienes usan el área de botado de El Manglito para usar sus embarcaciones. Los pescadores están a favor de la concesión, ya que ellos van a ser contemplados en el proyecto. Acordamos agotar todas las vías de comunicación para agotar acuerdos y buscar el equilibrio sin afectar a los empresarios y a los prestadores de servicio. Tratamos de llegar a una buena negociación y un acuerdo entre las partes”, aclaró.

Indicó que por ello se colocaron anuncios en el área concesionada, para así identificar a las personas que aún usan el lugar.

Confirmó que se busca una opción alternativa en otra parte de la Bahía de La Paz para que continúen sus actividades sin verse afectados por las actividades.

Confirmó que existe un procedimiento para revocar dicha concesión, pero ello abre la posibilidad a una defensa legal por parte del actual concesionario.

Hasta el momento ni los afectados por la concesión, ni la propia paraestatal que la firmó han establecido contacto con el representante legal de Desarrollos Gran Visión S. A. de R. L.