Con el propósito de agilizar los trámites para la compra/venta de una parcela de 103 hectáreas, un grupo de ejidatarios de San Vicente de Los Planes pusieron a nombre de una sola persona todo el terreno en 2005, sin sospechar –o acaso sospechando menos que confiando– que su compañero vendería el bien por su cuenta, sin repartir entre los socios el recurso obtenido de ello.

El terreno incluye un kilómetro de playa de Bahía Turquesa, nada menos. Parece ser que al haberse aplicado con anterioridad ese mismo método sin haberse presentado ningún problema, los socios no vieron mayor complicación en poner su propiedad a nombre del presunto defraudador, para que repartiera el recurso como había sucedido antes, sólo que en esta ocasión no hubo reparto.

Así lo explicó el presidente del Consejo de Vigilancia del Ejido Los Planes, Joel Lucero, quien ha acudido al Tribunal Unitario Agrario junto con los ejidatarios afectados, con el fin de recuperar sus tierras. Aunque los socios en principio eran 25, las afectadas son casi 200 familias.

Ha sido una piedra dura de picar la del caso de Bahía Turquesa pues la plusvalía de ese sitio es sólo superada por la del corredor Todos Santos-El Pescadero, muy concurrida por turistas extranjeros quienes es de todos conocido tienen asentamientos en la zona y residencias de todo tipo, incluso negocios como hoteles de lujo y no simples residencias.

El ejido San Vicente de Los Planes sacó al dominio pleno en 2005 el predio de Bahía Turquesa, por lo que en la actualidad se trata de una propiedad privada, que pertenecería a los ejidatarios una vez que logren ganar la juicio a la persona que cometió la presunta defraudación, vendiendo en un segundo tiempo lo que se había acordado de manera muy distinta, según lo aseguran.

Este conflicto ya tiene 15 años, pero latente aun en la medida que han intentado recuperar sus tierras. De hecho, el demandado ya ha pisado prisión a causa de esto, pero su defensa interpuso un amparo y quedó en libertad.

Si hace 15 años cada uno de los 25 ejidatarios del predio habrían reducido alrededor de 2 millones de pesos, es difícil calcular el valor,  transcurrido todo ese tiempo. Hay que señalar que quien vendió el predio –es decir el acusado– a una empresa de Los Cabos, se hizo de una residencia en aquel municipio, y lo que hoy se busca es que el Tribunal Agrario nulifique el título y regrese la propiedad a las tierras del ejido y posteriormente a quienes se dicen sus legítimos propietarios.