El diputado Christian Agúndez Gómez llamó a una serie de instituciones cuyas competencias se relacionan con garantizar el acceso a las playas, a que actúen en consecuencia, protejan y cumplan con las obligaciones que les corresponden en ese sentido.
Así, mencionó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), a la Semarnat (por aquello de los permisos y concesiones), a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
Además de estas instituciones fueron nombradas las autoridades municipales, para que contemplen acceso libre a playas en sus planes de desarrollo.
Y al hablar de los desarrolladores, de los que dijo «tienen la mejor intención de invertir en Baja California Sur», exhortó a que trabajen en conjunto con municipio, gobierno estatal y federal, siempre en el marco de la ley.
Lo anterior resulta previsible –pero inútilmente– una vez sucedido lo de la invasión por una empresa privada en Todos Santos y el caso de San Juanico, en lo cuales intervino la comunidad de ambas localidades para evitar con la legitimidad de la defensa del territorio, y posteriormente con la venia de las autoridades.
En ese contexto también se encontraría el despojo a los pescadores en el acceso a la bahía en El Manglito, en La Paz, así como a trabajadores de servicios turísticos y gente en general. Una concesión de más de 11 mil metros cuadrados otorgada por API-BCS a una empresa particular.
Christian Agúndez Gómez en su pronunciamiento hace mención de las tantas playas que tienen acceso controlado hoy en día, sobre todo en Los Cabos, pero no exclusivamente ahí, para lo que acentúa su exhorto a las autoridades.