Daniela Reyes

Para la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) parece no ser una prioridad atender los casos de violencia de género en Baja California Sur, los cuales siempre son relegados a un segundo plano; cuando abordan el tema, se van por la tangente hablando de empoderamiento o liderazgo femenino, cuando la demanda más emblemática del movimiento feminista en la entidad ha sido muy puntual, contundente y clara: justicia para todas las víctimas de feminicidio.

Es precisamente en fechas emblemáticas como el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, cuando las instituciones retoman el tema de la violencia de género y presentan avances de las investigaciones, anuncian nuevos programas para prevenir la violencia, ensalzan presuntos resultados de su trabajo en el combate a la violencia, etc., como si fuera un trabajo extraordinario, y no fuera parte de sus obligaciones como funcionarios públicos hacerlas todo el año y transparentarlas.

A pesar de las fuertes presiones sociales y mediáticas, la PGJE no ha podido dar respuesta contundente a las exigencias de las feministas y familiares de víctimas, en su lugar, solo ha dado pequeños y aletargados pasos que pintan un largo camino hacia la justicia para los recientes casos de feminicidios.

La violencia de género no es prioridad

El día 11 de marzo, la PGJE convocó a una rueda de prensa con motivo de “importantes detenciones y vinculaciones por hechos de alto impacto”, donde no figuraba el avance de los casos de violencia de género como un tema importante, pese a que por la fecha se enmarcaba justo a unos días después de las manifestaciones con motivo del 8 de marzo.

La rueda de prensa giró en torno al aseguramiento de 9 personas, armas de fuego, vehículos y una casa de seguridad en los municipios de Comondú, La Paz y Los Cabos, los cuales no tienen ninguna relación con los feminicidios en la entidad.

El mensaje que se buscaba implantar en la opinión pública era que la administración encabezada por el gobernador Carlos Mendoza Davis (PAN) tiene como prioridad mantener la seguridad de las familias[1] y que la PGJE “combate con firmeza la impunidad y la delincuencia”; frases como estas fueron repetitivas, algo muy común cuando quienes están en gobierno se encuentran próximos a elecciones y trabajan para que se genere una percepción positiva de sus gestiones como funcionarios públicos.

Tuvo que ser en la sesión de preguntas y respuestas, donde algunos medios de comunicación presentes en la rueda de prensa y sensibles a la violencia de género como tema coyuntural, cuestionaron al procurador Daniel de la Rosa Anaya sobre la cifra de feminicidios, el avance de estas investigaciones, el cumplimiento del protocolo de investigación de este delito con perspectiva de género, y sobre el señalamiento respecto a la incorrecta clasificación de estos como Homicidios.

Reconocen 10 feminicidios en 2020 y 2021

La respuesta ante estos cuestionamientos fue la siguiente:

“Son 7 hechos que traemos del 2020, de esos 7 están resueltas totalmente 5 de esos casos, ya judicializados también, en este caso representa el 80% de las carpetas y los otros 2 restantes van muy avanzados también, para resolverse. Esos son los correspondientes al año pasado, y lo de este año han sido 3, en este caso también se encuentra esclarecido, judicializado y en prisión preventiva el responsable de un caso, los otros dos restantes van muy avanzados. Posiblemente los 5 que traiga pues son la suma de los 2 de diciembre y los 3 de este año, debe ser esa la información, creo. Pero los acontecidos en este año son 3 y los 7 del año pasado. Y con esa resolución que estamos realizando pues, el 80% del año anterior y el caso ya resuelto de este año, eso sería en lo que respecta a esos casos”.

Ante la ininteligible respuesta, podemos descifrar en el mensaje que por fin la PGJE reconoció 7 casos de feminicidio del año pasado y 3 del que está en curso, es decir, 10 feminicidios de 2020 a 2021, a diferencia de las declaraciones hechas semanas atrás donde se señalaba que solo eran 7 en total, y aún en mayor contraste con los 4 que la PGJE ha reportado en este mismo lapso ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

¿Qué consideraciones por parte de la autoridad llevaron a la reclasificación del delito de homicidio a feminicidio en 3 casos más? Probablemente tenga algo que ver la presión social que proviene del movimiento de mujeres y familiares de víctimas de feminicidio que cada vez está más organizado y fuerte. También con una intención de mostrarse sensible y “eficiente” en el marco de una fecha tan significativa como el 8M, y sobre todo, abonar a una percepción de la realidad que muestre a un gobierno activo, como dicen las clases políticas: “preocupado y ocupado” en los casos de violencia de género.

“Casos resueltos” y “cercanía con las familias”

De la Rosa Anaya declaró que el 80% de los 10 feminicidios señalados anteriormente estaban “esclarecidos y judicializados”, y que incluso había una persona en prisión preventiva, y a este caso se refiere como “resuelto”. Sin embargo, esto apenas son avances mínimos para lograr la sentencia condenatoria o absolutoria en contra de los imputados según sea el caso, mientras eso no suceda, se seguirá abonando a la impunidad que he señalado en mis columnas anteriores.

También comentó que la PGJE tenía una gran cercanía con los familiares de las víctimas directas e indirectas de la violencia de género, pero hay que señalar que esta cercanía no sirve si no hay avances en la investigación, si las familias aportan datos de pruebas que no son integrados al caso, si ni siquiera se les permite acceder a las Carpetas de Investigación de sus familiares, y por lo tanto, tienen que acudir constantemente a las instalaciones de la PGJE para presionar y hacer gestiones que puedan agilizar la investigación y la justicia para su familiar.

En su lugar, la PGJE debería ser eficiente y brindar justicia pronta y expedita a las víctimas para que estos únicamente se ocupen de su duelo y de recibir la justicia y el resarcimiento del daño.

Hay un discurso de redención que responde, probablemente a todo menos a una sensibilidad genuina en cuanto a la violencia de género, sino a costes políticos por la temporada electoral y en al movimiento de mujeres que presionan a los funcionarios para hacer lo que deberían de hacer todo el año: avanzar en las investigaciones con perspectiva de género, brindar justicia pronta y expedita a las víctimas directas e indirectas, así como accionar todos los días para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género.


[1] De las familias exclusivamente, y no de los y las ciudadanas, reforzando las instituciones sociales conservadores que caracteriza a la derecha que representa.

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