El director de Obras Públicas del XVI Ayuntamiento de La Paz aceptó ser apoderado legal de Grupo Constructor Terracons SA de CV. Carlos Jordán Juárez admitió su vínculo con la empresa, pero dijo “estar 100% enfocado en el cargo que me confirió el alcalde y estoy enfocado 100% a nada más al tema público, amigo”.

“No ando en lo privado, sin embargo sí soy apoderado legal de la empresa, de momento estoy enfocado en el trabajo todo el trabajo en el Ayuntamiento de La Paz bajo las órdenes del alcalde (Rubén Muñoz Álvarez)”.

Grupo Constructor Terracons SA de CV fue señalada por el ciudadano José Vizcaíno Estrada por daño ambiental, despojo y de no tener permiso de ninguno de los tres niveles de gobierno provechando una laguna legal para construirse en la zona El Cajete, en San Juan de la Costa.

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Vizcaíno Estrada acusó a la Policía Municipal de La Paz de haberlo detenido ilegalmente cuando intentó ingresar al terreno ocupado ahora por la constructora, luego de destruir una franja considerable del ecosistema de dunas.

José desde el domingo 8 de diciembre sembró la duda cuando lanzó la pregunta: “¿Quién realmente puede hacer y mover a su antojo a la policía?”.

“No se ordenó; ese tema es ajeno a mí, ajeno a nosotros, ahora sí que desconozco cuál fue el motivo porque el señor pasó por ese acontecimiento”,

Explicó sobre las acusaciones que existen en torno a su relación con el abuso policial.    

El 26 de marzo de 2018, según la inscripción 201800062510005Q al Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía,  uno de los socios de Grupo Constructor Terracons SA de CVArturo Gómez Urías, otorgaba un poder a Carlos Jordán Juárez. Ocho meses después, el 27 de noviembre de 2018 se convirtió en el titular de la Dirección de Obras Públicas del XVI Ayuntamiento de La Paz. También trabajó durante el periodo de Esthela Ponce Beltrán como parte de la Dirección de Catastro.

Según la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur,  en su artículo 52 estipula:

“Incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, que podría consistir en dinero; valores; bienes muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado; donaciones; servicios; empleos y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte”.

Existe también el Código de Conducta de los Servidores Públicos del Ayuntamiento de La Paz. Dicho marco normativo tenía el objetivo de transparentar a rendición de cuentas en el quehacer administrativo de la función pública. En su artículo 4to, inciso II, expone:

“Es su obligación abstenerse de utilizar el cargo para obtener beneficios personales de tipo económico, privilegios de cualquier tipo, con el fin de beneficiar o perjudicar a terceros, pues de lo contrario estaría afectando la confianza de la sociedad en la administración pública del municipio de La Paz y de sus servidores públicos”.

Para finalizar, el funcionario municipal calificó como “una calumnia” las acusaciones en su contra. Hasta ahora no se sabe si la empresa fue beneficiada, además de la acusación, con algunas obras públicas de la dependencia que conduce u otras instancias ligadas a la municipalidad. Quien deberá investigar en Contraloría Municipal de La Paz.

Actualmente, Grupo Constructor Terracons tiene como clientes principales al Gobierno de Baja California Sur, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, FOVISSSTE, Infonavit, entre otras empresas privadas.

“Por el tema legal no hay ningún problema”,

sostuvo Jordán Juárez.

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