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En plena crisis sanitaria, el Gobierno de México decidió seguir con la consulta pública para la operación de la planta cervecera de Constallation Brands, en Mexicali, Baja California. Desde su anuncio, no agradó la idea tanto a empresarios adheridos a la Coparmex, como aquellos pertenecientes a Mexicali Resiste que han enfrentado ataques del gobierno del panista Kiko Vega que usó el sistema de justicia estatal para criminalizar la protesta con el encierro de León Fierro, una de las caras màs conocidas del movimiento.
El corporativo estadounidense anunció, en 2016, una inversión de 500 millones de dólares para construir la central cervecera en Baja California lo que avivó una serie de movilizaciones ciudadanas que, entre otras cosas, detuvieron en 2017 la propuesta de Ley de Aguas para el Estado de Baja California que permitiría la privatización del agua.
Lo que no lograron detener fue la Ley de Asociaciones Pùblico-Privada (APPA), un instrumento legal que según el Banco Mundial es poco transparente; esto se demostraría con los contratos millonarios que entregó Kiko Vega a empresas para diseñar, construir y operar las plantas desaladoras de Rosarito y San Quintín.
En 2018, los miembros de Mexicali Resiste sufrieron la violencia de los cuerpos de la Policía Municipal de Mexicali, cuando protestaban contra la construcción de un acueducto de la empresa distribuidora y productora de cerveza. Constallations Brands compró los derechos para producir cervezas de la marca de Grupo Modelo, por ello era estratégico colocarse cerca de la frontera con Estados Unidos y México.
Sin duda, la lucha que Mexicali Resiste es muy similar a la que emprendió el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida en Baja California Sur, en 2008/2009 en contra del megaproyecto minero Los Cardones. La defensa del agua y la vida son elementos esenciales dentro de ambos discursos, mientras una compañía quiere el agua para sus procesos de elaboración de cerveza y, la otra, para realizar su procedimiento de lixiviación para extraer minerales.
Con la llegada de Morena al gobierno estatal, y a la federación, un segmento de quienes resisten al corporativo pensaron que Bonilla sería tajante en su decisión de apoyarlos, pero titubeó. Esperaron lo mismo de Andrés Manuel López Obrador, así como pasó en BCS que favoreció a la movilización ciudadana, pero lo único que obtuvieron fue una consulta pública.
#NUESTRAOPINIÒNDEMIERDA
Hoy, la decepción es evidente allá en Mexicali por un ejercicio de participación plagado de irregularidades, posible robo de casillas y acarreó de gente en camiones por parte de la empresa, una estrategia ya muy repetida por los proyectos para simular y manipular el proceso para alcanzar un poco de legitimidad social.