14 organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil y 12 representantes de turismo, pesca y de familias  de las comunidades del Golfo de California alertaron a la ONU sobre la amenaza que representa la expansión de infraestructura de gas fósil -gas natural licuado (GNL)- en el Golfo de California, una región de alta biodiversidad conocida como el “Acuario del Mundo”. Los proyectos propuestos atentan contra el derecho humano a un medio ambiente sano y contribuyen al cambio climático, en contravención de acuerdos internacionales como el Acuerdo de París.

A pesar de que se trata de un sitio único y sensible, empresas extranjeras y mexicanas pretenden la construcción y operación de terminales de licuefacción con fines de exportación en el Golfo de California. La intención de las empresas extranjeras es transportar gas fosil proveniente de la Cuenca Pérmica de Texas en Estados Unidos de América (E.U.A.), mediante gasoductos, licuificarlo y finalmente transportarlo en buques metaneros de gran tamaño impactando el Golfo de California y las actividades económicas de las que dependen las comunidades, para vender el GNL en los mercados de Asia.  

Impacto del GNL en el Cambio Climático

El gas natural está compuesto principalmente por metano (CH₄), un potente gas de efecto invernadero que contribuye significativamente al calentamiento global. Su proceso de extracción, transporte y licuefacción genera emisiones masivas de gases de efecto invernadero (GEI), agravando la crisis climática. Además, la Agencia Internacional de Energía ha señalado que para cumplir con el objetivo de limitar el calentamiento global a 1.5°C, es necesario detener nuevas infraestructuras de combustibles fósiles, incluyendo el GNL.

La expansión del GNL en México convertiría al país en el cuarto exportador mundial de este combustible sin ser productor del mismo, lo que implicaría un incremento sustancial en las emisiones de GEI del país. Los impactos no solo afectarían localmente al ecosistema del Golfo de California, sino que tendrían consecuencias globales al fomentar el uso continuo de combustibles fósiles en mercados internacionales.

  1. Derecho humano a un medio ambiente sano y los impactos en las comunidades costeras.

El Golfo de California es hábitat de miles de especies marinas, incluidas algunas en peligro de extinción como la vaquita marina y diversas especies de ballenas y tortugas. Las comunidades indígenas y pescadoras de la región dependen de estos ecosistemas para su sustento, mediante la pesca y el turismo. La contaminación del aire, agua y la contaminación acústica causada por los buques metaneros y las plantas de licuefacción pondrían en riesgo estos medios de vida.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido el derecho a un medio ambiente sano como un derecho autónomo. Además, el derecho internacional exige que los Estados prevengan daños ambientales que puedan afectar a poblaciones dentro y fuera de sus territorios. La expansión del GNL en el Golfo de California incumple con estas obligaciones, al no garantizar la consulta y participación de las comunidades afectadas, ni evaluar adecuadamente los impactos acumulativos de los proyectos en la biodiversidad y la calidad de vida de la población local.

  1. Conclusión y exigencias a los Estados

Se solicita a los gobiernos de México y Estados Unidos que detengan la expansión del GNL en el Golfo de California y garanticen el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de cambio climático y derechos humanos. Se demanda transparencia en la evaluación de impacto ambiental, la prohibición de proyectos de GNL en ecosistemas frágiles, y la implementación de estrategias de transición energética que prioricen energías limpias y renovables.

El Golfo de California es un patrimonio natural de importancia global, y su protección es esencial tanto para la biodiversidad como para las generaciones presentes y futuras. La comunidad internacional debe exigir que los Estados actúen con responsabilidad, cumplan sus compromisos climáticos y protejan los derechos de las comunidades costeras y su medio ambiente. La Alerta Urgente se envió el 4 de diciembre de 2024 a las Relatoras Especiales de ONU sobre Derechos Humanos en el contexto del Cambio Climático (Elisa Morguera), y del Derecho al Medio Ambiente Sano (Astrid Puentes), quienes han acusado de recibido y mostrado gran interés en el caso.