@alekzaguila
Las estrategias de ‘desarrollo’ que están siendo aplicadas para el impulso de Baja California Sur y sus municipios parecieran salir de cualquier manual de maniobras políticas previas a las elecciones intermedias que se avecinan.
Por un lado, nos encontramos con un gobierno estatal que pareciera preocupado solamente por asegurarse de que cada vez más turistas vengan a visitar los estridentes bares de San Lucas, los hermosos rincones naturales o, los llamados pueblos mágicos -que irónicamente generan un gran hechizo de enriquecimiento a pobladorxs ajenxs a la región, pero no a quienes tienen decenas de años de arraigo al territorio-.
En el primer caso, el municipio de Los Cabos sigue recibiendo una importantísima cantidad de turistas al año, pero sin un plan de manejo de bienes y servicios ambientales que permitan que las actividades que se desenvuelven ahí no sigan impactando de manera negativa y sin acercarse ni medianamente al diseño de una ciudad sustentable. Se siguen abriendo mega complejos hoteleros en la región con mayor estrés hídrico del país, una simple locura; nos enfrentamos con una planta de generación de energía eléctrica que ya no es capaz de producir el wattaje necesario para alimentar a las ciudades, pero no existe un plan para aprovechar el ser el país con mayor potencial fotovoltaico del continente americano.
Asimismo, el turismo que no viene con motivo de visita a estos gigantescos hoteles devoradores de lo que nos ha regalado la naturaleza, existe otro que está alcanzando los lugares más recónditos de la Baja. Sin embargo, debido a que estos sitios no cuentan con la infraestructura necesaria para albergar a visitantes que provoquen bajo impacto ambiental, los operadores turísticos empiezan a desarrollar nuevos modelos de negocios cómo los son los glampings en zonas de amortiguamiento ambiental, que además de los impactos ambientales negativos, son de altísimos costos y raramente son visitados por connacionales.
Finalmente, nos encontramos con los denominados pueblos mágicos que no han llevado más que inseguridad, problemas y gentrificación a muchos de los galardonados asentamientos que hoy desearían no haber recibido la insignia. Caso de ello es Todos Santos, donde te cuentan familias con gran arraigo sobre la prostitución cultural a la que se entregó el pueblo. Se han perdido las dinámicas sociales entre pobladorxs maxicanxs y, siendo todavía peor, ni siquiera se establecieron nuevas por aquellxs extranjerxs que han llegado a apropiarse con dólares de lo que alguna vez fuera un pueblo con una entramada social de alta importancia histórica y cultural. Hoy por hoy, los mexas se juntan entre ellxs en espacios privados, para así darle lugar a extranjerxs que visitan durante la temporada. Y mientras esta ventana comercial no esté abierta por cuestiones climáticas, ni siquiera es común encontrarse a los güeros apropiándose del espacio público que fueron cercando con la compra de propiedades para vivir y mayormente rentar. La semana pasada fue muy claro notar para mí que se trata de un pueblo fantasma durante las noches del caluroso agosto.
Por otro lado, el gobierno municipal de La Paz parece no entender que las formas, son fondo. Claro caso son la red, infraestructura y política ciclista de la ciudad. Yo me muevo en este medio de transporte todos los días, y no hay uno en el que me sienta seguro al estarlo haciendo. Una de la problemática mayúscula es la falta de interés por parte de las autoridades por hacer conciencia en la ciudadanía para la aplicación del artículo 88 del reglamento local de tránsito, el cual nos permite a las personas que circulamos en bicicleta tomar el carril de circulación completo y que los automotores vayan por detrás de nuestro paso.
Asimismo, la recientemente habilitada “ciclovía” en la calle Rangel -que debe decirse no cumple con estándares internacionales ni con el manual de SEDATU– sigue sin ser confinada por bolardos y nos expone a las invasiones de automovilistas irresponsables. Peor aún, al momento de alzar la voz en redes sociales, el coordinador del área de movilidad en la alcaldía, nos recomendó acudir al Ministerio Público para presentar una denuncia por las agresiones que sufrimos debido a que el departamento a su cargo no ha realizado el trabajo mínimo que la ciclovía requiere. Sin embargo, ya empezaron los trabajos para la operación de un sistema de bicicletas sin anclajes que pondrán en riesgo a habitantes y turistas de la ciudad al no haber una policía vial y un plan integral que vele por la seguridad de quienes pedaleamos.
Asimismo, diversas vertientes de información apuntan a que la presente administración desea realizar alguna obra de importancia en el barrio El Manglito. Circula entre el gremio de arquitectxs un plano para construir un centro comercial en donde se alberga el edificio histórico que alguna vez se utilizó para el correo postal; mientras que otras voces apuntan a que ahí se quiere llevar a cabo la edificación de los museos de la ballena y de la concha. Sin embargo, al preguntar a lxs habitantes del barrio, aseguran que no han sido consultados por la alcaldía para conocer su opinión respecto a un proyecto que podría traer graves problemas de desplazamiento y gentrificación a la zona.
Otro claro ejemplo es la problemática en el Cárcamo del Esterito que da servicio a la red de agua potable del organismo operador, donde el titular de la institución solo ha titubeado al tratar de abordar un asunto de interés y salud pública en que no se quiere afectar a un ente privado y solo ha mencionado posibles soluciones técnicas -que desde quienes entendemos la ingeniería ambiental pareciera otra de estas meras ocurrencias-, pero amparándose en el mal actuar de administraciones anteriores.
Así pues, vemos dos gobiernos antagónicos que ejecutan acciones desarticuladas para subirse en el tren del desarrollo y de la toma de fotografías para pretender homologar acciones que se hacen en primer mundo, sin entender que la base social y la vox populi deben ser tomadas en cuenta para el desarrollo de proyectos que realmente impacten de manera positiva y transformen la realidad de las personas que son más afectadas por la política pública actual. Necesitamos quienes realmente estén dispuestxs a correr el riesgo de no ser un proyecto electorero, sino uno de solución de fondo.
Fotografía de Leonardo Casanorte