@alekzaguila

Los recientes proyectos impulsados por gobiernos de niveles municipal y estatal nos dejan en claro la falta de visión por generar un cambio positivo en la sociedad y el manejo del territorio. Paralelamente a esto, han intentado colocar el discurso de que La Paz y Baja California Sur son una capital y estado sustentables, de vanguardia y desarrollo -puesto que no se dan bolsas de plástico en súpermercados y se instalan placas solares en el ayuntamiento-. Sin embargo, la realidad no podría estar más alejada de ello.

En recientes semanas se supo del interés que tiene la cadena turística Hampton Inn -parte del grupo Hilton- en instalar un hotel de 133 habitaciones en un edificio de 40 metros de altura. De entrada, esta medida incumple con el máximo establecido por el Plan de Desarrollo Urbano de La Paz que dicta un límite de 24. Sin embargo, el Estudio Justificativo del proyecto dice textualmente en su Objetivo General: “Presentar información suficiente para corroborar que la zona donde se pretende construir el proyecto, está suficientemente impactada por construcciones similares tanto físicas como a su destino comercial”. ¿Qué descaro hay que tener para que las autoridades que empujan la autorización de esta propuesta, se sustenten en que ya hay suficiente infraestructura quebrantando la ley y, que por eso es legítimo seguir haciéndolo? Además de que en la materia de movilidad y servicios públicos no mencionan la metodología para dictaminar como “prácticamente nulas” las afectaciones al tránsito, la recolección de residuos, el abasto de agua o las dinámicas sociales.

Asimismo, en el barrio El Manglito -el asentamiento ocupado por familias de pescadores más importante en la ciudad- se pueden observar las obras que ya avanzan en preparar el terreno para la llegada del desarrollo Al Mar Residencial, mismo que ha sido abanderado por ambos órdenes de gobierno y que presentan como insignia del falso desarrollo que ha llegado al estado sudcaliforniano. Se trata de un proyecto ubicado en una de las pocas franjas de amortiguamiento que hay en un sitio Ramsar cuya importancia es estratégica para la biodiversidad de la Bahía de La Paz y que, de acuerdo a la experiencia probada, traerá una problemática socioambiental no solo con los ecosistemas marinos, sino también con vecinas y vecinos que habitan la zona circundante a este complejo y con el que no están de acuerdo ni han sido consultados sobre el mismo; además del cual sienten el temor al despojo cuando las voraces manos de las inmobiliarias descubran el paraíso natural de esta privilegiada zona que a varias generaciones les ha otorgado sustento.

Imaginemos la distopía del año 2026. Para ese entonces no será cierto que estas actividades hayan repuntado las tasas de empleo en la ciudad; por el contrario, llegarán nuevas familias para ocupar estos puestos de trabajo -tal y como sucede en Los Cabos– que necesitan de casas para vivir, escuelas en donde estudiar, hospitales para atender su salud, transporte público para moverles y corporaciones que garanticen su seguridad; todo esto, a la vez en que la marginación hacia la actual población que no está capacitada para hacerse de estos empleos será cada vez mayor y más violenta. Para ese año, habrá todavía mayor desorden en los trazos de la ciudad, más invasión de terrenos, incremento en el tráfico motorizado y peor funcionamiento de los servicios de primer nivel.

Sin embargo, el sello turístico no es el único en el cual se ha demostrado la incompetencia de estos gobiernos para la aplicación de proyectos estratégicos y eficientes. Desde hace semanas hemos visto los cierres viales en el primer cuadro de la ciudad debido a la instalación de cruces de cemento hidráulico, mientras que los tramos de vialidad se dejan sin atender y siguen deteriorando el paso de bicicletas, unidades del transporte público,  autos particulares, y ni mencionar el intentar caminar por las “banquetas” de la ciudad. Sin embargo, por su puesto que hablar de un gran número de intervenciones en estos cruces, no es lo mismo que la mención de un bajo número de calles rehabilitadas y humanizadas. Nos volvemos a encontrar con la estrategia electorera que al final deja a la ciudadanía como el último eslabón de la cadena del beneficio en la inversión de recursos provenientes de nuestros propios bolsillos.

¿Y qué decir de la puesta en marcha de la planta desaladora y contaminante para aumentar la dotación de agua para los proyectos extractivistas? Nos encontramos con un parche de mil millones de pesos que no pretende solventar el problema desde las raíces: fugas y mala recaudación. De acuerdo a una solicitud de acceso a la información, sé que de enero del 2018, a septiembre del 2019; se invirtieron solamente $3,369,343 en reparación de fugas de la red de distribución; que es donde se focaliza el 40% del problema de agua en La Paz. 

Si tomamos en cuenta la baja inversión para la magnitud del verdadero problema en la distribución del agua -pues supongamos  los resultados que traería invertir solamente el 20% de esos mil mdp que cuesta la desaladora a eliminar fugas-, así como la populista y frívola decisión de generar numeralia en materia de infraestructura; quedan muy mal parados el gobernador Carlos Mendoza y el alcalde Rubén Muñoz en la máxima de la eficiencia de recursos en la política pública: el Principio de Pareto; mismo que nos dice que atender el 20% de las causas, impactaría benéficamente en el 80% de los efectos negativos. Pero no, quienes dirigen a Baja California Sur y su capital están ya en la carrera política de las elecciones del 2021 y de hoy hasta entonces quedaremos bajo este fuego mediático cruzado que busca impulsar colores a través de la obra y el gasto público, pero no el beneficio de la población misma.

Y así, a 124 años de que Vilfredo Pareto haya establecido este concepto sobre eficiencia, vemos que para los tomadores de decisiones esto no tiene importancia más allá de la negligencia, el doble discurso y el interés personal; siendo eso el sello de su paso por la administración pública y no la búsqueda de la justicia social, el verdadero desarrollo sostenible y la cohesión comunitaria.

Afortunadamente, ellos se van; y nosotras, las personas de a pie, nos quedamos.

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  • Sin temor a equivocarme, tanto la Administración municipal, como el actual Gobierno estatal serán considerados como los más ineficaces y alejados de la población en la historia de Baja California Sur…