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Los Cabos es bisnes. Los Cabos huele a billete verde, billete que circula en un edén para desarrolladores inmobiliarios, hoteleros y spring breakers. Tiene un olor a sexo y drogas duras. Por el turismo violan leyes, por el turismo, se mercantilizan mujeres, niñas y niños. Por el turismo se compran políticos. Tanto el Gobierno de Baja California Sur como el Ayuntamiento de La Paz o Los Cabos, son agencias que representan a los megadesarrolladores.

Los negocios ahí prosperan de manera legal o ilegalmente, y el sueño de muchos mexicanos del centro del país se alimenta del aparente crecimiento económico, una especie de sueño americano, pero a la mexicana. La playa es money. Cada metro cuadrado vale, pero al inversionista hay que darle las facilidades, y cuando hablo de facilidades es darle todas, venderle más barato para que no le pierdan.

La Paz, ¿el próximo Cabos San Locos? Es una frase que lleva en ella toda la (i)legalidad de un territorio como Los Cabos: la tierra del ocio. La pregunta la hizo un ciudadano en uno de los diarios más leídos en la ciudad. Eso rápidamente llamó nuestra atención, porque tiene razón: La Paz es una zona de sacrificio en pos del turismo. En pos del inversionista. Se usarán las instituciones, la “legalidad” para justificar un terreno a un precio menor, como lo hizo el alcalde Rubén Muñoz, el agente inmobiliario por excelencia de Grupo Questro o Fortem Capiltal o, simplemente, de la familia Sánchez Navarro.

Muñoz Álvarez vendió en 13 millones de pesos, en vez de 32 millones de pesos que debió pagar el desarrollador, justificando que el dinero será usado para obra social en el Manglito. Se creará una comisión de vigilancia del dinero con los vecinos, siendo que miembros de la colonia ya denunciaron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) lo que significó la decisión. Eso sí, celebrada por los 12 regidores, como lo hicieron aquellos munícipes que se vendieron a la mina Los Cardones, en tiempos de la priísta Esthela Ponce Beltrán y de su sucesor Francisco Monroy.

Cada paso que dan nuestros “representantes”, va encaminado a favorecer a los grandes capitales. Cada instrumento de ordenamiento territorial lleva consigo el estigma del crecimiento económico, sí, pero para ese grupo selecto que miran las costas como sitios para lotificar y con gran plusvalía. No ven un sitio en el que por décadas han vivido familias, con tradiciones, con costumbres muy distintas a los hombres del dinero y los trajes caros, esos hombres idolatrados por políticos pequeños que se doblegan a las órdenes del señorío turístico.

Administración Portuaria Integral (API) de BCS, conducida por Jaime Soto, es otro ejemplo de cómo las instituciones gubernamentales trabajan para las empresas. Proyectaron una marina y un inmueble, supuestamente, para apoyar a los pescadores de El Manglito. Sin embargo, el trasfondo va más lejos. La carretera cuatro carriles que realiza la SCT no es para que nosotros nos movilicemos mejor. No. El asunto es conectar a los megaproyectos de Pichilingue, y zonas aledañas, con la megaplanta de luz privada también impulsada por API o el nuevo muelle para cruceros gigantes.

#NUESTRAOPINIÓNDEMIERDA creemos que en BCS son pocos o pocas quienes pueden llamarse servidor público. Actualmente, en el poder están una bola de personajes más preocupados por el dinero, porque creen que la elección la ganarán al ser aprobados por su millonario favorito. El padrino o la madrina que lo bendecirá la próxima campaña.

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