Vicdrian Trujillo Muñoz

El objetivo de la presente reflexión no es abrir un debate sobre el tema del Feminismo sino analizar la manipulación que se ejerce con temas socialmente sensibles para beneficio de insensibles intereses personales o de grupo.

Si observamos el debate público actual, podríamos pensar que el advenimiento de la 4T produjo el milagro de convertir en feministas a los sectores más reaccionarios de las derechas nacionales, pero esto solo es un lindo equívoco. Quizá se peque de esquemático afirmando que la derecha jamás ha sido feminista, ni lo será; pero tampoco es necesario un estudio antropológico para demostrarlo; de hecho, el posicionamiento reacio con respecto al Feminismo es uno de los factores que definen a la derecha.

Hay excepciones, cierto, como una que parece confirmar la regla: en Francia, entre 1974 y 1976, en un problemático contexto de salud pública, generado por políticas prohibicionistas que empujan hacia la insalubre clandestinidad, Simone Veil, ministra de salud durante el gobierno de Giscard D´Estaing (derecha), hizo pasar en el congreso la “Ley Veil” que despenalizaba el aborto y otra ley que garantizaba a las mujeres el acceso a anticonceptivos. Veinticinco años después, en el México del año 2000, ninguna diputada de Acción Nacional en la ALDF votó a favor de la “Ley Robles”. Efectivamente, hay excepciones, son raras, y ocurren en otras latitudes.

Para la derecha en general, el feminismo es un asunto político, no ideológico; lo puede usar en coyunturas, pero no forma parte de su acervo de virtudes, ni será inspiración de políticas públicas en su ejercicio del poder, a menos que una coyuntura social le obligue a ello. Hoy en día vivimos una de esas coyunturas en las que, en medio de una ebullición del feminismo a nivel global, la oposición de derecha nacional usa el activismo de ciertos grupos feministas radicales como herramienta de golpeteo político y alienta desde los medios de comunicación con su tradicional retórica de confrontación. El asunto va mucho más lejos al comprobarse el patrocinio o financiamiento de estos movimientos por parte de ciertos grupos económicos opositores a un régimen que, paradójica e históricamente, es el que más ha practicado la inclusión y la equidad de género tanto en su organigrama como en sus políticas públicas y redistributivas. 

En esa modulación de la estridencia mediática que se ejerce desde medios de comunicación tradicionales para exacerbar, minimizar u ocultar temas en el debate nacional, no dejan de ser interesantes los distintos tratamientos que se dan, dependiendo de las necesidades políticas e, incluso,  judiciales. Tomemos dos casos recientes que retratan con claridad el  “feminismo” a conveniencia que se practica desde la derecha opositora. El primer caso es el de la exsecretaria del gobierno de Peña Nieto, Rosario Robles Berlanga, acusada y detenida por su presunta participación en la conocida “estafa maestra”. El fraude ocurrió y fue implementado por un entramado de políticos de alto rango entre los que la única mujer es la exsecretaria, siendo ella a su vez la única participante encarcelada por tal motivo. Lleva más de un año detenida y no se avizora a corto término la detención de otro participante, ni se le otorga a ella el trato preferencial (criterio de oportunidad) que se les ha dado a subalternos suyos también implicados. Ante esta lectura, que por supuesto omite detalles cruciales para el entendimiento del asunto, hasta el ser más poco perspicaz pensaría que se trata de una venganza o un asunto de  violencia política de género, ambas posibilidades siendo grandes oportunidades para el golpeteo. Sin embargo, la derecha ha ignorado este asunto por razones meramente de grupo pues, de presionar para que la investigación lleve a nuevas detenciones y así diluir la impresión de venganza o asunto de género, comprometería judicialmente a prominentes “compañeros ideológicos”. En este caso nadie exige “romper pactos”, ni siquiera las feministas radicales. Nadie defenderá tampoco a la abogada fiscalista encargada de la investigación de la “estafa maestra”, cesada de su trabajo por el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, para bloquear las averiguaciones del entuerto.

El segundo caso es el de Félix Salgado Macedonio, candidato por Morena a la gubernatura del Estado de Guerrero, quien con varias acusaciones de acoso y abuso, pero sin ninguna resolución emitida por juez alguno, ha desatado una tormenta mediática que ha desembocado en agresiones físicas del movimiento a la casa del candidato, la anulación y reposición del proceso de selección de perfiles en el partido y la insólita exigencia al Ejecutivo Federal de romper el “pacto patriarcal”. El tratamiento mediático ha sido de una estridencia remarcable; estridencia a la que no recurren en la reciente reapertura del caso Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre o en el de Andrés Roemer. Salgado Macedonio ha sido juzgado sumaria y  mediáticamente y “tiene que abandonar la carrera electoral” por demandas que duermen el sueño de los justos en los archivos de la Fiscalía de Guerrero desde 2017 y que recientemente fueron “revividas”; apreciando en lo que vale la oportuna casualidad.

No es el objetivo ni el lugar para   juzgar o exonerar a ninguno de los dos personajes, sino analizar el tratamiento mediático dado a cada caso. En el ejemplo de la exsecretaria, ignoran la posibilidad de que sea una venganza o asunto de violencia política de género porque ahondar en el entuerto y ya no gozar de la impunidad que gozaban, los puede afectar directamente como grupo.  Bienvenido el “pacto patriarcal”. En el segundo caso, al no ser afectados por las pesquisas y poder obtener un posible beneficio electoral, pasan por arriba de cualquier formalidad jurídica y respeto por la independencia de poderes y autonomías, hacen juicio sumario  y exigen al ejecutivo federal “romper el pacto patriarcal” en un asunto que ni siquiera está en el ámbito de su facultades sino en el del Poder Judicial.

Por último; es digno de mención el tratamiento dado a la valla de protección colocada en Palacio Nacional por el gobierno de la CDMX. Desde hace años se tapian edificios públicos y privados, así como monumentos históricos, para protegerlos de los actos vandálicos de grupos radicales durante las manifestaciones. Literalmente, con Peña y Calderón, Palacio Nacional estuvo amurallado durante ambos sexenios y jamás dijeron algo al respecto. Hoy, con miras a la conmemoración del 8M y ante la previsible participación de grupos radicales (como ha ocurrido en años anteriores) y la necesidad de exacerbar los eventos,   la misma valla cobra una dimensión especial y el cacareo y estridencia mediática la sugieren como “el símbolo del miedo y la caída del régimen por la incomprensión que ha mostrado ante el drama de las mujeres”… Así de serios.

(VATM.07032021SJD.BCS)

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