La diputada Paz Ochoa Amador demandó un trato igualitario y justo para los pescadores ribereños de las comunidades de Baja California Sur, máxime cuando atraviesan una serie de dificultades para obtener permisos y son los más afectados en la aplicación de la ley.
La diputada, representante de los municipios de Loreto y Mulegé dijo que los trámites para obtener permisos de pesca «no son nada accesibles», sino exorbitantes, y cientos de pescadores y sus familias viven de esta actividad.
En un pronunciamiento llamó a la CONAPESCA y a las dependencias del ramo para que propicien acercamientos y mesas técnicas en los municipios a fin de que los pescadores ribereños puedan acceder a los permisos para llevar a cabo su trabajo con licitud.
Advirtió la sobreexplotación de los litorales, la impunidad y la corrupción que subsisten ante esa actividad, o también por los interminables obstáculos burocráticos.
Sacó a colación la detención de un par de pescadores en el municipio de Loreto, donde FONMAR y CONAPESCA unieron esfuerzos, para incautar una hielera y diferentes artes de pesca, «gran logro sugiere ser el detener a estas personas e incautarles una hielera con algunos kilos de productos del mar, mientras grandes embarcaciones de otros estados como Sinaloa, Sonora y Nayarit, incluso de otros países, con artes de pesca totalmente depredatorias y prohibidas por la ley, no sólo explotan de manera indiscriminada nuestros recursos naturales, sino que se fondean sin ningún pudor frente a nuestras costas, con la tranquilidad de saber que las autoridades no harán nada», afirmó.