De acuerdo con los datos más actualizados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la administración de Carlos Mendoza Davis tiene pendientes por aclarar un total de 1 mil 432 millones de pesos en distintos pliegos de observaciones y aclaraciones realizadas a los cinco años de su ejercicio.

La ASF mantiene como en proceso de aclaración hasta acciones entre observaciones, aclaraciones y acciones de sanción que ha emitido al gasto federalizado del Gobierno del Estado las cuales aún se encuentran “en seguimiento”; es decir, su procedimiento aún no concluye y el Estado.

El gobierno de Carlos Mendoza que debe entregar la administración de las arcas del estado en septiembre aún debe documentar 49 recomendaciones, 6 solicitudes de aclaración, 30 pliegos de observaciones y un total de 35 informes de presunta responsabilidad administrativa, así como 2 fincamientos de responsabilidad resarcitoria, estos últimos al ejercicio fiscal 2015.

Estas acciones emanan de 49 auditorías realizadas entre 2015 y 2019 sólo al Gobierno del Estado y suman 1 mil 432 millones de pesos en observaciones por recuperar o aclarar que pudieran representar un daño a la Hacienda Pública.

Sobresale el de la auditoría 1475 al ejercicio 2019 donde se presume daño por un monto de 111.2  millones de pesos, más los intereses. Esto por pagar con recursos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación las Cuotas del Sistema de Ahorro para el Retiro, Cesantía y Vejez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) correspondientes a los bimestres del ejercicio fiscal 2008, que carecieron de autorización por parte de la Secretaría de Educación Pública, en incumplimiento de los Lineamientos específicos para el ejercicio, aplicación y comprobación de los apoyos otorgados a Entidades Federativas.

Este es uno de los pagos del “adeudo histórico” del ISSSTE, que al parecer se está pagando con recursos federales y no con aportaciones de los trabajadores o recursos propios.

En la auditoría 573 se presume daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 115.7 millones de pesos, más los intereses generados, por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAEF) a los que el Gobierno del Estado debe aún demostrar la aplicación en los objetivos de dicho fondo.

La auditoría 568 pide al Gobierno del Estado aclare y proporcione la documentación comprobatoria de 21.5 millones de pesos asignados en el Presupuesto de Egresos del estado de Baja California Sur para el ejercicio fiscal del año 2018, para atender a la población afectada y daños causados a la infraestructura pública estatal por desastres naturales de los cuales no presentó información de su administración y aplicación.