El gobernador Víctor Castro Cosío devolvió al Congreso del Estado el decreto 2789 con observaciones que, pide, sean atendidas por la legislatura.

En el decreto en cuestión se reforma el artículo 8 de la Ley de Catastro para los Municipios del Estado de Baja California Sur. Por cierto, la reforma fue aprobada fast track el pasado 5 de octubre de 2021, que a la letra dice sin su correspondiente análisis por las comisiones correspondientes.

 “Los ayuntamientos de los municipios podrán presentar ante el Congreso del Estado sus propuestas de tablas de valores unitarios de suelo, construcciones y vialidades especiales, que servirán de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria”, propone la reforma 

El documento signado por Castro Cosío hace la observación que dicha reforma es contraria artículo 115 que indica la autonomía municipal fracción y que en su párrafo IV, inciso C, párrafo tercero que dice que son los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, los que propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y contribuciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

La iniciativa original, propuesta por el diputado del PT, Luis Armando Díaz fue aprobada sin su análisis correspondiente.

La justificación esgrimida en su momento por los diputados fue la premura del tiempo, debido a que la ley señala que el Congreso del Estado debe aprobar la actualización de tablas catastrales en la primera quincena del mes de noviembre. 

Díaz, argumentó también que en los términos de la ley anterior, se trastoca el artículo 115 Constitucional, además de que en la fórmula del reparto de los recursos, a los municipios solo se les asigna como máximo 25 centavos de cada peso.

La idea, dijo, es reforzar a los municipios para que hagan frente a los servicios, la infraestructura y las obras públicas que por obligación les corresponden a los Ayuntamientos.

Al parecer, tanto la ley reformada, como en su estado original, son contrarios al dictado constitucional, por lo que la reforma requerirá ulterior tratamiento durante la actual legislatura.