Aunque Carlos Mendoza dijo que "hay que ser firmes para vivir dentro de la ley", lo cierto es que lo hace cuando le conviene.

Ni bien aprobaron el proyecto de la desaladora para Los Cabos, el gobernador Carlos Mendoza Davis inmediatamente lanzó un video en el que firmaba el decreto para publicarse en el Boletín Oficial de BCS. Sin embargo, el mandatario estatal continuó hasta ahora sin depositarle, pese auna orden directa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al representante de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Este es otro juicio. Uno en el que el Gobierno de Baja California Sur no fue resuelto a su favor como ocurrió en la reinstalación del grupo de los 8 (PAN, PRS, PRD, Humanista y PES). Aquí el representante del Poder Ejecutivo Estatal consiguió la reinstalación mediante una controversia constitucional, un fallo dictado por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California Sur.

En la controversia 123/2020, la SCJN reconoció al nuevo auditor superior, Julián Galindo Hernández, nombramiento dado por la mayoría legislativa de Morena, grupo a quien se negaba a reconocer. Les negó por unos meses el pago a 13 representantes legislativos, depositando en cuentas de sus diputados. Lo mismo pasó con auditor. La Secretaría de Finanzas, dirigida por Isidro Jordán Moyrón, siguió pagándole como auditor a Julio César López Márquez, desobedeciendo la orden de la justicia federal.

Las acciones del Poder Ejecutivo difieren con sus palabras, porque en una entrevista dijo estar dispuesto a ser auditado por el Poder Legislativo, en cualquiera de las obras desarrolladas durante su gestión. No obstante, observamos cómo la Auditoría quedó sin un presupuesto para operar.

“Por tanto, el gobernador no cumplió con la suspensión de la corte de la semana pasada. Las suspensiones las debe acatar, pero el Poder Ejecutivo no acata ninguna suspensión”, explicó el diputado Humberto Arce a El Independiente.

Entonces, uno de los posibles candidatos a gobernador por el PAN, cayó en desacato porque el resolutivo obligaba a no “retener, interrumpir, afectar o suspender la entrega de los recursos que del presupuesto corresponden al Congreso del Estado de BCS, entre ellos, los que debe entregar a la Auditoría Superior como órgano técnico de fiscalización, hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto, debiendo ministrarlos a partir de esta fecha”.

En varias ocasiones Mendoa Davis advirtió a los y a las diputadas de Morena y PT, que si no cumplían con las órdenes de la SCJN, cada que ganaba alguna suspensión, cometerían un delito.

“Y el desacato no es una definición de una conducta, es un delito tipificado y previsto en la Ley de Amparo y van a tener que hacerle frente a las consecuencias de lo que hicieron las y los diputados de Morena y PT que dieron paso a este asunto”.

Justo por eso, el grupo parlamentario mayoritario tuvo que obedecer la suspensión del juicio político 02/2020, luego de una ampliación interpuesta por Mendoza Davis. Les dieron un plazo de 24 horas o la destitución mediante una orden de un juez contra la mayoría se llevaría a cabo. Algunos consideraron esto una intromisión entre poderes.

“Probamos que la sensatez sirve a las personas. Que la ley no se puede romper. Que el Estado de derecho tarde o temprano prevalece. Que la cooperación entre niveles de gobierno y entre poderes funciona. Que cuando con responsabilidad y solidaridad cada quien hace lo que le toca, las cosas suceden y los problemas se pueden resolver.”

Agregar comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *