El diputado de Morena, Marcelo Armenta, tomó la tribuna del Congreso del Estado de Baja California Sur para pronunciarse contra el aparentemente entorpecimiento en dos investigaciones de homicidio y una por feminicidio en Guerrero Negro.

El legislador mencionó en tribuna los casos de Emmanuel Aguilar Montoya, Aolanis Sánchez Lucero y el más reciente de Gerardo Martínez García, que murieron en condiciones violentas en la comunidad salinera y cuyas investigaciones dos de ellas hace ya más de una año, no han sido resueltas por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Emmanuel Aguilar era un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien en ocasiones viajaba de noche hasta Vizcaíno, poblado en el que se encuentra una central de la paraestatal. 

El 20 de enero de 2020, tuvo la mala suerte de toparse con unos estatales cuando iba a su trabajo. No está claro qué pasó, pero hubo una persecución y varias personas en Guerrero Negro se percataron porque comenzaron a disparar los agentes. Testigos dijeron ver involucrados a elementos de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Otro caso también con un año de retraso en sus investigaciones, es el de Aolanis Sánchez, empleada,estudiante universitaria y madre de dos hijos, a quien su agresor le arrebató la vida , en un hecho descrito por el diputado como “indignante cruel y despiadado”. La PGJE revictimizó a la mujer y no se investiga como feminicidio, según comentó su madre. 

Aolanis fue asesinada con tres tiros en la cara mientras sostenía a su hijo de once meses. “A la madre de Aolanis los agentes le dijeron que a su hija le pasó eso porque tenía relación con personas que se dedicaban a la delincuencia”.  

El más reciente es el caso de Gerardo, quien fue entregado ileso a las autoridades después de participar en una riña la noche del 31 de diciembre pasado y fue encontrado sin vida el primero de enero dentro de una celda en la comandancia policial de Guerrero Negro.

Seis elementos de la policía municipal han sido separados de su cargo, pero ninguno enfrenta cargos, aún, por los hechos mientras, la información de su fallecimiento fue ocultada por 48 horas a los padres del joven y el cuerpo de Gerardo les fue negado hasta el 22 de enero.

Los hechos fueron expuestos por los padres y familiares de cada una de las víctimas ante el Gobernador del Estado la semana pasada cuando visitó la comunidad al norte del territorio sudcaliforniano y fue encarado públicamente por los deudos. “No tengo conocimiento de cada caso que sucede en el estado” dijo, entonces, el mandatario.

El diputado acusó que los funcionarios estatales enviaron los tres expedientes con la investigación, a la capital del estado y se ha ocultado información a los familiares de las víctimas.

“De confirmarse cada uno de los señalamientos de los señalamientos de los familiares de Emmanuel, Aolanis y Gerardo, podría sostenerse que el gobierno de Carlos Mendoza Davis impide sistemáticamente el acceso a una justicia pronta y expedita a favor de sus familiares, quienes no han recibido respuestas serias y a la altura de cada una de las circunstancias”,

indicó el diputado Armenta.

El legislador finalizó diciendo que “han sufrido atropellos a sus derechos como partes ofendidas, obligándoles a contratar servicios profesionales que les generen más confianza que los trabajadores del gobernador”.

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