La Organisma

Sin duda la procuraduría de justicia es el talón de Aquiles de los gobiernos estatales. Lo fue con Narciso Agúndez Montaño con los abusos cometidos por algunos funcionarios. Lo fue con Marcos Covarrubias y la escalada violencia y también lo es para Carlos Mendoza Davis que, si bien detuvo la violencia heredada por su predecesor, inicia con él un periodo oscuro en #BCS con el fenómeno de las desaparecidas.

En el caso de los feminicidios son otro asunto que parece no saber cómo manejar. Tardó tiempo en reconocerlos en el Código Penal, pese a tener mayoría en el congreso cuando recién entró Mendoza. Fue hasta 2019 que un congreso en contra que se logró la tipificación. Sin embargo, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) insiste en no reconocer el Protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio con Perspectiva de Género en algunos casos de feminicidio.

Hoy los medios de comunicación hablan del cuerpo de Annel, una joven de 24 años que debería estar celebrando el cierre de semestre. Para la procuraduría solo fue un asesinato más. Una carpeta que engordará el altero de pendientes a investigar del gobierno de Baja California Sur. Insisten en catalogarlo como un homicidio doloso.

Debemos entender que el feminicidio es la violencia máxima contra la mujer. La tipificación derivó de las desapariciones y asesinatos masivos en Ciudad Juárez en los noventas. En México se tipificó en 2012 en el Código Federal. Desde entonces los gobiernos estatales debieron homologar el delito, pero eso no sucedió con el gobierno Covarrubias Villaseñor y Mendoza Davis muy a regañadientes obedeció.

La joven ahora será una estadística. Un número frío en las gráficas del “Mejor Futuro” que nos han querido vender mediante publicidad y marketing en redes sociales. Annel ya no será la muchacha atraída por la fama de Los Cabos.

Reconocer el feminicidio es aceptar la histórica opresión de la mujer porque visibiliza la violencia que se ejerce contra ella por parte del hombre. Categorizarlo así quita el velo del patriarcado para mirar la violencia naturalizada contra la mujer, el abuso de poder que ejerce el hombre sobre la mujer donde la última expresión de odio es el feminidicidio.

#ENNUESTRAOPINIÓNDEMIERDA creemos que, al no nombrarlo, al no tipificarlo por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), legitima y justifica el ‘merecimiento’ como escribió Karina Espinoza para Cultura Colectiva. Se supone que el gobierno estatal debe brindar seguridad a la ciudadanía. A las mujeres que desaparecen o encontradas con signos de violencia.

El tardío y lento actuar de los dos gobiernos panistas en la tipificación de este delito denota desinterés por abonar a reconocer la violencia feminicida. La violencia patriarcal ejercida incluso desde las mismas instituciones que se supone deben protegernos.

¿Cuántas más tienen que morir para que la justicia deje de ser una simulación en Baja California Sur?