Que se aplique en los sueldos, en profesionalizar y dotar de equipo a las instituciones: Montoya terrazas

El Congreso del Estado de Baja California Sur exhortó a Ejecutivo del Estado de Baja California Sur para que autorice los recursos necesarios y de cumplimento al Modelo Optimo de la Función Policial y al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica; a la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del Estado y se trabaje en exhaustiva coordinación con las direcciones de seguridad pública municipales.

La diputada Gabriela Montoya Terrazas expuso la necesidad de replicar en nuestro estado el modelo nacional y que realmente se aplique también en los sueldos, en profesionalizar y dotar de equipo a las instituciones.

“Debemos de seguir las políticas y estrategias a las que las instituciones están comprometidas, esto requiere diseño y planificación de una estrategia coordinada, se trata de construir instituciones organizadas y profesionales, hagamos nuestro el tema de seguridad, impulsemos su fortalecimiento, nos lo agradecerán nuestros hijos y generaciones futuras”

Señaló que el gobierno tiene que atender, investigar y sancionar los delitos, en referencia al registro de 6,860 delitos de tipo patrimonial del cual 892 son robos a casa habitación, en los que en 74 de estos casos hubo uso de violencia según el cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública durante el periodo comprendido del primero de enero al 31 de octubre del presente año.

 Prácticamente todos los robos a transeúntes fueron con violencia: 112 de 138; además se registraron 674 delitos contra la libertad sexual, 2928 contra la familia, denunciados oficialmente de enero a octubre.

Afirmó que  «el tacto y sensibilización es fundamental para crear el vínculo de confianza entre el ciudadano y la autoridad».

Recordó que en 2016 inició la operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Baja California Sur en materia del fuero común, y con ello la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, cinco años ya desde su entrada en operación, y se ha hecho cumplir dos de las funciones más fundamentales para trabajar en contra del rezago e impunidad.