Luego de anunciar su programa de austeridad, el mandatario estatal Víctor Castro Cosío dio a conocer el dispendio durante el gobierno pasado. 

Entre las acusaciones resaltó la renta de una residencia porfiriana amueblada con lujos a solo cinco cuadras del Ángel de la Independencia que fue la sede de las oficinas del Gobierno el Estado durante la administración del exgobernador Carlos Mendoza Davis, en la cual, se pudo haber gastado más de un millón de pesos al año a cargo del erario público. 

Las oficinas de lujo con domicilio en Río Amazonas #22, casi esquina con Río Pánuco, en la colonia Cuauhtémoc a tan solo 5 cuadras del Ángel de la Independencia en la capital del país, están actualmente en renta.

Tan solo en 2019 la renta del inmueble de 108 metros cuadrados, según consta en la copia del contrato, costó un millón 89 mil 600 pesos.

“Las oficinas del gobierno de Baja California Sur que tiene en la Ciudad de México, que de vez en cuando van los funcionarios a hacer reuniones, tienen una casa allá de oficinas donde pagaban de renta 100 mil pesos mensuales, no es posible, ¿cuántos carros tienen ahí? Dos ‘Suburban’, una blindada, una camioneta de otro modelo, del año y dos carros chicos, careciendo aquí algunas áreas de automóviles y allá hay cinco para mover, se acaba eso, […] y los estudiantes de [la Casa del Estudiante de la] Ciudad de México, padeciendo”, expresó el gobernador del estado en conferencia de prensa reciente, donde además, dijo que aún se deben dos meses de renta en el inmueble.

Solo durante un año, la oficina de representación del Gobierno de Baja California Sur, costó a los sudcalifornianos cada mes 90 mil 800 pesos por el pago de renta y servicios para la sede de la oficina de representación.

La citada residencia se ofrece hoy en día a la renta para quien busque “trabajar en una residencia porfiriana de arquitectura francesa construida en la colonia Cuauhtémoc de la Ciudad de México a finales del siglo XIX”.

Se renta como “oficinas de lujo” y cuenta con todo lo necesario para realizar actividades de representación oficial en el epicentro de la alta política mexicana con varias salas de juntas, terrazas, una cocina totalmente equipada, varias oficinas, todas amuebladas con gran lujo, estacionamiento privado y servicios de seguridad.

Una búsqueda simple permite identificar que solo la sala donde se aloja el escudo de armas del Estado de Baja California Sur puede uno descansar a sus anchas en una sala tipo “Chesterfield club” de piel con un valor en el mercado cercano al medio millón de pesos.

En julio de 2019, según información publicada en El Independiente, el exgobernador panista Carlos Mendoza Davis nombró a Ulises Moreno Munguía, como su representante en la capital, en sustitución de Héctor Gerardo Esparza Martell, quien luego tomó el cargo de secretario técnico en la Asamblea de Gobernadores del Partido Acción Nacional.

Gerardo Esparza Martell ha desfilado de cargo en cargo distintas representaciones panistas, en 2013, se supo, ganaba 137 mil 601 pesos al mes como uno de los colaboradores cercanos de Ernesto Cordero en la coordinación del Senado de la República.

Por su parte, Moreno Munguía es uno de los exfuncionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que fueron acusados por la Secretaría de la Función Pública en agosto pasado por permitir, por acción u omisión, que prosperara el esquema de defraudación fiscal a través de empresas conocidas como “factureras”. 

Moreno Mungía llegó al gobierno del estado viniendo de fungir como responsable del Órgano Interno de Control del SAT durante el gobierno de Enrique Peña Nieto de 2016 a 2018, cuando Aristóteles Núñez y Osvaldo Santín encabezaron el organismo.

“Sí hay querella eso lo dirá el estudio que estamos haciendo, el despilfarro y eso no se castiga fácilmente, ¿cómo castigas el quebranto? […] ellos eran los que jurídicamente utilizaban el presupuesto […] fueron tan hábiles para el quebranto”, expresó recientemente, el Gobernador del Estado en conferencia de prensa hablando de diversas áreas donde la administración pública que le precede y las dificultades para perseguir el oneroso dispendio.

Castro Cosío dejó saber que el presupuesto de la oficina del ejecutivo a la cual estaba adjudicada la oficina de representación, recibió 102 millones de pesos de presupuesto en 2020, pero su ejercicio superó ese año, el último de la administración mendocista los 206 millones.