Gilberto Piñeda Bañuelos

La libertad de expresión, de ideas, de organización y manifestación desde abajo debe respetarse independientemente de la forma en que se expresen, por eso somos Universidad, dentro o fuera de la legalidad de arriba, por eso, a la distancia,  reivindico mi participación en la resistencia sindical y estudiantil durante la crisis Universitaria de 1978 que paralizó a la UABCS por un semestre que obligó a la renuncia del entonces Rector Tomás Balarezo Cota; reivindico mi participación como Presidente de la Comisión de Dialogo del Consejo General Universitario (CGU) para mediar entrelas partes en pugna, a saber, el entonces Rector Jesús Druk González y el entonces Secretario General Jorge Alberto Vale Sánchez,  en la toma de las instalaciones de la UABCS contra la reelección durante la crisis universitaria de 1996 que paralizó a la Universidad durante casi un mes, donde por cierto el actual Rector, Dante Arturo Salgado González, fue uno de los principales ideólogos y protagonistas, entre varios,  en contra de la reelección de Jesús Druk González; y  reivindico mi participación directa en las manifestaciones contra el poder universitario durante la crisis universitaria de legalidad que inició en 2010 con la renuncia del Rector, Rodrigo Guerrero Rivas y la usurpación del poder universitario después de la renuncia en 2012. Si el poder Universitario cometió un exceso, solo por el hecho de tener en sus manos el poder, es el momento de reivindicarse moralmente en favor de la libertad de expresión, de organización y de manifestación.

Dicho esto, quiero contar que hace unos días varios profesores y profesoras, recibimos invitaciones  del Rector, Dante Arturo Salgado González para asistir el 16 de mayo al Poliforo Cultural Universitario a una ceremonia de reconocimiento por años de servicio; en mi caso, por mis  35 años de servicio en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, mejor conocida como la UABCS, ya que el Contrato Colectivo de Trabajo firmado entre la UABCS y el Sindicato del Personal Académico (SPAUABCS) establece en su cláusula 107 lo siguiente:

 La Universidad se obliga a organizar y financiar un festejo con motivo del día del trabajador académico el día 15 de mayo de cada año. En esta fecha otorgará un reconocimiento a la antigüedad de los profesores que durante el último año hayan completado dos o más lustros de servicios. Este reconocimiento dependerá de los años de servicios que cumpla el trabajador de acuerdo a la siguiente tabla:

10 años, 2 meses de salario mínimo vigente y diploma; 15 años, 3 meses de salario mínimo vigente y diploma; 20 años; 7 meses de salario mínimo vigente y diploma; 25 años 11 meses de salario mínimo vigente y diploma; 30 años 15 meses de salario mínimo vigente y diploma; 35 años, 20 meses de salario mínimo general vigente y diploma.

Los trabajadores académicos que en el año anterior al festejo del día del maestro se hayan jubilado o pensionado, se les homenajeará y se les entregará un diploma.

En cuanto lo recibí, le envié un mensaje al Rector para decirle que me gustaría asistir, pero que no lo podía hacer y le di los motivos que yo tenía para no recibir el reconocimiento, ni el estímulo monetario por los 35 años de servicio; pero como constitucionalmente los derechos de los trabajadores son irrenunciables, dejaré en resguardo en la tesorería de la UABCS el estímulo monetario y no recibiré el diploma. Voy a explicar ahora, el por qué:

Hace poco más de 10 años, un grupo de profesores-investigadores que formábamos parte de la comunidad universitaria  discrepamos radicalmente con el poder universitario que en ese momento estaba encabezado por el Dr. Gustavo Rodolfo Cruz Chávez, Rector  respaldado por el Abogado General, Lic. Adrián de la Rosa Escalante, a causa de diferencias sustanciales en la interpretación de la Ley Orgánica, que en realidad era un discrepancia de fondo, entre, por un lado,  el Consejo General Universitario (CGU) controlado por el Rector y el Secretario General y por otro lado, la Junta Consultiva  formada por reconocidos profesores-investigadores de la UABCS y del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR), que muy pronto se transformó una crisis universitaria de legalidad, que no podía resolverse en el corto plazo.

Fue el caso que uno de los días más álgidos de esa crisis universitaria, el 24 de abril de 2012, llevamos a cabo un manifestación en el edificio de Rectoría donde se encontraba la sala del CGU y  las oficinas del Rector, del Secretario General y del Abogado General, que empezó a tomar la forma de una toma de las oficinas de rectoría y plantón en la planta alta del edificio, lo que propició que el poder universitaria tomara  medidas iniciales de represión a 10 profesores-investigadores, entre los que me encontraba, éramos seis de Ciencias Sociales y Humanidades, tres de Ciencias del Mar y uno de Ciencias Agropecuarias, quienes fuimos víctimas de un acta administrativa por haber acudido a la manifestación, pues el poder universitario que controlaba el CGU consideraban que había sido con lujo de violencia y nos habíamos ausentado de nuestras labores, que eran acusaciones  encaminadas a justificar e iniciar el procedimiento del despido. Obviamente que el Comité Ejecutivo del SPAUABCS que era un apéndice del poder universitario que controlaba el CGU se negaron rotundamente a apoyarnos, mientras que la Asamblea General del SPAUABCS que era víctima del terrorismo laboral utilizado por el poder universitario de manera preventiva, por aplastante mayoría, nos negó el apoyo, así que quedamos en estado de indefensión sindical, y había que resistir las amenazas de despido.

Representación del cortejo de LA PALABRA desde la colonia 8 de octubre a la UABCS protagonizada por estudiantes y profesoras(es) en protesta por las denuncias penales presentadas por el Rector  Gustavo Cruz Chávez y el Abogado General Adrián de la Rosa Escalante (Archivo del Movimiento Social Sudcaliforniano, AHMSS, 7 julio 2012)

No contentos con eso, el 15 de mayo de 2012, por los mismos motivos que justificaron las actas administrativas en lo laboral, el poder universitario decidió presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público del Fuero Común No.2; y como el poder universitario se creía propietaria de la UABCS como institución, nos acusaron cínicamente  de cuatro delitos que presuntamente habíamos cometido: 1)SEDICIÓN, 2)RESISTENCIA DE PARTICULARES, 3)ULTRAJES Y VIOLENCIA CONTRA FUNCIONARIOS E INSTITUCIONES, Y 4)EJERCICIO INDEBIDO DE PROPIO DERECHO. Por ejemplo, en el artículo 384 del Código Penal se dice acerca del delito de Sedición: “Se impondrán de uno a cinco años de prisión, a quienes de forma tumultuaria y sin uso de armas, resistan o ataquen a la autoridad para impedir el libre ejercicio de sus funciones con alguna de las siguientes finalidades: I. Destruir, impedir o coartar la integración de las instituciones constitucionales del Estado o su libre ejercicio; o, II. Separar o impedir el desempeño de su cargo al Gobernador del Estado o alguna alta autoridad de cualquiera de los tres poderes del Estado o Municipios”; y así por el estilo el resto de los delitos que supuestamente cometimos inventados por el poder universitario para tratar de justificar que no violaron el derecho a la libertad de expresión, de manifestación,  de organización y de las ideas.

En ese año cumplía 25 años de servicio en la UABCS, y al mismo tiempo que se nos acusaba de abandono de nuestras labores y haber actuado con violencia en una manifestación, se nos amenazaba con despedirnos, pero la UABCS me otorgaba, por Contrato Colectivo de Trabajo vigente en ese momento, un reconocimiento por mi trayectoria que consistía en un diploma y un Centenario; lo que hice en ese momento, POR DIGNIDAD, los dejé depositados en resguardo de la Tesorería de la Universidad donde todavía se encuentran; pasaron los años y de nueva cuenta  la UABCS hizo un reconocimiento por mis 30 años de servicio y nos entregó un diploma con el estímulo monetario, que en esa ocasión se integró en la primera quincena de mayo de 2017; así que  lo cobre y lo dejé en resguardo de la caja de la tesorería  de la Universidad; pasaron otros cinco años y la Universidad por Contrato Colectivo de Trabajo, me otorgó un nuevo reconocimiento por mis 35 años de servicio consistente en un diploma, que no recogí en la ceremonia del 16 de mayo pasado, y un estímulo monetario de 20 salarios mínimos mensuales equivalente a 57 mil pesos que también lo integraron en la primera quincena de mayo, así que en el transcurso de la semana lo dejare en resguardo en la caja de la tesorería de la Universidad, aunque ya están retenidos alrededor de 20 mil pesos de impuestos  por esta prestación que en junio se depositarán en el SAT.

¡LA PALABRA NO ESTÁ MUERTA!! Estudiante de la preparatoria Morelos (q.e.p.d.) representando la resurrección de LA PALBRA junto a estudiantes y profesoras universitarias representando a las dolientes, en protesta por las denuncias penales presentadas por el Rector  Gustavo Cruz Chávez y el Abogado General Adrián de la Rosa Escalante (Archivo del Movimiento Social Sudcaliforniano, AHMSS, 7 julio 2012).

A estas alturas, tanto el extrañamiento administrativo que podía haber conducido a un despido como la denuncia penal que podía haber conducido a la cárcel, han prescrito, por lo tanto, ni una ni otra de las acciones se pueden ejecutar, sin embargo, en nuestros archivos personales han quedado los expedientes laborales y penales, con esas agravantes injustas e inmorales que el poder universitario de la UABCS como institución nos inventó. Por eso, mientras no se limpien nuestros archivos personales que tiene en su poder la Universidad, los llamados estímulos morales y materiales como reconocimiento por mis 25, 30 y 35 años de servicio, por dignidad, seguirán en la caja de la tesorería de la UABCS.

Es el momento que la UABCS como institución se reivindique moralmente y reconozca que la discrepancia que tuvimos un grupo de profesores-investigadores con el poder universitario en la interpretación a la Ley Orgánica y que dio lugar a una manifestación y ocupación del edificio de rectoría en 2012, nunca debió ser motivo para que se nos levantara un acta de extrañamiento y mucho menos haber sido denunciados penalmente.   Toca en este momento o si decide reelegirse en su siguiente periodo, al rector Dante Arturo Salgado González hacerlo, de no ser así habrá que esperar seguramente, si la vida me lo permite, a que cumpla 40 años al servicio de la UABCS.  Será hasta que se limpien nuestros archivos personales que recogeré los estímulos materiales por los 25, 30 y 35 años.

Vuelvo a repetir lo que dije al principio: “La libertad de expresión, de ideas, de organización y manifestación desde abajo debe respetarse independientemente de la forma en que se expresen, por eso somos Universidad”.  

La Paz, Baja California Sur , 22 de mayo de 2022.