Alekz Aguila
Hoy se celebra el día internacional del turismo, y para ello, el gobernador del estado, Víctor Castro, lanzó un mensaje en redes sociales, en el que pone a esta industria como una ‘fuerza transformadora capaz de promover la reconciliación social y la paz’. Sin embargo, resulta de provecho reflexionar en torno al modelo de turismo que ha seguido Baja California Sur durante los últimos años, con un especial énfasis en La Paz.
Para quienes tenemos suficiente memoria, es muy claro entender que en esta ciudad pudimos vivir durante muchos años de manera tranquila y con prosperidad sin tener que depredar los bienes naturales y ecosistémicos de la región, lo que precisamente logró que estuvieran tan bien conservados y poco impactados y, que fue durante la administración del exgobernador del PAN, Carlos Mendoza Davis, cuando la capital sudcaliforniana comenzó a vivir cambios drásticos en las dinámicas territoriales, económicas y espaciales a partir de una clara estrategia de turistificación que puso a playa Balandra como el centro de las campañas para atraer a miles de turistas desde los rincones más lejanos del país.
Y aunque estrategia fue iniciada por Leonel Cota Montaño (Gobernador 1999 – 2005) con la venta del Mogote y continuada por Narciso Agúndez Montaño (2005 – 2011) que impulsó el despojo de playas como la de donde hoy se encuentran el complejo turístico Puerta Cortés y la marina Costa Baja, fue realmente el vástago del exgobernador Ángel César Mendoza quién le puso esteroides a lo iniciado por Marcos Covarrubias (2011 – 2015), cuando Baja California Sur comenzó a brillar en uno de los espacios internacionales más importantes para la promoción turística: la Fitur en Madrid, España.
Fue a partir de que se comenzó a construir la narrativa de que Balandra es la playa más bonita de México, y tiene que ser visitada por todas las personas del mundo. Sin embargo, pareciera que nunca nadie pensó en la serie de impactos negativos que se vendrían en cadena con este posicionamiento.
Mientras el discurso oficialista es que el turismo ha servido como motor para el desarrollo y el progreso, la realidad está muy alejada de eso. Un ejemplo sumamente claro lo tenemos en Los Cabos, ciudad que presume recibir cientos de miles de turistas al año que supuestamente dejan una derrama económica para la población, pero si esto fuera cierto, ¿por qué existe un altísimo número de asentamientos precarios? No hay manera de esconder la desigualdad de ese municipio, ya que los verdaderos beneficiados de este modelo son los empresarios turístico-inmobiliarios que generan empleos precarios e informales, pues de unas 467,000 personas económicamente activas, solamente el 37% de ellas -176,000- están inscritas al Seguro Social (Data México). No es ningún secreto que esta supuesta vanguardista capital del turismo es un punto de mucha explotación laboral, basta realizar una búsqueda de ese término en un buscador para encontrar decenas de notas periodísticas al respecto que se vienen publicando desde hace muchos años.
Y la administración de Víctor Castro no se ha quedado atrás en exacerbar estas problemáticas, por acá menciono solamente algunas de las pruebas:
- Los bienes naturales disponibles al mejor postor en nombre del turismo: Recientemente, el megaproyecto inmobiliario Kuni provocó una serie de manifestaciones sociales para que no fuera aprobado. Sin embargo, para el gobernador, este tipo de desarrollos tienen cabida, siempre y cuando, inviertan en procesos de desalinización que alteran de manera casi irreversible los ecosistemas y la fauna marina, lo que causaría daños en la zona aledaña del Área Natural de Balandra y, la Isla Espíritu Santo.
- Apoyo incondicional a los megacruceros: A pesar de que el turismo de megacruceros está viviendo un retroceso por las contundentes evidencias de sus impactos negativos sociales y ambientales, la Administración Portuaria Integral BCS y la Secretaría de Turismo y Economía siguen brindando todas las facilidades para que estos megadepredadores sigan arribando a nuestros puertos, cada vez en mayores cantidades. Para La Paz, se especula que las obras de “remodelación” que se están dando en Pichilingue son para recibir a estas embarcaciones con hasta 6,000 turistas. Aún y cuando la presión social logró detener una primera amenaza de la privación de este espacio, dicho proyecto no está muerto, sino que al contrario, de acuerdo a palabras textuales de la propia API, “Aquamayan sigue empujando su proyecto; … se ha expuesto en sesiones de Administración Portuaria. Nos parece un proyecto bastante importante para desarrollar y creo que pudiera caminar muy bien…“.
- El nulo resguardo por las playas libres: Actualmente, el inmueble propiedad del Gobierno del Estado, ubicado en El Caimancito, es operado como el Hotel Orchid House. Este negocio, al igual que otros, estuvo ocupando de manera ilegal la zona marítimo terrestre para el aprovechamiento económico con un club de playa, y no fue sino hasta que este caso salió a la luz en los medios y que hubo presión ciudadana, cuando las autoridades decidieron hacer algo al respecto.
- La crisis de vivienda provocada por la turistificación: Como ya mencioné, en Los Cabos vive una crisis alarmante de vivienda, mientras que La Paz no se queda atrás. Hoy en día, encontrar una vivienda digna para una familia de 2 a 4 integrantes, es prácticamente incosteable para la fuerza laboral de la capital. Esto se debe principalmente a que se ha promovido a la ciudad como la capital para lxs nómadas digitales, provocando que la vivienda se convierta en una mercancía de consumo accesible para quienes ganan en monedas extranjeras con mayor poder adquisitivo al peso mexicano. Esta historia sumamente conocida en otras latitudes ya ha despertado la necesidad de regular el mercado de la vivienda, pero el siquiera intentar tener esta conversación con Castro o las autoridades municipales es impensable.
Sin necesidad de dar más ejemplos, es claro que la política de desarrollo estatal, promovida por Castro Cosío, no tiene un enfoque de conservación y mucho menos social, pues se ha centrado en impulsar proyectos que benefician solamente a las personas más ricas, y no al pueblo sudcaliforniano.