Tabita Rodríguez Morales interpuso una denuncia FED/BCS/CSL/0000154/2021en contra de SBJG Properties SA de CV, empresa que se adueñó de una franja del arroyo Costa Azul un muro de protección para proteger sus desarrollos ubicados a un costado del mismo, lo que generó el rechazo de surfistas, periodistas, activistas y políticos.
“El municipio no puede hacer una manifestación Catastral para adjudicar a un Particular, terrenos en cause de arroyos federales”, sentenció la regidora mediante su cuenta oficial.
La regidora del Ayuntamiento de Los Cabos acudió a la Fiscalía General de la República (FGR), con el objetivo de resolver la situación porque existen irregularidades de la municipalidad representada por Armida Castro Guzmán, quien últimamente se le vio muy activa buscando ser gobernadora o, por lo menos, alcanzar la reelección.
SBJG Properties SA de CV recibió la clausura a inicios de 2021 por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Sin embargo, la compañía continuó trabajando por las noches hasta que la misma ciudadanía evidenció que los trabajos continuaban.
“El dictamen aprobado por mayoría de las y los Regidores no corresponde a lo que están construyendo, ni tampoco ese documento apoyaba las irregularidades hoy detectadas dentro de la Dirección de Catastro para favorecer a los desarrolladores”, declaró en redes sociales.
Los últimos días han sido tensos en playa Costa Azul. Un grupo de ciudadanos comenzó asistir al lugar para manifestar su descontento y, así, presionar a las autoridades federales para realizar un deslinde de los predios que, al parecer, se agandalló.
La compañía consiguió la autorización de la Delegación en Baja California Sur de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), argumentado en “la necesidad de proteger las propiedades que la empresa promovente tiene en los costados adyacentes a las dos márgenes de la desembocadura del arroyo Costa Azul”. El delegado de entonces, el priista José Cota Osuna, aceptó y les dio una autorización de 2 a 5 años, a partir del 22 de mayo de 2015.
Tal vez de ahí el apuro por construir tan desesperada desde finales de 2020 cuando se cumplía el tiempo de la autorización.
