—¿Insurrecto yo?

¿Y ustedes no se robaron el país con tinta?

Demetrio Macías, Los de Abajo

Nysaí Moreno

A inicios de abril de 2025, una publicación en Mercado Libre encendió las alarmas: una isla entera, con imágenes satelitales y promesas de lujo, era ofrecida por 115 millones de dólares. Las coordenadas coincidían con Isla Cerralvo, ubicada frente a las costas de La Paz, en el Golfo de California. El anuncio desató indignación, pero también confusión: ¿cómo es posible que una isla mexicana esté en venta?

Lo que parece como un absurdo más de esta hidra capitalista —que también lo es—, pero no acaba de nacer. Tiene raíces antiguas: desde el siglo XIX, el territorio ha sido visto como mercancía. Isla Cerralvo no es una excepción: es el síntoma de una historia más larga.

Una isla, una historia larga

Isla Cerralvo, también conocida desde 2009 por decreto presidencial como Isla Jacques Cousteau, es una de las islas más grandes del litoral mexicano. Su biodiversidad, importancia ecológica y cercanía con la península la han convertido en objeto de deseo turístico desde hace décadas. Pero más allá de su belleza, su estatus legal es el verdadero centro del conflicto.

Desde la promulgación de la Constitución de 1917, el artículo 27 declara que todas las islas mexicanas son propiedad de la Nación. Sin embargo, existe una excepción poco conocida: algunas islas ya eran consideradas propiedad privada antes de 1917 y conservaron ese “estatus legal”. Todo parece indicar que la Isla Cerralvo es uno de esos casos.

¿Propiedad privada antes de 1917?

En el siglo XIX, durante el Porfiriato y desde antes, el Estado mexicano otorgó concesiones, ventas o títulos de propiedad sobre ciertos territorios insulares. Estas prácticas formaban parte del proyecto liberal de modernización territorial iniciado tras la Independencia: una visión del país donde el territorio debía ordenarse, dividirse y ponerse al servicio del capital, a costa de los pueblos originarios y del vínculo comunal con la tierra.

Aunque la Constitución de 1917 nacionalizó la mayoría de los bienes, también reconoció ciertos“derechos” adquiridos previamente. Esta laguna jurídica ha permitido que algunas islas —como Isla Piedra (en Sinaloa) o la propia Isla Cerralvo— mantengan un estatus ambiguo que oscila entre lo público y lo privado.

¿Propiedad de la Nación… o despojo posrevolucionario?

El artículo 27 de la Constitución de 1917 estableció que “las tierras y aguas comprendidas dentro del territorio nacional” son propiedad originaria de la Nación. Desde entonces, todas las islas mexicanas —salvo contadas excepciones con títulos anteriores a esa fecha— fueron consideradas bienes del Estado.

Pero esta noción de “propiedad nacional” no surgió en el vacío. Fue el resultado de un largo proceso de centralización estatal que se remonta a los albores de la Independencia y se consolida con el proyecto liberal del siglo XIX. La creación del Estado mexicano implicó no solo la independencia política respecto de España, sino también una redefinición radical del territorio: las tierras dejaron de pertenecer a comunidades, pueblos o regiones, para ser reconfiguradas como activos de una Nación abstracta y centralizada.

Durante la Revolución Mexicana, figuras como Emiliano Zapata impulsaron una visión radicalmente distinta, basada en el derecho de los pueblos a la tierra, el agua y el territorio desde una lógica comunal. Pero con su asesinato en 1919, esa visión fue sofocada. La Constitución de 1917, aunque progresista en apariencia, terminó consolidando una versión “oficial” de la revolución que institucionalizó el despojo en nombre del bien común, dejando fuera a quienes habían luchado por la tierra.

Lo que se proclamó como soberanía nacional, en muchos casos se convirtió en una nueva forma de despojo, esta vez ejercida desde el Estado mismo, mediante decretos, leyes y una narrativa de modernidad, desarrollo y unidad nacional.

La nación revolucionaria no redimió a los pueblos; los reemplazó por una figura jurídica sin rostro, y con ello, legalizó el despojo desde adentro.

Interludio: De la rebeldía al papel sellado

Demetrio, mirando el horizonte, sin saber por qué sigue peleando:

—Al principio quemábamos los papeles de los ricos… ahora firmamos nuevos.
—¿No es eso lo mismo? —le preguntó uno.
Demetrio no respondió. Apretó la mandíbula y miró al suelo:
—Ahora solo cambiamos de dueño.

En Los de Abajo,  Azuela narra como Demetrio Macías intuye esa traición. No la nombra con discursos ideológicos, pero la siente: su lucha, que comenzó con sentido, se diluye en violencia sin rumbo. La revolución ya no es del pueblo.

“Todo había cambiado desde entonces. Todo… menos los cerros, siempre azules, siempre lejanos.”

Demetrio Macías bajó del cerro sin rabia, sin miedo, sin patria.

La revolución había pasado, y la tierra por la que peleó, también.

—Nos dijeron que era por justicia…
—Pero justicia no vino. Solo más papel sellado.

Demetrio quizá lo intuyó desde el principio, pero la rabia lo cegaba. La rabia que lo encendió a defender el territorio, por todas esas injusticias, por el yugo que solo se transformaba. Luchó con todo su corazón, su empeño, su vida entera… y cuando lo entendió, no supo si lo que dolía más era la derrota o haber tardado tanto en nombrarla.

Quizá, entender la transición de la rebeldía a la domesticación institucional nos pueda servir de algo.

Legalidad no es legitimidad

La pregunta vuelve con fuerza, pero ahora cargada de historia y contradicción: ¿Se puede vender una isla?

¿De qué “Nación” hablamos cuando se define que todo le pertenece al Estado? Tras el asesinato de Zapata en 1919, la Revolución Mexicana se institucionalizó bajo una Constitución que, si bien proclamó derechos sociales, también consolidó un modelo centralista donde el Estado —y no los pueblos— detenta el poder sobre la tierra. Lo que se presentó como “un acto de soberanía nacional” fue, en muchos casos, una nueva forma de despojo, ahora ejercida desde arriba, en nombre del “desarrollo, el turismo o el progreso”.

Esto nos deja con una certeza incómoda: sí, es legal vender una isla en México. Pero esa legalidad —como tantas otras— se construyó desde el despojo.

Pero incluso si se aceptara que Isla Cerralvo cuenta con un título legal anterior a 1917, eso no autoriza su venta indiscriminada. Hoy existen múltiples leyes y marcos de protección ecológica que limitan cualquier operación de compra-venta sobre territorios insulares, especialmente cuando forman parte de ecosistemas estratégicos como El Golfo de California.

Regulaciones ambientales y constitucionales

Las regulaciones de lo que el Estado ha llamado conservación, señalan que la Isla Cerralvo forma parte de un ecosistema marino delicado, reconocido como «área prioritaria para la conservación» por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas CONANP. Además, está ubicada dentro de la franja restringida de 50 km desde la costa, lo que impide la compra directa por parte de extranjeros según la ley mexicana.

También están en juego normativas sobre:

  • Zonas protegidas y uso de suelo insular
    • Derecho marítimo nacional
      • Protección del patrimonio natural

Estas regulaciones, aunque a menudo ignoradas o diluidas por intereses privados, siguen siendo instrumentos jurídicos que podrían —si se aplicaran con rigor— impedir la venta de una isla entera a capital extranjero. La pregunta no es si existen las leyes, sino si se hará valer su propósito o se seguirá vaciando su sentido de existencia.

¿Qué hay detrás de la venta?

El hecho de que una plataforma comercial como Mercado Libre albergue este tipo de anuncios es reflejo del avance del extractivismo inmobiliario en territorios naturales. La transformación de lo común en mercancía no es nueva: ya sucedió en Balandra, Tulum, Holbox y otras regiones costeras mexicanas.

La venta simbólica de una isla no solo representa un acto comercial: es el síntoma de una lógica que convierte territorios vitales en activos del mercado, y que desplaza, una vez más, el sentido colectivo de lo común.

Esta situación ejemplifica este proceso de desposesión legalizada. Aunque su venta fue retirada tras la indignación pública, su estatus legal ambiguo expone los vacíos históricos que permiten que el territorio nacional se negocie como mercancía.

👉 Los datos jurídicos y de quiénes figuran como nuevos propietarios de Isla Cerralvo, así como quienes están detrás de dicha venta, puedes consultarlos en este artículo: https://www.elorganismo.com/venta-de-isla-cerralvo-aqui-te-decimos-que-sabemos/

Lo que está en juego no es únicamente la propiedad legal de un pedazo de tierra insular, sino la continuidad de un modelo de nación construido desde el despojo: un Estado que, desde sus orígenes, disfrazó de “soberanía nacional” lo que fue, en el fondo, la apropiación sistemática del territorio en nombre del capital y el desarrollo.

El asesinato de Zapata no solo selló la traición a los pueblos que luchaban por la tierra, sino que inauguró un régimen donde el despojo ya no venía de fuera, sino desde adentro: legalizado, decretado y celebrado como modernidad.

Hoy, vender una isla no es un error aislado: es la consecuencia natural de una nación que hace mucho dejó de pertenecer a su gente.

¿Qué pasa cuando la patria se convierte en lote? ¿Cuándo el mar entra a subasta?

Quizá Demetrio diciéndonos:


—”Nos prometieron tierra… y nos dejaron papeles.”
—”Nos dijeron patria… y nos dejaron escrituras.”