Para asombro de muchxs, pero mucho menos para otrxs, este 7 de junio apareció un cartel en el botadero público para embarcaciones ubicado en Rangel y 5 de Febrero, en el barrio El Manglito, que anuncia la privatización del acceso a la playa y queda su uso prohibido para que pescadores y emprendedores de servicios de operación turística que sostienen a tantas familias de nuestra ciudad.

Sin embargo, este cierre es un capítulo más de una historia que se remonta a más de dos años atrás, cuando en febrero de 2020 la SEMARNAT aprobó una solicitud para hacer un dragado en dicha zona, hecho que pasó desapercibido y al cual no se le dio seguimiento, sino hasta agosto de ese mismo año en que se inició tal obra submarina que de manera inmediata fue protestada por las cooperativas de El Manglito, OPRE y organizaciones como el Colectivo de Académicos Sudcalifornianos y BCSicletos.

Dicha protesta fue para hacer de dominio público que la obra no estaba cumpliendo con las medidas de mitigación dispuestas en el resolutivo del expediente como condición para el tan riesgoso dragado. Recordemos que este proceso se trata de profundidad, para lo cual se desplaza parte del lecho marino que por cientos de años han estado capturando sustancias tóxicas que al ser revuelto el mar, se disuelven e ingresan en la cadena trófica humana, puesto que los peces los ingieren para después quedar expuestos en el consumo local.

Dicho letrero sustenta que existe una concesión en dicha zona por 11,189 m2 de acuerdo a un contrato celebrado en marzo del 2021, en lo que pareciera un intento por lavarse las manos y dejándole toda la responsabilidad a la ex administración encabezada por José López Soto. En consulta al portal de transparencia de la API, se puede determinar que la institución está faltando al Art. 75 ° Fracción XXVII Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur que dice: 

Los sujetos obligados publicarán información relativa a cualquier tipo de concesión, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, de acuerdo con sus atribuciones establecidas…

Y es que, no presenta información alguna con estos rubros ni para el año 2021 ni para 2022 en la cual se pueda precisamente consultar cuáles son las concesiones activas por la API, información que por ninguna razón jurídica debería ser clasificada o escondida, y tampoco se encuentra disponible desde el repositorio de información pública de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Es preocupante que la nueva dirigencia que llegó con el gobierno del estado en color guinda, siga manejando la paraestatal de la misma manera sigilosa y discrecional que caracterizó a los panistas de la administración pasada. La Administración Portuaria Integral es un ente público que debe rendir cuentas como cualquier otra institución pública, pero es justamente la falta de transparencia lo que caracteriza a gran parte de las unidades responsables del estado y sus municipios, tal es el caso de La Paz que es imposible consultar una cuenta pública.

Mientras tanto son dos de las actividades productivas que sostienen a la economía local – ésa alejada de los grandes empresarios inmobiliarios o de la mayoría de lxs gobernantes-, las que más sufren las consecuencias de lastres de instituciones de dudoso actuar ético, y nuevas autoridades que se preocupan más por la turistificación de la ciudad sin cuidar los elementos que la sostienen.