@AlekzAguila

Esta semana el Instituto de Estudios sobre Desigualdad (INDESIG) publicó el Análisis del Paquete Económico 2022 desde un enfoque de desigualdad y redistribución, en el cual se puede observar -a través de datos oficiales- que la política federal dictada desde palacio nacional no corresponde al discurso acuñado y repetido por el presidente López Obrador de “primero los pobres” sino que, contrariamente a lo dicho desde las mañaneras, el gasto público federal favorece a las personas con mayores ingresos del país.

Empecemos por mencionar que México sigue teniendo una política fiscal que beneficia a las personas ubicadas en los deciles más altos por ingresos, es decir, a los más ricos; pues son éstas las que menos impuestos pagan de acuerdo a sus ingresos, y que curiosamente más se benefician de la redistribución en el gasto público. Además de que se recauda una cuestionable cantidad de impuestos si nos comparamos con otros países de América Latina: 16% del PIB, una cantidad muy distante con Brasil (32%), Uruguay y Argentina (30%), e incluso Bolivia, Honduras y Nicaragua (24%).

¿Por qué se dice que la política pública no va enfocada a las personas más pobres? Porque de los más de 7 billones de pesos contemplados en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), se destina el 31% a pensiones; lo que a simple vista parece una buena medida de búsqueda de bienestar. Sin embargo, 6 de cada 10 pesos de este rubro se destinan al decil X, o sea, al 10% más rico de la población en México. Aquí la primera alerta de un gasto regresivo que no se ve reflejado en el beneficio de quienes menos tienen.

Y mientras los hogares siguen padeciendo los estragos de la pandemia en un contexto de pobreza, los proyectos prioritarios de Andrés Manuel reciben un aumento bastante cuantioso, pues ahora el Tren Maya cuenta con 74% más de presupuesto, y la Guardia Nacional un 76% -aun y cuando son cada vez más las voces en territorio maya que expresan su rechazo a este proyecto de turismo neoliberal y siguen incrementando las quejas de actos arbitrarios por parte del máximo orden responsable de la seguridad nacional-.

¿Y entonces, dónde están los más pobres en este nuevo paquete? Sin tomar en cuenta el rubro de las pensiones, los programas sociales prioritarios sólo recibieron un aumento del 2.8%, pero esto no se verá reflejado dado que del año 2016 al 2020 la cobertura para hogares en pobreza extrema cayó de un 67% a sólo el 43%; efecto atribuido a la nueva estrategia del presente sexenio que desechó los esfuerzos realizados anteriormente -que podrán haber tenido acciones muy observables, pero que sí llegaban a más hogares con las mayores necesidades-; lo cual además se reafirma cuando observamos que en 2018 el 23% del presupuesto de estos programas estaba destinado al decil poblacional más pobre, mientras que en 2020 fue sólo el 10%.

En el rubro de salud, se viene un monto máximo histórico de 817 mil mdp, pero el detalle está en ver la distribución hacia instituciones y programas presupuestarios. De cada 100 pesos, 37 estarán destinados al 55% de la población que no tiene seguridad social, convirtiéndolo en un gasto regresivo; además de que el 68% total del aumento está destinado de igual forma a la seguridad social, dejando más vulnerables a quienes no cuentan con esta prestación. Por lo que la salud universal sigue siendo una deuda pendiente, recordemos que el presidente dijo que para diciembre del 2020 tendríamos ​​“un sistema de salud como el que tienen en Canadá, Reino Unido, Dinamarca. De lo mejor”.

Y siendo estos rubros solamente una fracción de todo el análisis realizado por el INDESIG –disponible aquí-, es sumamente importante conocer las recomendaciones que Máximo Jaramillo, director del instituto y autor del estudio realiza:

  1. Fin a las medidas de austeridad en programas sociales.
  2. Cimentar un sistema de protección social redistributivo y que realmente ponga a las personas más pobres al centro.
  3. Priorizar el presupuesto para las personas más afectadas por la crisis sobre los proyectos como el Tren Maya y la Guardia Nacional.
  4. Aumentar el gasto en salud, especialmente para personas sin seguridad social.
  5. Incrementar el presupuesto para educación.
  6. Mayores impuestos a las personas con mayor riqueza y con ingresos altos.
  7. Reconocimiento, redistribución y recompensa al trabajo de cuidados.

Así pues, por más palabrería y fanatismo que siga existiendo alrededor de la defensa del cuatroteísmo; los números y el dinero no mienten, y no, no se está distribuyendo el recurso entre las personas más pobres. Por lo que se espera, para el bien del país, que el presidente y los representantes en cámaras legislativas pronto integren las propuestas y recomendaciones emanadas desde la ciudadanía y sociedad civil para recaudar más impuestos y hacerlos llegar a donde más se necesitan.

Gracias al INDESIG, a la Alianza Contra Desigualdad en México y Gatitos Contra la Desigualdad por su participación en este reporte, el cual se recomienda consultar.