Daniela Reyes
A pesar de que la Procuraduría General de Justicia del estado de Baja California Sur (PGJE) confirmó para El Organismo que hasta el 15 de febrero se tenían registrados 2 feminicidios. Dicha información no se ve reflejada en los datos que publicó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), conducido por el exgobernador Leonel Cota Montaño.
Este sistema realiza reportes mensuales con la información que es proporcionada por cada una de las Fiscalías o Procuradurías de las 32 entidades federativas, por lo cual la responsable de esta omisión es la PGJE. Al no reportar los casos reales provoca que a nivel nacional se genere una percepción distorsionada de la realidad de BCS, pues al no registrar feminicidios ni mujeres víctimas de homicidios, se considera como una entidad segura. Sin embargo, esto no representa la violencia que viven las mujeres todos los días.
El año inició con el feminicidio de Analuisa Gutiérrez el 7 de enero, mismo que fue mal clasificado como homicidio; después el feminicidio de Andrea Juárez el 20 de enero, y más recientemente, el feminicidio de Monserrath el 15 de febrero. A nivel nacional se ignora que Baja California Sur presentó al menos 3 mujeres víctimas de muertes violentas en el primer bimestre del año.
¿Cómo pueden sostener esas cifras en ceros de cara a los familiares de las víctimas? ¿Cómo le dicen a la hermana, a la hija, a la madre de la víctima de feminicidio que su familiar no cuenta, y al mismo tiempo sostener ante los medios de comunicación que han “resuelto los casos” y que “la tendencia delictiva va a la baja”[1]?
¿DESDE CUANDO Y DÓNDE ESTÁ EL PROBLEMA?
La incoherencia entre los datos estatales, nacionales y la realidad, no es algo nuevo. De manera oficial, en los datos del SESNSP no hay registro de feminicidios desde 2013 hasta 2018 en Baja California Sur, a pesar de que en noviembre de 2018 la PGJE dio a conocer que hasta noviembre de ese año se habían registrado por lo menos 2 feminicidios[2] .
En 2019, la PGJE fue duramente criticada por no registrar un solo feminicidio durante casi todo el año[3], y debido a la gran presión social y mediática registró los primeros dos feminicidios ante el SESNSP, sin embargo, el procurador declaró a los medios de comunicación locales que en realidad la cifra fue de 3 femincidios[4].
Esto volvió a suceder en 2020, en el que la PGJE admitió que había 5 Carpetas de Investigación por el delito de Feminicidio, sin embargo en los datos del SESNSP solo aparecen registrados 4, es decir, hay un feminicidio que no se está contabilizando en la estadística nacional.
Y finalmente se está volviendo a repetir durante este 2021, en el que se registraron 3 mujeres víctimas de muertes violentas, de las cuales dos fueron reconocidas por la autoridad como Feminicidios, y cuyos casos tampoco fueron reportados al SESNSP.
Esta situación suma a la falta de credibilidad hacia la institución quien, a nivel local presenta unas cifras pero reporta otras más bajas o nulas a la autoridad federal, lo cual pone a dudar respecto a la confiabilidad del registro de los feminicidios desde que existe este delito como figura jurídica en Baja California Sur (2013).
El Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) ha demostrado cómo algunas entidades falsean información, reportan inadecuadamente los casos o víctimas, o incluso, omiten investigar algunos delitos. Ellos atribuyen estas fallas a las cargas de trabajo excesivas de los integrantes de las procuradurías y fiscalías, la falta de profesionalización de estos, a la ausencia de procesos y supervisión adecuados, a un pobre sentido de rendición de cuentas por parte de la institución e incluso, por la conveniencia política de dar a conocer los números reales de incidencia de ciertos delitos[1].
Por lo tanto, es necesario aumentar el personal para que se distribuya mejor el trabajo en las Procuradurías y Fiscalías, sin embargo, esto no es garantía de que se corregirán estos errores, por lo tanto, deben complementarse con la profesionalización del personal y la implementación de tecnologías y procesos institucionales a fin de que estos se simplifiquen.
Además, es vital insistir en el cumplimiento del Protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio con Perspectiva de Género, de la Ley de Atención a Víctimas, así como de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia en Baja California Sur, y que se ponga en operación la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra las Mujeres y se deje de simular en cuanto a la prevención, atención y sanción de este delito.
No contar correctamente las muertes violentas de las mujeres, es invalidar el dolor que sus ausencias han provocado, revictimizar a las víctimas indirectas del Feminicidio y muestra un actuar omiso e indolente por parte de la autoridad que lejos de procurar la justicia, le apuesta a la invisibilización del problema.
Por último, no podemos dejar de lado que toda esta información solo representa los datos oficiales, y que hay un sinfín de delitos más que se cometieron en contra de las mujeres y no fueron reportados, no se atendieron, no se investigaron o se mal registraron dentro de otros delitos a los que no correspondían, dejándolos en la absoluta impunidad.
[1] https://www.eluniversal.com.mx/opinion/francisco-rivas/necesitamos-un-nuevo-sistema-de-registros-delictivos
[1] http://www.bcs.gob.mx/noticias/continua-bcs-con-reduccion-en-incidencia-delictiva/
[2] https://www.bcsnoticias.mx/en-2018-se-han-registrado-19-asesinatos-a-mujeres-en-bcs-solo-2-son-feminicidios-pgje/
[3] https://www.razon.com.mx/mexico/bcs-abate-feminicidios-porque-omite-registrarlos/
[4] https://peninsulardigital.com/extra/solo-3-feminicidios-se-registraron-en-bcs-durante-2019/276815