Tras la exigencia de la Comisión del INAI, se determinó obligatorio transparentar el objetivo de las intervenciones

De acuerdo con la información de la Plataforma Nacional de Transparencia, en tres años se hicieron 526 pedimentos para interceptar llamadas y analizar comunicaciones en Baja California Sur. Los números son los siguientes: de 2016 a 2018 no hubo una sola solicitud turnada por la delegación en BCS de la Fiscalía General de la República (FGR).

En 2019 hubo apenas once y en 2020 se desató la fiebre de peticiones de intervención, alcanzando la cantidad de 254. Hay que apuntar que es una alza a nivel nacional, y que Baja California Sur encabeza a todas las entidades del país. A esas 254 intervenciones hay que sumarles 261 entre enero y septiembre.

El total de solicitud de intervenciones en México en esos periodos es de 3776, una cifra que abarca las 1197 delegaciones, Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (FEMDH).

El «objeto de intervención» exigido por la Comisión del INAI para justificar las intervenciones, ha sido el mismo para la mayoría de las intervenciones permitidas durante la administración de Gertz Manero: «obtención de datos necesarios para agotar líneas de investigación», un concepto nada revelador, que no deja de ser cierto.

Tras la exigencia de la Comisión del INAI este pasado 8 de agosto, se determinó obligatorio transparentar el objetivo de las intervenciones y con esta exigencia se obtuvo, de momento, la información del número de solicitudes de intervención, con lo cuál ya hay, al menos, materia suficiente para cuestionar los objetivos que están detrás de la leyenda «obtención de datos necesarios para agotar líneas de investigación».

El comisionado del INAI, Adrián Alcalá Méndez, recordó que esta clase de invasión y control debe apegarse al marco legal correspondiente, y mantenerse estrictamente reguladas por estándares internacionales de derechos humanos.