El gobierno estatal a través de la Comisión Estatal del Agua deberá elaborar un Plan Estatal Hídrico de Gran Visión a 25 años que deberá ser Publicado en el Diario Oficial en el que se establezcan necesidades a largo plazo para abatir las condiciones del acuífero, obras de captación, seguridad para asentamientos, entre otras disposiciones en materia de agua, también el gobierno estatal y los ayuntamientos de Baja California Sur deberán realizar planes estratégicos de desarrollo para ir cumpliendo con las metas del Plan Hídrico Estatal de Gran Visión, en el caso de la administración estatal este deberá generarse cada 6 años en el de los ayuntamientos cada 3 años, aprobó el Congreso del Estado. 

Mediante diversas reformas a la Ley de Aguas para el Estado de Baja California Sur, el Congreso del Estado también aprobó sancionar a los organismos operadores de agua que no reparen  en tiempo las aberturas de banquetas o vía pública que haya realizado por reparaciones u obras. 

El dictamen de ambas iniciativas fue presentado por las comisiones unidades de infraestructura y del agua que presiden la diputada Milena Quiroga Romero y el diputado Héctor Ortega Pillado, respectivamente.

En el caso del plan hídrico y los planes estratégicos de desarrollo fue una iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario de MORENA, los diputados independientes Soledad Saldaña, Homero González y la Diputada por el PT,  Mercedes Maciel, en tanto que la iniciativa de sanciones a los organismos operadores de agua fue propuesta por la diputada Maricela Pineda García (PRD).

Con la reforma aprobada el plan hídrico deberá quedar decretado para que los gobernantes estales y municipales les den seguimiento. En lo que se refiere a los planes estratégicos de desarrollo, la Comisión Estatal del Agua y a los OOMSAPAS deberán elaborarlos.

En cuanto a la dictaminación de la propuesta de la diputada  Pineda, además de las sanciones a los organismos de agua que no cumplan con las reparaciones de banquetas y vía pública tras haber realizado trabajos, delega la responsabilidad a los ayuntamientos para que en un plazo de 5 días hagan las reparaciones, cuando los organismos no lo hagan.