El Congreso del Estado resolvió aprobar adiciones al Código Civil del  Estado, para que los herederos de personas de la tercera edad no hayan incurrido en violencia en contra del causante de la herencia, es decir que se declare incapaces de adquirir cualquier bien por testamento a quienes hayan violentado, explotado, abandonado, marginado o cometido delitos en contra del autor o la autora de la herencia. 

El dictamen aprobatorio fue presentado por la comisión de puntos constitucionales y de justicia en torno a la iniciativa presentada por la diputada Daniela Rubio Avilés (Partido Humanista), para que se establezca por ley esta medida que inhabilita a quienes la autoridad judicial haya acreditado que hayan cometido conductas de discriminación, abuso, explotación, aislamiento, abandono, desamparo, marginación, violencia o actos jurídicos que pongan en riesgo su persona, bienes y derechos.

Para esto el Poder Judicial del Estado en uso de sus atribuciones podrá solicitar a las dependencias competentes, antecedentes que acrediten que la persona que pretende heredar en los juicios sucesorios promovidos.

Y es que la iniciadora argumenta que las personas adultas mayores son cada vez con mayor frecuencia e intensidad, víctimas de maltrato físico y verbal, despojos y abusos por parte de su propia familia y de personas ajenas, sufriendo también por abandono, robo y actitudes de desprecio que merman su autoestima y acentúan su vulnerabilidad.

Aportó que uno de los tipos de violencia y maltrato a los adultos mayores en Baja California Sur, es la explotación financiera, que se da mediante el despojo de bienes inmuebles, de cuentas bancarias, pensiones y puede haber presión de la familia para realizar algún tipo de testamento. 

En tanto que el dictamen de la comisión de puntos constitucionales y de justicia consideró que la lucha contra la discriminación requiere de todas las capacidades, de todos los recursos y de la voluntad y compromiso de quienes tenemos la responsabilidad de diseñar y actualizar el marco jurídico que garantiza y protege los derechos de los adultos mayores.

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