La Iniciativa se asignó a las Comisiones de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas, y presenta los logros, reivindicaciones y aspiraciones históricas de los pueblos indígenas y afromexicanos, con el objetivo de adecuar y armonizar nuestra norma constitucional a los estándares internacionales en la materia

El Congreso de Baja California Sur analiza la iniciativa con proyecto de decreto, para crear el Instituto Estatal de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos del Estado de Baja California Sur, presentada por la diputada Eufrocina López Velazco, presidenta de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas en la XVI Legislatura.

Tiene como objetivo reconocer en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur el Instituto Estatal de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, así como en los ayuntamientos del Estado, derechos estipulados en la Constitución Política Local, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que México forma parte.

La Iniciativa se asignó a las Comisiones de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas, y presenta los logros, reivindicaciones y aspiraciones históricas de los pueblos indígenas y afromexicanos, con el objetivo de adecuar y armonizar nuestra norma constitucional a los estándares internacionales en la materia y transformar las actuales estructuras normativas e institucionales del Estado mexicano para atender y resolver los graves problemas de marginación, pobreza, exclusión, racismo y discriminación que padecen dichos pueblos.

En la exposición de motivos, la diputada enfatizó que la iniciativa deja atrás cualquier idea de tutelaje o suplantación de la voluntad de los pueblos y se funda en el ejercicio pleno del derecho de libre determinación y autonomía, reconociendo su carácter de sujetos de derecho público, lo que les permitirá volver realidad sus propios ideales de desarrollo, decidir libremente sobre sus tierras, territorios y recursos naturales y fortalecer sus culturas, lenguas, principios y valores comunitarios.

«El reconocimiento de los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica, modifica sustantivamente el paradigma de ver a los indígenas como menores a los que hay que proteger o tutelar; en contraste, se crean las condiciones para que sean sujetos de su propio desarrollo, a partir de sus formas de gobierno y organización, respetando plenamente sus derechos reconocidos en el ámbito internacional», expresó la diputada.

Dijo también que al establecerse la comunidad indígena y afromexicana en esta entidad han traído consigo una riqueza cultural y al mismo tiempo el reconocimiento de sus derechos más elementales establecidos en el artículo 7 Bis. Párrafo séptimo y octavo que a la letra dice:

«para promover la igual de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, el estado y los municipios establecerán las instituciones y las políticas públicas requeridas para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales tendrán que ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos en los términos del artículo segundo constitucional y la ley de la materia».