Ambientalistas esperan que haya una respuesta favorable y se reanuden las actividades de las oficinas.

Gabriel Camacho, representante de Ciudadanía Mexicana A.C. informó sobre una solicitud de amparo en razón de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) cesó las actividades de dos de sus oficinas en las ciudades de Ensenada y Tijuana, poniendo en vulnerabilidad la inspección y vigilancia, así como las denuncias de delitos ambientales.

El amparo fue admitido, no obstante la Profepa alegara que el cese a partir del 26 de septiembre pasado, es debido a la Ley Federal de Austeridad Republicana presentada por el gobierno de la llamada 4T. Cabe señalar que en dicha Ley se menciona que «los recursos deberán ser administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados». Por lo tanto, al reducir la capacidad de atención de la autoridad ambiental en este estado, se dificulta el cumplimiento de su función de «hacer cumplir las leyes en materia ambiental».

Integrantes de Ciudadanía Mexicana A.C. esperan que haya una respuesta favorable y se reanuden las actividades de las oficinas. El cierre de las mismas no aporta a la supuesta austeridad, sino que, según plantea Ciudadanía Mexicana, la afecta. Ponen como sencillo ejemplo la lentitud y el gasto que conllevaría el traslado de funcionarios de la Profepa en caso de presentarse una eventualidad que tengan que supervisar, teniendo que viajar por más de diez horas, según dijeron, para llegar ya sea a Tijuana o Ensenada.

Ese ejemplo se sumaría al conjunto de inconveniencias que podría provocar en la revisión y respeto al medio ambiente, sino en ambientalistas que requieren de un supervisor de Profepa en cuestiones como rescate de ballenas, delfines y vaquitas marinas varadas.

Y para rematar con el daño a la protección del medio ambiente, flora y fauna de estas regiones, queda por mencionar la pesca ilegal y la caza furtiva de animales como el venado bura y el borrego cimarrón, cuyos casos de caza clandestina no son pocos. Es necesario el monitoreo de cada ejemplar, sobre todo en el Valle de los Cirios, una de las ocho áreas naturales protegidas de Baja California.