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En el desmadre parlamentario, el gobernador panista Carlos Mendoza Davis es uno de los principales orquestadores de la mayor crisis dentro del Congreso del Estado de Baja California Sur. La situación está tan fuera de control que, como muchos ya saben, terminó en jaladas de greña, mordisqueos mutuos y persecuciones, en uno de los momentos más vergonzosos de la historia de las legislaturas estatales.

¿Recuerdas el proyecto de Ley de Movilidad que Mendoza envió en 2019? Pos fue uno de los indicios de que la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo iba a ser muy ríspida. En ese instante, Morena era mayoría y rechazó la propuesta que, para muchos, encubría un jugoso negocio para el Gobierno de BCS por el permiso que obraría la Secretaría de Finanzas por regularizar el transporte privado como Uber o Didi, pero olvidando otros detalles importantes de la movilidad. La medida fue desechada.

Enfurecido porque el Congreso ya no obedecía al mandatario, como antaño lo hacían antes los y las legisladores con el PRD o el PAN, fabricó un plan con sus allegados e inició un contrataque.

Los panistas se fueron al manual básico de operación política: dividir a la aplanadora morenista. Lo primero era atraer a los integrantes del partido cristiano Encuentro Social Perla Guadalupe Flores Leyva, Lorenia Montaño Ruiz, Rigoberto Murillo Aguilar. Después,  Carlos José Van Wormer Ruiz de Morena y Ramiro Ruiz Flores sin partido político. Todos ellos se unieron a los representante plurinominales del PRS (José Pérpuli), del PRI (Anita Beltrán), del PAN (Elizabeth Rocha torres), Viviana Rubio del Humanista y Maricela Pineda del PRD.

La intromisión ocasionó la reformas de los artículos 68 y 69 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur para conservar sus derechos hasta la conclusión de la legislatura, al mismo tiempo que posibilitaba la creación de nuevas fracciones con un número menor de dos personas. Algunos celebraban en ese entonces el ingenio político de manipular, sin pensar en la crisis que se avecinaba.

A principios de 2020, el gobernador propinó otro golpe al vetar 18 leyes y decretos aprobados por el Congreso del Estado. Por ejemplo, conforme a información publicada por Diario El Independiente, las reformas contenidas en el Decreto 2698 de los artículos 6 y 54 de la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares en BCS.

También rechazó el Decreto 2697 para considerar el 2020 “Año del Centenario de la Casa del Estudiante Sudcaliforniano en la CDMX”, inmueble que intentó vender bajo supuestas irregularidades de construcción, cosa que fue negada por el gobierno de la CDMX. Incluso desechó la reforma para garantizar la paridad de género en Poder Judicial, mostrando su desinterés una vez más en los temas de la mujer.

Suponemos que la nueva jugada en la que Ruíz Flores y compañía regresaron con Morena, luego del rompimiento con Perla Flores del PES, molestó al mandatario al ver que sus fichas se volvían contra él. La mayoría era de Morena y bajo este pretexto realizaron modificaciones por ciertas irregularidades, como el pago que hizo Flores del viaje a su hijo y esposo con cargo al erario del parlamento.

Elizabeth Rocha llamó al Secretaría General del Gobierno de BCS y, sin importar la intromisión que significaba, mandó policías estatales a resguardar las áreas de Finanzas. Pusieron candados y se aferraron, creemos, por órdenes del señor gobernador. Esto ocasionó la vergonzosa confrontación a mordidas, jaloneos que vimos ayer, en el que acusaron a grupos panista de Carlos Rochín, su presidente, estar allí para seguir con el deplorable espectáculo.

#ENNUESTRAOPINIÓNDEMIERDA

Será que el gober anda encaprichado porque su voluntad no se hace de nuevo en el Congreso. En tiempos de la “coronacrisis” resulta indignante esté más preocupado en politiquerías.

Señor gobernador: ¡Ya no la chingue!