Por increíble que parezca, existe una demanda de Odyssey Marine Exploration, Inc. (Odyssey), dueña del proyecto de minería submarina “Don Diego”, en contra del gobierno mexicano. La finalidad es conseguir una indemnización de 3 mil 500 millones de dólares al amparo de del Capítulo XI, Inversión, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
La compañía intentó en dos ocasiones conseguir la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), pero la autoridad ambiental decidió negar el permiso argumentando que la minera submarina pondría en peligro la tortuga amarilla (Caretta caretta) en el Golfo de Ulloa, frente a las costas de Comondú.
Exploraciones Oceánicas, filial de Odyssey, se asoció con Altos Hornos de México (AHMSA) cuya empresa preside Alonso Anciras, actualmente investigado por irregularidades en la venta de Agro Nitrogenados a Pemex Fertilizantes.
De hecho, “Don Diego” buscaba extraer 350 millones de toneladas de fosfato del fondo marino y su objetivo era venderle a México. Sin embargo, Odyssey en un principio se dedicaba a encontrar tesoros hundidos en el mar.
Periodistas de a Pie presentó información sobre las 26 cuartillas entregada a la Secretaría de Economía, en el que se habla de violaciones a las disposiciones del TLCAN en sus artículos 1102, 1105 y 1110.
No es la primera ocasión que la empresa realiza esto. En 2015, entabló una demanda contra la Cooperativa de Producción Pesquera Puerto Chale por obstruir el desarrollo económico de México, pese a que poseen concesiones para extraer langosta y abulón desde hace años en el área donde quiere instalarse la minera submarina.