David Moyrón Quiroz

“Disponibilidad presupuestal”. Dos palabras con la que el gobernador y su caterva de enguayaberados han tomado por asalto los distintos organismos descentralizados, tribunales y poderes del Estado que, se supone, deberían de proceder de manera imparcial en sus acciones y toma de decisiones.

Y es que en esos organismos que casi nadie voltea a ver, también se encuentran muchas formas de cooptación como altos sueldos y exorbitantes bonos y que para que puedan ser fondeados, requieren que “se porten bien” con los intereses del gobernador.

Ahora que el proceso electoral se encuentra en los momentos más álgidos, al Gobernador le tocó apretar al Tribunal Electoral de BCS para que éste, no ratificara la sanción que interpuso el Instituto Estatal Electoral por actos anticipados de campaña y por violar el principio de neutralidad al decir que su candidato será gobernador.

Entre las prebendas otorgadas y por proteger de la llamada “disponibilidad presupuestal”, con resoluciones a modo para los magistrados del Tribunal Electoral, se encuentran sus sueldos de entre 102 y 91 mil pesos mensuales, haya o no haya elección, también reciben bonos, los cuales no mencionan en su página de transparencia y puedo apostar 2 a 1 que son tan altos como el de los ocho diputados que son fieles a Carlos Mendoza Davis y que gozan de bonos desde 300 a 500 miles pesos.

La página de transparencia del Tribunal Estatal Electoral (TEE) es de las peores que existen en el estado, con información desactualizada y poca información de su manejo, por supuesto, es la actitud de quienes ocultan algo. Para dar un ejemplo de la información disponible en 2018 se erogaron 7 millones 510 mil 281 pesos para sueldos de tres magistrados electorales, es decir, ese año cada uno de los magistrados obtuvo ingresos por más de 2 millones 500 mil pesos en promedio. Además, 268 mil 043 pesos para 18 empleados, los cuales desconocemos si todos reciben un poco de gasolina.

¿Qué sorpresas habrá cuando se sepa cuánto ganan este 2021? En los organismos electorales descansa una buena parte de la democracia, pilar de la sociedad y las buenas costumbres, por lo que el tribunal electoral tiene que empezar a ajustarse a los principios que le acompañan, Equidad, Imparcialidad, neutralidad, TRANSPARENCIA, etc. Muy a pesar de la disponibilidad presupuestal y de los ingresos personales.

Las sanciones tienen que ser parejas. Se sancionó al alcalde Rubén Muñoz por actos anticipados, donde jamás llamó al voto ni promocionó a candidato alguno. En cambio, el gobernador utilizó sus redes sociales, financiadas por el Estado, en sus promociones personales y dijo que su candidato será gobernador. No hubo sanción, lo cual, es peligroso porque la resolución de los magistrados le abre las puertas a que cualquier servidor público pueda apoyar abiertamente a sus candidatos.

La Sala Superior del TEPJF ha concluido que los servidores públicos adscritos al Poder Ejecutivo deben tener una limitación más estricta ya que sus cargos les permiten disponer de forma directa de recursos humanos, financieros y materiales con los que cuenten, y por la naturaleza de su encargo y posición relevante y notoria, tienen más posibilidad de influir en la ciudadanía con sus expresiones, por tanto su actuación debe ser imparcial y abstenerse de hacer declaraciones en favor de sus candidatos.

Ojalá que, al menos, por los inmorales sueldos que perciben y casi en secreto, los magistrados le entren a estudiar a fondo todas las quejas que reciban y si tanto defienden la libertad de expresión, espero hayan disfrutado esta pequeña pieza de expresión ciudadana.

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