Surfer Coral Bonilla “Coco” Fotografía: Sara Vafa

Nysaí Moreno

México tiene talento para llenar un equipo mundial juvenil completo: doce plazas, seis mujeres y seis hombres, que es el máximo permitido por país en el Mundial Juvenil de la International Surfing Association (ISA). Sin embargo, en 2025 la Federación Mexicana de Surf decidió llevar solo a cuatro atletas, dejando ocho plazas oficiales sin ocupar. Ocho oportunidades perdidas. Ocho trayectorias deportivas interrumpidas de forma arbitraria, no por falta de nivel, sino por decisiones administrativas deficientes y una gestión federativa incompetente.

La escena es tan absurda que parece ficción, pero está documentada por atletas y entrenadores. No es falta de talento: es falta de transparencia, de procesos, de democracia interna. Durante casi tres décadas, los mismos nombres han controlado la mesa directiva, reeligiéndose una y otra vez mientras el surf mexicano avanza a pesar de ellos.

Desde el fallido mundial de Paddleboad en Sayulita en 2015 —que dejó una deuda de 200,000 dólares y una sanción internacional nunca aclarada— hasta las selecciones hechas “a dedazo”, la federación ha acumulado irregularidades, maltratos y decisiones que perjudican directamente a quienes deberían proteger: los y las atletas.

El origen de la opacidad: la deuda que nadie explica

El 2015 es una fecha que marcó el declive institucional del surf mexicano. Ese año, la Federación Mexicana de Surf intentó organizar un mundial de paddleboard en Sayulita, Nayarit. El evento resultó un fracaso tan grande que tuvo que ser rescatado por la International Surfing Association (ISA). La intervención dejó como saldo una multa de 200,000 dólares, una cifra que nadie ha logrado esclarecer hasta hoy: ¿Cómo se generó la deuda? ¿En qué términos se negoció? ¿Quién tiene hoy su administración y bajo qué criterios se está gestionando? ¿Cuánto se ha cubierto y cuánto sigue pendiente?

Hasta ahora, la federación no ha hecho pública información detallada ni verificable. La comunicación ha sido fragmentada y dirigida principalmente a algunas asociaciones estatales, mientras que el resto de la comunidad surfer permanece sin acceso a datos claros. Lo que existe no es transparencia, sino una zona de ambigüedad sostenida.

Pero las consecuencias no fueron menores: fueron patrimoniales, directas y plenamente atribuibles a la federación. Tras la deuda, la International Surfing Association (ISA) vetó a México, impidiendo su participación en competencias oficiales. Como consecuencia inmediata, jóvenes competidores de paddleboard, debidamente seleccionados, adquirieron con recursos propios boletos aéreos de Puerto Vallarta a la Ciudad de México, con la intención de comprar vuelos internacionales de la Ciudad de México a Francia, para participar en el ISA World SUP & Paddleboard Championship celebrado en Les Sables d’Olonne, Francia, entre septiembre y octubre de 2023, y quedaron ilegalmente impedidos de competir por una sanción que no les era imputable.

La Federación Mexicana de Surf asumió el compromiso de reembolsar los gastos, pero incumplió dicha obligación, generando un daño económico directo, así como un perjuicio deportivo y moral a atletas que actuaron de buena fe. Estos hechos podrían configurar responsabilidad administrativa, responsabilidad patrimonial e incluso violaciones a los derechos de las y los deportistas, al haberlos privado de competir por causas ajenas a su desempeño y sin mecanismos efectivos de reparación.

La mesa directiva que no suelta el poder

Cuando una organización deportiva se estanca no es por accidente: es por estructura. En este caso, una estructura cerrada, vertical, que lleva décadas sin renovarse.

La Federación Mexicana de Surfing, A.C. es el organismo rector de este deporte en México, reconocido oficialmente por la International Surfing Association (ISA) desde 1987. Nombres como Alfonso Polidura —en la mesa directiva desde los años 90—, Luis Skeen  —uno de los fundadores de la federación—, y David Hernández “Jamaica”—activo desde los 2000—,  han permanecido inamovibles. Los cargos cambian, los rostros no. Cada 4 años debe renovarse la mesa directiva. Cuando en 2016 se eligió una “nueva mesa directiva” (los mismos integrantes, pero cambiando de cargos), el resultado fue aún peor: la comunicación disminuyó, el autoritarismo creció y los procesos se oscurecieron todavía más.

En 2016, tras el escándalo financiero derivado del fallido mundial de Sayulita, la federación se vio obligada a remover formalmente al presidente de ese entonces, sin alterar el núcleo de poder. La solución adoptada fue integrar a una figura externa: Gerardo Lagunes Gallina, político ligado al PRI, presentado ante las asociaciones estatales como la “mejor opción” para negociar la deuda internacional y pagarla de manera gradual, gracias a “la experiencia política y capacidad de gestión” que la mesa directiva argumentaba.

Una vez consolidado el nuevo periodo, el comportamiento de la federación no se moderó: la comunicación disminuyó, el autoritarismo se profundizó y los procesos se volvieron todavía más opacos. A partir de entonces, según denuncias reiteradas de asociaciones estatales, comenzó una estrategia sistemática de exclusión: cambios discrecionales en los reglamentos internos, sanciones administrativas por faltas menores o ambiguas, y descalificación de asociaciones completas, todo con el efecto práctico de retirarles el derecho a voto en los procesos de renovación de la mesa directiva.

En 2020 se reeligieron. En 2024 volvieron a reelegirse. Y estarán en el poder, si nada cambia, hasta 2028. Así, la federación ha construido un esquema de perpetuación institucional sin contrapesos, sin vigilancia efectiva y sin renovación democrática, donde las reglas se modifican a conveniencia de quienes ya detentan el control, y no en beneficio del desarrollo del surf mexicano ni de sus atletas.

Selecciones nacionales a dedazo: la muerte del mérito deportivo

Uno de los reclamos más graves —y más dolorosos— es la desaparición del mérito. Ganar un campeonato nacional no significa el pase a un mundial. Ser finalista tampoco. En múltiples ocasiones, los mejores surfistas del país no han sido convocados a la Selección Mexicana, mientras otros, sin haber ganado sus lugares, aparecen en listas que nadie sabe quién decidió.

“Nunca se explicó el proceso”, repiten atletas y entrenadores. Porque no existe proceso.

Y el daño no es abstracto: el surf mexicano perdió presencia mundial porque la federación solo llevó 4 atletas de 12 posibles al Mundial Juvenil de la International Surfing Association (ISA); el ISA World Junior Surfing Championship 2025, que se acaba de celebrar del 5 al 14 de diciembre de 2025 en Punta Rocas y El Bosque, Lima Perú.

Este campeonato batió récords, con 57 países inscritos y alrededor de 424 jóvenes surfistas.  Mientras Estados Unidos (que incluye Hawai y Puerto Rico) llevan equipos completos sumando 36 atletas (12 por cada territorio: EEUU, Hawaii y Puerto Rico), es decir, 36 oportunidades que representan un solo país, México lleva solamente a 4 atletas, dejando ocho plazas vacías, un acto de negligencia que afecta carreras deportivas, oportunidades de patrocinio y sueños.

Los jóvenes competidores fueron: Kalama Stratton (Oaxaca), Ana Lilia Gonzalez «Lilo» (Colima), Coral Monroy (Oaxaca), Micael Román (México-Perú).  

No se busca desacreditar el talento ni el desempeño individual de ninguno de estos jóvenes, varios de los cuales tuvieron participaciones dignas —en especial Ana Lilia González “Lilo”—, sino cuestionar el procedimiento mediante el cual fueron seleccionados. Ninguno de ellos pasó por procesos transparentes de clasificación basados en títulos estatales o nacionales como sí lo hicieron otros atletas que durante años compitieron y entrenaron de manera constante para ganarse su lugar. La injusticia no recae en quienes fueron convocados, sino en una federación que sustituyó el mérito deportivo por decisiones discrecionales, afectando a quienes sí sostuvieron un esfuerzo continuo y comprobable a lo largo del tiempo.

Otros jóvenes si convocados pero que no pudieron asistir por falta de apoyo económico, fueron: Nesher Díaz y Maya Mateja (ambos de Oaxaca). Cabe destacar que estos dos últimos se les convocó en último momento, por lo tanto, no tuvieron tiempo para pedir apoyo al gobierno.

Otro joven convocado de manera extemporánea fue Lucas Enrique Senkbeil Cassity (Baja California Sur), séptimo lugar mundial U16 en el ISA 2024. Aun así, fue llamado a última hora, haciendo inviable cualquier preparación logística para un viaje internacional.

Surfer: Lukas Senkbeil. Fotografía: Sara Vafa.

Cabe destacar que Lucas Senkbeil es un caso excepcional, pues es el único Junior (menor de 17 años) que ha llegado al Challenger series de la WSL. Aquí es fundamental distinguir entre dos circuitos completamente distintos. La International Surfing Association (ISA) organiza los mundiales por naciones, con cupos máximos por país y procesos de selección que dependen de las federaciones nacionales. En cambio, la World Surf League (WSL) es un circuito profesional individual, donde no se compite por país, sino por ranking, puntos y clasificación   directa. No hay “cupos nacionales” ni decisiones federativas: los atletas avanzan por mérito competitivo propio.

Esto significa que Lucas Senkbeil ya compite en las grandes ligas del surf internacional, independientemente de cualquier federación nacional. Su exclusión inicial y su convocatoria tardía no solo fueron incoherentes, sino que evidencian una desconexión profunda entre la federación y la realidad del alto rendimiento internacional.

Sin embargo, aunque el acceso a circuitos profesionales como la World Surf League (WSL) demuestra un nivel competitivo incuestionable, la vía oficial y determinante para la clasificación a los Juegos Olímpicos sigue siendo la International Surfing Association (ISA). Los resultados en eventos ISA son los que definen las plazas olímpicas por país, y dependen del aval de las federaciones nacionales. Excluir, retrasar o manejar de forma arbitraria la participación de atletas en competencias ISA no es un asunto menor: afecta directamente sus posibilidades de clasificación olímpica, interrumpe procesos deportivos estratégicos y compromete años de preparación que no pueden recuperarse después.

De la península de Baja California, fueron excluidos atletas juveniles que sí cumplían con los requisitos deportivos, entre ellos: Israel Rosas (Baja California), subcampeón nacional de la olimpiada nacional; Coral Jeanne Bonilla Bishop “Coco” (Baja California Sur), campeona en olimpiada nacional 2024, 2023, 2022; Lucas Andrés Nobili Tsabar (Baja California Sur), campeón en olimpiada nacional 2025; Tiago Sorrentino Reyes (Baja California Sur), #41 mundial U 16 ISA 2024; Anthony Marlín Corado Razo (Baja California Sur), 2do lugar en olimpiada nacional 2025 y 1er lugar en el 2024; Luciana Salas Olivares (Baja California Sur), 3er lugar en olimpiada nacional 2025; Vali Olea (Baja California Sur), 3er lugar estatal.

Surfer: Israel Rosas. Fotografía: Artemio Rosas.

La lista del resto de los estados es larga: de Colima, Luis Gabriel Huerta; De Nayarit, Mateo Cadena; y de Oaxaca, Coral Muñoz; de Sinaloa, Cielo Ibarra. Entre otros y otras.

No fueron convocados, no por falta de nivel, sino por una gestión federativa incapaz de garantizar procesos mínimos de mérito, planeación y responsabilidad deportiva.

Esto se puede leer como una incompetencia estructural de una federación que está convirtiendo  el acceso olímpico en un daño colateral de su mala gestión.

Ese mismo esquema se refleja con especial gravedad en el caso de Coral Jeanne Bonilla “Coco”, una atleta que ha destacado de manera sostenida y consistente en los últimos años y que quedó fuera de la convocatoria justo en su último año como categoría Junior, un momento clave e irrepetible en la carrera de cualquier deportista. No se trata solo de una injusticia deportiva: esta exclusión vulnera de manera directa los principios de mérito, igualdad de oportunidades y protección del desarrollo de atletas menores de edad, generando un daño competitivo, emocional y profesional que difícilmente puede repararse a posteriori.

Este patrón de decisiones discrecionales no se limita a la selección de atletas. La designación de entrenadores para competencias internacionales también ha sido señalada como arbitraria, sin procesos claros de evaluación, sin consensos técnicos y sin criterios públicos. Entrenadores con trayectoria, certificaciones y trabajo sostenido han sido desplazados, mientras se designa a personas sin formación reconocida ni vínculo real con los procesos deportivos de los atletas, reproduciendo un esquema de exclusión y opacidad que debilita aún más la credibilidad institucional.

¿Quién forma realmente a los surfers mexicanos?

Existe una verdad que la comunidad surfer conoce, pero que rara vez se dice con claridad: la federación no formó a los campeones del país, ni a los mejores surfers de México.

Ni Jony Corzo. Ni Alan Cleland. Ni Lucas Senkbeil. Ni las nuevas generaciones destacadas que están saliendo desde Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Oaxaca o Colima han sido formados por la federación.

Los procesos formativos vienen de abajo: de padres o madres surfers, de entrenadores locales, patrocinadores, familias que pagan viajes, tablas, escuelas, y asociaciones de surf estatales que organizan torneos, clasificatorias, entrenamientos.

—“La federación es una burla” —, expresa Diego Cadena, múltiple campeón nacional y estatal de Nayarit durante su etapa competitiva, en entrevista realizada vía Zoom. —“Son unos insensibles, buenos para nada.”

Diego Cadena, uno de los mejores surfers mexicanos en décadas pasadas, local de Sayulita, hijo de familias de pescadores. Compitió desde muy temprano en el circuito ALAS Latin Tour y obtuvo victorias relevantes, como su triunfo en Playa Venao (Panamá) en el ALAS Latin Tour de 2017, además de competir en fechas clave del ALAS desde al menos 2010. Nos explica que la federación no lo formó a él, ni a ningún surfer destacado en toda la historia del surf mexicano.

Surfer Diego Cadena. Fotografía: Whattheschell.

—“Yo nací aquí en Sayulita, crecí entre atarrayas, anzuelos, pangas, mareas, y el olor a carnada fresca. El surf no me lo dio ninguna institución; me lo dio el territorio, la comunidad y el trabajo diario”—relata —mis hermanos mayores me enseñaron a pararme en una tabla, tablas jodidas, con hoyos, abandonadas por gringos… mi amigo desde niño fue Kalle Carranza, fue mi acople de surf, entre los dos nos disciplinábamos. Nunca tuvimos surf coach.”

 “Después fui teniendo patrocinadores. El único que me apoyó en una ocasión fue Juan Muñoz, fotógrafo de surf de Panamá, él me llevó al ALAS Latin Tour en 2010.”

La CONADE es quien ofrece becas, no la federación. Pero todo es a través de la federación. La federación solo aparece cuando toca colgarse la medalla. Cuando hay que trabajar, no está. Cuando hay que apoyar a atletas de bajos recursos no está. Cuando hay que transparentar, calla. Cuando hay que apoyar, falla.

El caso de Diego Cadena no es una excepción, sino un patrón: talento que no fue acompañado, sino contenido; no impulsado, sino frenado. Surfers con nivel internacional cuya trayectoria fue truncada no por falta de capacidad, sino por decisiones federativas que cerraron puertas, retrasaron procesos o simplemente “les pusieron el pie”. El resultado es una generación —y varias más— de talento desperdiciado.

Violencia, misoginia y castigos internos

El deterioro institucional no es solo administrativo: es humano. Dentro de la federación se han documentado episodios de violencia verbal y misoginia. La atleta Risa Mara Machuca fue insultada por su físico, en plenas redes sociales, por Alfonso Polidura, secretario de la Federación Mexicana de Surfing (FMS), tras haber señalado públicamente que la federación capitaliza la imagen y el esfuerzo de atletas formados fuera de su estructura. En lugar de asumir responsabilidad o abrir un diálogo, la respuesta fue la agresión verbal.

El señalamiento de la atleta apuntaba a un problema de fondo: que las imágenes difundidas en las redes oficiales de la federación, especialmente Facebook, son una compilación de fotografías de atletas de distintos estados, captadas en contextos diversos, y que existe una diferencia sustantiva entre documentar lo que ocurre en el surf mexicano y permitir que se construya la percepción de que la federación entrena, forma o desarrolla directamente a esos atletas. Su crítica evidenciaba una apropiación simbólica del trabajo que realizan comunidades, entrenadores y familias fuera de la estructura federativa.

Este no es un caso aislado. La federación ha respondido históricamente a la crítica con más agresiones, más vetos y más sanciones. El 6 de diciembre de 2025, en pleno desarrollo del Mundial Juvenil ISA, la Federación Mexicana de Surfing difundió una circular invocando el Código de Ética de la ISA, la Convención sobre los Derechos del Niño y la legislación nacional, advirtiendo sobre posibles sanciones ante comentarios, publicaciones o expresiones que pudieran considerarse ofensivas hacia atletas menores de edad.  https://www.facebook.com/share/p/1BoSPtv4Ty/

Si bien la protección de niñas, niños y adolescentes es incuestionable y obligatoria, el documento no responde a las denuncias de fondo sobre procesos de selección, exclusiones, vetos o reembolsos incumplidos. En lugar de aclarar decisiones institucionales que afectaron directamente a atletas juveniles, desplaza la atención hacia el discurso público, generando un mensaje disuasivo que refuerza el miedo a hablar dentro de la comunidad. Así, la federación invoca normas internacionales para advertir sobre la crítica, pero no ofrece información verificable ni mecanismos de rendición de cuentas, profundizando la desconfianza que dice querer combatir.

De forma paralela, distintas asociaciones de surf de diversos estados han sido vetadas o restringidas en su derecho al voto. Integrantes de asociaciones han sido amenazados con la exclusión de competencias nacionales. Quienes denuncian —como el atleta y entrenador Jesús Velázquez, quien ha publicado videos señalando irregularidades dentro de la federación— han sido sancionados, excluyéndolo de competencias a nivel master, por ejercer su derecho a la libertad de expresión.

Angélica Sánchez, entrenadora y atleta de SUP Surf, explicó en entrevista realizada vía videollamada que, previo al Mundial de Paddleboard 2024 en Francia, se intentó construir una versión alternativa para ocultar que México se encontraba suspendido por la ISA debido al incumplimiento de pagos. Según su testimonio, se le propuso comunicar a atletas y familias que la falta de recursos se debía a supuestas irregularidades administrativas ajenas a la federación, cuando la causa real era una deuda acumulada con la ISA.

Sánchez relata que, tras negarse a sostener esa versión, los atletas quedaron sin posibilidad de competir, pese a haber adquirido con recursos propios boletos de avión para el trayecto Puerto Vallarta–Ciudad de México, con la promesa de que dichos gastos serían reembolsados. A la fecha, ningún reembolso ha sido cubierto. El impacto no fue solo económico: varios atletas juveniles abandonaron el deporte tras ver truncado su proceso competitivo, y al menos uno de ellos requirió atención terapéutica por el golpe emocional que implicó la cancelación del mundial.

Cuando una federación castiga a quien habla, no estamos ante un problema deportivo.
Estamos ante un problema de abuso de poder.

Incumplimiento sistemático de obligaciones

La situación descrita ya no puede interpretarse como un “conflicto interno” del surf mexicano. No es una diferencia deportiva: es un posible incumplimiento sistemático de obligaciones legales. Una federación deportiva con reconocimiento oficial opera bajo normas estrictas que incluyen transparencia, democracia interna, rendición de cuentas y protección de derechos de sus atletas. La Federación Mexicana de Surf ha fallado en cada uno de estos puntos, según los testimonios y hechos documentados por asociaciones estatales y deportistas.

La deuda de 200,000 dólares sin aclarar; la sanción internacional que dejó fuera a atletas; la ausencia de informes financieros; las elecciones opacas; la descalificación arbitraria de estados para impedir votaciones; la selección a dedo; la violencia verbal; los vetos sin fundamento jurídico; y la suspensión injustificada de jóvenes que ya habían cumplido su proceso clasificatorio, configuran un escenario que requiere intervención inmediata de las autoridades competentes.

El sistema Deportivo en México

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), como órgano máximo del deporte federal, tiene facultades para: revisar el cumplimiento normativo de la federación, solicitar informes financieros y administrativos, ordenar auditorías obligatorias, determinar si procede la revocación del reconocimiento deportivo.

La Confederación Deportiva Mexicana (CODEME), como organismo regulador de federaciones  puede: analizar irregularidades estatutarias, intervenir procesos electorales, suspender o desconocer mesas directivas que no cumplan con los principios democráticos, emitir sanciones o recomendaciones vinculantes.

A ello se suman otros posibles mecanismos: el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación Pública, en caso de uso indebido de recursos públicos, los Órganos de fiscalización deportiva de la propia CONADE, las Instancias de protección de derechos de la niñez y adolescencia, si se determina que jóvenes fueron afectados por decisiones arbitrarias, las Vías administrativas o judiciales, si las asociaciones estatales deciden proceder ante tribunales civiles o administrativos.

El surf mexicano está ante un punto de inflexión. Lo que hoy ocurre no es menor ni aislado: es estructural. Una federación que deja vacíos ocho lugares en un mundial, que castiga a quien denuncia, que insulta a quien levanta la voz, que oculta deudas, que bloquea elecciones, que normaliza el dedazo y que vulnera a sus propias atletas, no está cumpliendo con su mandato legal ni moral.

Es momento de que las autoridades deportivas del país actúen. No para beneficiar a un grupo sobre otro, sino para restaurar lo que nunca debió perderse: la integridad del deporte, la justicia para los atletas y la confianza en las instituciones.

Exigencias de la comunidad de surf mexicana

La comunidad  de surf está pidiendo lo mínimo indispensable para que un deporte pueda crecer: un trato digno, transparencia, reglas claras y procesos democráticos reales.

Lo primero es una auditoría externa, independiente y pública que esclarezca el manejo de recursos, particularmente los apoyos públicos gestionados ante CONADE, la situación de la deuda ante la ISA y la legalidad de las decisiones administrativas que han afectado a atletas. Resulta indispensable revisar cómo se han administrado y comprobado los recursos federales y las becas deportivas, así como los criterios bajo los cuales se asignan. El objetivo no es sancionar de manera anticipada, sino garantizar transparencia y rendición de cuentas.

Lo segundo es la renovación total de la mesa directiva mediante un proceso abierto, verificable y con involucramiento efectivo de CODEME, CONADE y el Comité Olímpico Mexicano (COM), que no se limite a la mera observación, sino que garantice la aplicación equitativa de las reglas, la protección del derecho al voto de las asociaciones y la imposibilidad de que la federación actúe como juez y parte. En la práctica, la Federación Mexicana de Surfing concentra funciones que no deberían coexistir en una misma instancia: define las reglas, las interpreta, decide quién las cumple y, a partir de ello, determina qué asociaciones tienen derecho a voto. CODEME, CONADE  han estado presentes como instancias observadoras, pero sin intervenir para corregir estas prácticas ni frenar la aplicación discrecional de la normativa, lo que ha permitido que la arbitrariedad se normalice y que los mismos grupos permanezcan en el poder durante décadas, erosionando la funcionalidad institucional.

Resulta indispensable, además, que ciertos principios básicos queden blindados dentro del marco normativo de la federación: el derecho al voto de las asociaciones, los criterios de selección deportiva y los requisitos de participación no pueden ser modificados de manera discrecional, coyuntural o retroactiva. Ninguna autoridad deportiva debería tener la facultad de alterar las reglas del proceso mientras el proceso está en curso, ni de ajustar la reglamentación a conveniencia del grupo en el poder. Sin reglas blindadas y contrapesos efectivos, no puede hablarse de democracia interna ni de gobernanza deportiva legítima.

Lo tercero es transparentar los criterios de selección: publicar convocatorias, sistemas de puntuación, requisitos y tablas de ranking para que ningún joven vuelva a perder su oportunidad por decisiones arbitrarias.

Lo cuarto —y quizá lo más importante— es la modificación de los estatutos de la Federación Mexicana de Surfing para incorporar de manera efectiva a atletas y entrenadores sustentados en méritos deportivos verificables, no impuestos por designación federativa, al proceso de diseño y evaluación de la política deportiva, con voz y voto. Esto implica reconocer la participación de campeones nacionales y atletas de alto rendimiento cuyos resultados estén respaldados por competencias oficiales y criterios públicos, así como de entrenadores que han acompañado procesos competitivos acreditados, evitando que las decisiones estratégicas queden concentradas exclusivamente en una dirección técnica o administrativa.

Mientras los estatutos sigan impidiendo la participación directa de atletas y entrenadores en la toma de decisiones, la federación continuará operando bajo un esquema cerrado, autorreferencial y sin contrapesos reales. Las federaciones no existen para sí mismas: existen para quienes sostienen el deporte desde la experiencia competitiva real.

La renovación de la mesa directiva no puede entenderse como un simple relevo de nombres, sino como la adopción obligatoria de un nuevo marco de gobernanza. Estas reglas y contrapesos deben regir no solo a la administración entrante, sino a cualquier mesa directiva futura, para evitar la repetición de prácticas discrecionales y la captura institucional.

Porque el surf mexicano no está en decadencia. Lo que está en decadencia es la estructura que pretende administrarlo sin rendir cuentas. El talento de México sigue ahí, creciendo en cada playa, en cada estado, en cada familia que sostiene el sueño de una carrera deportiva pese a la precariedad.

English version

Mexican Surfing: The Federation That Abandons Its Athletes

Mexico has enough talent to fill a complete junior world team: twelve spots, six women and six men, the maximum allowed per country in the International Surfing Association (ISA) Junior World Championships. However, in 2025, the Mexican Surfing Federation decided to send only four athletes, leaving eight official spots unfilled. Eight lost opportunities. Eight sporting careers arbitrarily cut short, not due to a lack of skill, but due to poor administrative decisions and incompetent federation management.

The situation is so absurd it seems like fiction, but it is documented by athletes and coaches. This situation is not due to a lack of talent: it’s a lack of transparency, of processes, of internal democracy. For almost three decades, the same names have controlled the board, being re-elected time and again while Mexican surfing progresses despite them.

From the failed Paddleboard World Championship in Sayulita in 2015—which left a $200,000 debt and an international sanction that was never clarified—to the arbitrary selection of athletes, the federation has accumulated irregularities, mistreatment, and decisions that directly harm those it should protect: the athletes.

The Origin of the Lack of Transparency: The Unexplained Debt

2015 marked the beginning of the institutional decline of Mexican surfing. That year, the Mexican Surfing Federation attempted to organize a paddleboard world championship in Sayulita, Nayarit. The event was such a colossal failure that it had to be rescued by the International Surfing Association (ISA). The intervention resulted in a $200,000 fine, a figure that no one has been able to clarify to this day: How was the debt generated? On what terms was it negotiated? Who is currently managing the federation, and under what criteria is it being managed? How much has been paid, and how much remains outstanding?

To date, the federation has not made public any detailed or verifiable information. Communication has been fragmented and directed primarily to a few state associations, while the rest of the surfing community remains without access to transparent data. What exists is not transparency, but rather a zone of sustained ambiguity.

But the consequences were not minor: they were financial, direct, and fully attributable to the Federation. Following the debt, the International Surfing Association (ISA) banned Mexico, preventing its participation in official competitions. As an immediate consequence, young paddleboard competitors, duly selected, purchased airline tickets from Puerto Vallarta to Mexico City with their own funds, intending to buy international flights from Mexico City to France to participate in the ISA World SUP & Paddleboard Championship held in Les Sables d’Olonne, France, between September and October 2023, and were illegally prevented from competing by a sanction that was no fault of their own. The Mexican Surfing Federation committed to reimbursing expenses but failed to fulfill this obligation, causing direct financial damage, as well as sporting and moral harm to athletes who acted in good faith. These actions may constitute administrative liability, financial liability, and even violations of the athletes’ rights, as they were deprived of competing for reasons beyond their control and without effective redress mechanisms.

The Board of Directors That Clings to Power

When a sports organization stagnates, it’s not by accident: it’s due to its structure. In this case, a closed, hierarchical structure that has remained unchanged for decades.

The Mexican Surfing Federation, A.C., is the governing body of this sport in Mexico, officially recognized by the International Surfing Association (ISA) since 1987. Names like Alfonso Polidura (on the board of directors since the 1990s), Luis Skeen (one of the federation’s founders) , and David Hernández “Jamaica” (active since the 2000s), have remained entrenched. Positions change, faces don’t. The board of directors must be renewed every four years. When a “new board of directors” was elected in 2016 (the same members, but with different positions), the result was even worse: communication decreased, authoritarianism increased, and processes became even more opaque.

In 2016, after the financial scandal stemming from the Sayulita World Cup fiasco, the federation was forced to formally remove the then-president, without altering the core of power. The solution adopted was to bring in an external figure: Gerardo Lagunes Gallina, a politician linked to the PRI, presented to the state associations as the “best option” to negotiate the international debt and pay it off gradually, thanks to the “political experience and management skills” that the board of directors cited.

Once the new term was consolidated, the federation’s behavior did not moderate: official communication diminished, authoritarianism deepened, and processes became even less transparent. From then on, according to repeated complaints from state associations, a systematic strategy of exclusion began: discretionary changes to internal regulations, administrative sanctions for minor or ambiguous offenses, and the disqualification of entire associations, all with the practical effect of stripping them of their voting rights in the board renewal processes.

In 2020, these same board members were re-elected. In 2024, they were re-elected again. And they will remain in power, if nothing changes, until 2028. Thus, the federation has built a system of institutional perpetuation without checks and balances, without effective oversight, and without democratic renewal, where the rules are modified to suit those already in control, and not built for the benefit of the development of Mexican surfing or its athletes.

National Selections by Appointment: The Death of Sporting Merit

One of the most serious—and most painful—complaints is the disappearance of merit. Winning a national surfing championship doesn’t guarantee a spot at a surfing world championship. Neither does being a finalist. On numerous occasions, the country’s best surfers haven’t been called up to the Mexican National Team, while others, without having earned their place, appear on lists whose selection process remains a mystery.

«The process was never explained» athletes and coaches repeatedly state. Because there is no process.

And the damage is not abstract: Mexican surfing has lost its global presence because the federation only sent 4 out of a possible 12 athletes to the International Surfing Association (ISA) World Junior Surfing Championship 2025, which was recently held from December 5th to 14th, 2025, in Punta Rocas and El Bosque, Lima, Peru.

This championship broke records, with 57 countries registered and around 424 young surfers participating. While the United States (including Hawaii and Puerto Rico) sends full teams totaling 36 athletes (12 from each territory: US, Hawaii, and Puerto Rico), meaning 36 opportunities representing a single country, Mexico sends only 4 athletes, leaving eight spots empty—an act of negligence that affects athletic careers, sponsorship opportunities, and dreams.

The young competitors were: Kalama Stratton (Oaxaca), Ana Lilia Gonzalez «Lilo» (Colima), Coral Monroy (Oaxaca), and Micael Román (Mexico-Peru).

The intention is not to discredit the talent or individual performance of any of these young people, several of whom had commendable showings—especially Ana Lilia González «Lilo»—but rather to question the selection process. None of them went through transparent qualification processes based on state or national titles, as did other athletes who competed and trained consistently for years to earn their place. The injustice lies not with those who were selected, but with a federation that substituted discretionary decisions for sporting merit, affecting those who did maintain a continuous and verifiable effort over time.

Other young athletes who were selectedd but unable to attend due to a lack of financial support were Nesher Díaz and Maya Mateja (both from Oaxaca). It should be noted that these two were selected at the last minute, therefore, they did not have time to request government support.

Another young athlete selected late was Lucas Enrique Senkbeil Cassity (Baja California Sur), seventh place in the U16 World Championships in 2024. Even so, he was selected  at the last minute, making any logistical preparation for an international trip impossible.

It’s worth noting that Lucas Senkbeil is an exceptional case, as he’s the only junior (under 17) to have reached the WSL Challenger Series. It’s crucial to distinguish between two completely different circuits. The International Surfing Association (ISA) organizes world championships by nation, with maximum quotas per country and selection processes that depend on national federations. In contrast, the World Surf League (WSL) is an individual professional circuit, where athletes don’t compete by country, but rather by ranking, points, and direct qualification. There are no «national quotas» or federation decisions: athletes advance based on their own competitive merit.

This means that Lucas Senkbeil is already competing in the big leagues of international surfing, independent of any national federation. His initial exclusion and late inclusion were not only inconsistent, but also demonstrate a profound disconnect between the federation and the reality of high-performance international surfing.

However, while access to professional circuits like the World Surf League (WSL) demonstrates an undeniable competitive level, the official and decisive route for Olympic qualification remains the International Surfing Association (ISA). Results in ISA events determine the Olympic quotas for each country and depend on the endorsement of national federations. Excluding, delaying, or arbitrarily managing athletes’ participation in ISA competitions is no small matter: it directly affects their chances of Olympic qualification, disrupts strategic sporting processes, and jeopardizes years of preparation that cannot be recovered.

From the Baja California peninsula, several youth athletes who met the sporting requirements were excluded, including: Israel Rosas (Baja California), national runner-up in the National Junior Championship 2025; and Coral Jeanne Bonilla Bishop “Coco” (Baja California Sur), national junior champion in 2024, 2023, and 2022. Lucas Andrés Nobili Tsabar (Baja California Sur), champion in the 2025 National Junior Championship; Tiago Sorrentino Reyes (Baja California Sur), #41 world U 16 ISA 2024; Anthony Marlín Corado Razo (Baja California Sur), 2nd place in the 2025 National Junior Championship and 1st place in 2024; Luciana Salas Olivares (Baja California Sur), 3rd place in the 2025 National Junior Championships; Vali Olea (Baja California Sur), 3rd place in the state junior championship.

There are many other talented junior athletes from the other states: from Colima, Luis Gabriel Huerta; from Nayarit, Mateo Cadena and Coral Muñoz; from Oaxaca, Cielo Ibarra; among others.

They were not selected, not due to a lack of talent, but because of a federation management incapable of guaranteeing minimum standards of merit, planning, and sportsmanship.

This can be interpreted as a structural incompetence of a federation that is turning Olympic qualification into collateral damage of its mismanagement.

This same pattern is particularly evident in the case of Coral Jeanne Bonilla “Coco”, an athlete who has consistently excelled in recent years and was left out of the selection process in her final year as a Junior, a crucial and unrepeatable moment in any athlete’s career. This is not just a sporting injustice: this exclusion directly violates the principles of merit, equal opportunity, and the protection of the development of underage athletes, causing competitive, emotional, and professional damage that is difficult to repair afterward.

This pattern of discretionary decisions is not limited to the selection of athletes. The appointment of coaches for international competitions has also been criticized as arbitrary, lacking clear evaluation processes, technical consensus, and public criteria. Coaches with experience, certifications, and a proven track record have been sidelined, while individuals without recognized training or a real connection to the athletes’ development processes are appointed, perpetuating a system of exclusion and opacity that further undermines institutional credibility.

Who is really training Mexican surfers?

There’s a truth the surfing community knows, but rarely states clearly: the federation didn’t train the country’s champions, nor the best surfers in Mexico.

Not Jony Corzo. Nor Alan Cleland. Nor Lucas Senkbeil. None of the surfers in the outstanding new generations emerging from Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Oaxaca, or Colima have been trained by the federation.

The training comes from the ground up: from surfer parents, local coaches, sponsors, families who pay for trips, boards, schools, and state surf associations that organize tournaments, qualifiers, and training sessions.

—»The federation is a joke»— says Diego Cadena, many-time national and state champion of Nayarit during his competitive career, in an interview conducted via Zoom. —»They’re insensitive, good for nothing.»

Diego Cadena, one of the best Mexican surfers of past decades, is from Sayulita and comes from a family of fishermen. He competed from a very early age in the ALAS Latin Tour circuit and obtained relevant victories, such as his triumph in Playa Venao (Panama) in the 2017 ALAS Latin Tour, in addition to competing in key dates of the ALAS since at least 2010. He explains that the federation did not train him, nor any outstanding surfer in the entire history of Mexican surfing.

— “I was born here in Sayulita, I grew up surrounded by fishing nets, hooks, pangas, tides, and the smell of fresh bait. Surfing wasn’t given to me by any institution; it was given to me by the land, the community, and daily work”—he recounts— “My older brothers taught me to stand up on a board—broken boards, with holes, abandoned by gringos… My friend since childhood was Kalle Carranza; he was my surfing partner. We disciplined each other. We never had a surf coach.”

“Later, I started getting sponsors. The only one who supported me once was Juan Muñoz, a surf photographer from Panama. He took me to the ALAS Latin Tour in 2010.”

CONADE is the one that offers scholarships, not the federation. On paper, it flows through the federation. But the federation only appears when it’s time to take credit. When it’s time to work, it’s nowhere to be found. When it’s time to support athletes from low-income backgrounds, it’s nowhere to be found. When it’s time for transparency, it remains silent. When it’s time to provide support, it fails.

The case of Diego Cadena is not an exception, but a pattern: talent that was not nurtured, but rather contained; not promoted, but held back. Surfers with international caliber whose careers were cut short not for lack of ability, but due to federation decisions that closed doors, delayed processes, or simply sabotaged them. The result is a generation—and several more—of wasted talent.

Violence, misogyny, and internal punishments

The institutional deterioration is not only administrative: it’s human. Episodes of verbal violence and misogyny have been documented within the federation. Athlete Risa Mara Machuca was insulted about her physique on social media by Alfonso Polidura, secretary of the Mexican Surfing Federation. (FMS), after publicly stating that the federation capitalizes on the image and effort of athletes trained outside its structure. Instead of taking responsibility or opening a dialogue, the response was verbal aggression.

Risa Mara’s critique pointed to a fundamental problem: that the images disseminated on the federation’s official social media, especially Facebook, are a compilation of photographs of athletes from different states, taken in diverse contexts, and that there is a substantial difference between documenting what happens in Mexican surfing and allowing the perception to be constructed that the federation directly trains, develops, or mentors these athletes. Her criticism revealed a symbolic appropriation of the work carried out by communities, coaches, and families outside the federation’s structure.

This is not an isolated case. The federation has historically responded to criticism with more aggression, more bans, and more sanctions. On December 6, 2025, in the midst of the ISA Junior World Championship, the Mexican Surfing Federation issued a flier laying out the Code of Ethics. Citing the ISA, the Convention on the Rights of the Child, and national legislation, the handout warned of possible sanctions for comments, publications, or expressions that could be considered offensive to underage athletes. https://www.facebook.com/share/p/1BoSPtv4Ty/ .

While the protection of children and adolescents is unquestionable and mandatory, this flier did not address the substantive complaints about selection processes, exclusions, bans, or unfulfilled refunds. Instead of clarifying institutional decisions that directly affected youth athletes, it shifts the focus to public discourse, generating a discouraging message that reinforces the fear of speaking out within the community. Thus, the federation invoked international standards to warn against criticism but offers no verifiable information or accountability mechanisms, deepening the distrust it claims to wish to combat.

At the same time, various surfing associations in different states were banned or had their voting rights restricted. Members of associations have been threatened with exclusion from national competitions. Those who speak out—like the athlete—are subjected to these threats. And coach Jesús Velázquez, who has published videos pointing out irregularities within the federation, has been sanctioned, excluded from invitations to master-level competitions, for exercising his right to freedom of expression.

Angélica Sánchez, a SUP surf coach and athlete, explained in a video call interview that, prior to the 2024 Paddleboard World Championships in France, an attempt was made to fabricate an alternative narrative to conceal the fact that Mexico was suspended by the ISA due to non-payment. According to her testimony, she was asked to tell athletes and their families that the lack of resources was due to alleged administrative irregularities unrelated to the federation, when the real cause was an accumulated debt with the ISA.

Sánchez recounts that, after refusing to support this version of events, the athletes were left unable to compete, despite having purchased their own plane tickets for the Puerto Vallarta–Mexico City route, with the promise that these expenses would be reimbursed.

To date, no refunds have been issued. The impact was not only financial: several junior athletes abandoned the sport after their competitive journey was cut short, and at least one of them required therapy due to the emotional blow of the world championship cancellation.

When a federation punishes those who speak out, we are not dealing with a sporting problem.

We are dealing with an abuse of power.

Systematic breach of obligations

The situation described can no longer be interpreted as an “internal conflict” within Mexican surfing. It is not a sporting dispute: it is a possible systematic breach of legal obligations. A sports federation with official recognition operates under strict regulations that include transparency, internal democracy, accountability, and the protection of its athletes’ rights – The Mexican Surfing Federation – has failed in each of these areas, according to testimonies and documented facts from state associations and athletes.

The $200,000 debt that remains unexplained; the international sanction that excluded athletes; the lack of financial reports; non-transparent elections; the arbitrary disqualification of states to prevent voting; handpicked national teams; verbal abuse; vetoes without legal basis; and the unjustified suspension of young athletes who had already completed their qualifying process – these factors create a scenario that requires immediate intervention from the competent authorities.

The Sports System in Mexico

The National Commission for Physical Culture and Sports (CONADE), as the highest authority in national federal sports, has the power to: review the federation’s regulatory compliance, request financial and administrative reports, order mandatory audits, and determine whether the revocation of sports recognition is warranted.

The Mexican Sports Confederation (CODEME), as the regulatory body for federations, can: analyze statutory irregularities, intervene in electoral processes, suspend or remove governing boards that do not comply with democratic principles, and issue sanctions or binding recommendations. In addition, other mechanisms are available: the Internal Control Body of the Ministry of Public Education, in cases of misuse of public funds; the sports oversight bodies of CONADE itself; child and adolescent protection agencies (if it is determined that young people were affected by arbitrary decisions), and administrative or judicial channels, if state associations decide to proceed before civil or administrative courts.

Mexican surfing is at a turning point. What is happening today is neither minor nor isolated: it is structural. A federation that leaves eight spots vacant in a world championship, that punishes those who speak out, that insults those who raise their voices, that hides debts, that blocks elections, that normalizes favoritism, and that harms its own athletes, is not fulfilling its legal nor moral mandate.

It is time for the country’s sports authorities to act. Not to benefit one group over another, but to restore what never should have been lost: the integrity of the sport, justice for the athletes, and trust in the institutions.

Demands of the Mexican Surfing Community

The surfing community is asking for the bare minimum necessary for a sport to grow: dignified treatment, transparency, clear rules, and genuine democratic processes.

First, an external, independent, and public audit is needed to clarify the management of resources, particularly public funding obtained through CONADE (National Commission for Physical Culture and Sport), the status of the debt owed to the ISA (International Surfing Association), and the legality of administrative decisions that have affected athletes. It is essential to review how federal funds and sports scholarships have been managed and accounted for, as well as the criteria used to allocate them. The goal is not to impose sanctions prematurely, but to guarantee transparency and accountability.

Second, the entire board of directors must be renewed through an open, verifiable process with the effective involvement of CODEME (Mexican Surfing Commission), CONADE, and the Mexican Olympic Committee (COM). This process should not be limited to mere observation, but must guarantee the equitable application of the rules, the protection of the voting rights of the associations, and prevent the federation from acting as both judge and jury. In practice, the Mexican Surfing Federation concentrates functions that shouldn’t coexist in a single entity: it defines the rules, interprets them, decides who complies with them, and based on this, determines which associations have voting rights. CODEME and CONADE have been present as observer bodies, but without intervening to correct these practices or curb the discretionary application of the regulations. This has allowed arbitrary decision making to become the norm and the same group to remain in power for decades, eroding the institution’s ability to function.

Furthermore, it is essential that certain basic principles be enshrined within the federation’s regulatory framework: the right of associations to vote, the criteria for selecting athletes, and the participation requirements cannot be modified arbitrarily, opportunistically, or retroactively. No sports authority should have the power to alter the rules of the process while it is underway, nor to adjust the regulations to suit the group in power. Without robust rules and effective checks and balances, there can be no talk of internal democracy or legitimate sports governance.

The third point is to make the selection criteria transparent: publishing calls for applications, scoring systems, requirements, and ranking tables so that no young person will ever again lose their opportunity due to arbitrary decisions.

The fourth point—and perhaps the most important—is the modification of the Mexican Surfing Federation’s bylaws to effectively incorporate athletes and coaches based on verifiable sporting merit, not imposed by federation appointment, into the process of designing and evaluating sports policy, with full voting rights. This implies recognizing the participation of national champions and high-performance athletes whose results are supported by official competitions and public criteria, as well as coaches who have guided accredited competitive processes in order to prevent strategic decisions from being concentrated exclusively in a technical or administrative role.

As long as the bylaws continue to prevent the direct participation of athletes and coaches in decision-making, the federation will continue to operate under a closed, self-referential system without real checks and balances. Federations do not exist for themselves: they exist for those who sustain the sport through real competitive experience.

The renewal of the board of directors cannot be understood as a simple change of names, but rather as the mandatory adoption of a new governance framework. These rules and checks and balances must govern not only the incoming administration, but any future board of directors, to prevent the repetition of discretionary practices and institutional capture.

Because Mexican surfing is not in decline. What is in decline is the structure that attempts to manage it without accountability. Mexico’s talent is still there, growing on every beach, in every state, in every family that sustains the dream of a sports career despite the precariousness.