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Sin autorización de impacto ambiental y forestal iniciaron desde el año pasado la destrucción de vastas áreas de flora en Cabo del Este. Al mismo tiempo, la nueva traza inició el bloqueo de accesos tradicionales a playas, lo que impide ejercer el derecho de tener nuestras playas libres para disfrute de las y los sudcalifornianos.
Ni las cuatro denuncias por daños ambientales en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ni los reportes de ambientalistas y gente que habita la zona en redes sociales, han logrado parar el despojo de caminos rurales en el corredor de alto valor inmobiliario y turístico que inicia al norte de San José del Cabo, que pasa por el Parque Nacional Cabo Pulmo y termina en La Ribera.
Un ejemplo es lo que ocurre en la Delegación de Santa Catarina, en el municipio de Los Cabos, donde FAMTUES SA de CV construye el “Camino Acceso del Proyecto Pindojo”, el cual tiene una longitud de 6,439 hectáreas dentro del Lote Le de 1,332 hectáreas, propiedad de INMACOR DESARROLLOS, S. A. DE C. V, misma empresa señalada en un principio por la activista Blanca Pedrín como la culpable del despojo de caminos tradicionales costeros y el daño ambiental en la zona.
Incluso, como ya lo mencionamos anteriormente en El Organismo, Excélsior informó que FAMTUES SA de CV y INMACOR DESARROLLOS SA DE CV están involucradas en fraudes inmobiliarios con los bancos españoles Bankia y Caxia Bank.
El segundo en mención, representada por Jorge Mercade Dura y Andrés Rubén Castillo Hernández, vendió los predios Vinorama y Piedras Bolas valuados en 370 millones, por ser una de las zonas de más alta plusvalía, a solo 10 millones de dólares lo que sería reportado a un precio menor a Catastro del Ayuntamiento de Los Cabos.
Conforme a lo descrito en la Manifestación de Impacto Ambiental tipo particular, aún en evaluación por la Delegación de la Semarnat, buscaban desmontar una superficie de 6.037 hectáreas con un costo en la remoción de la vegetación de 40 millones 350 mil pesos. Al parecer la cercanía del antiguo camino les estorbaba, por lo que crearon una curva para dar más espacio cerca de la playa, aunque esto significaba cerrar los accesos que los locales utilizaban.
Lo interesante es que la Junta Estatal de Caminos (JEC), al final del periodo de Carlos Mendoza Davis (2015-2021) al frente del Gobierno de Baja California Sur, fue contratada por 9 millones 539 mil 929.27 pesos por Famtues SA de CV, según consta en JEC-FAMTUNES-BCS-AD-OBR-04/2021, para desarrollar obras de terracerías, drenaje y señalamiento en los tramos KM 40+215.55 al kilómetro 43+387.01 con una longitud de 3,171.46 metros lineales.
Aunque el contrato en propiedad de El Organismo tiene tachado los nombres del director general de la Junta Estatal de Caminos (JEC), gracias al recibo de anticipo con fecha del 4 de agosto de 2021, se lee el nombre Víctor Manuel Sánchez Abarca, quien asumió el puesto el 2 de febrero de 2021, unos meses antes de terminar la administración. El apoderado legal de Famtues SA de CV es Joaquín Armando Sánchez Tapia.
“Además, tomé protesta a Víctor Manuel Sánchez, como director de la Junta Estatal de Caminos (JEC), en sustitución de Carlos Lascurain Ochoa, a quien agradezco su compromiso para la atención de más de 3 mil kilómetros de caminos de la red estatal”,
dijo el panista Carlos Mendoza Davis durante la toma de protesta.
La JEC es un órgano descentralizado creado el 20 de diciembre de 1984, según el decreto número 653 y publicado en el Boletín Oficial del Gobierno de Baja California Sur, durante la administración del priísta Víctor Manuel Liceaga Ruibal, conformado por el Consejo de Administración presidido por el mandatario estatal en turno junto a un secretario general que será quien represente a la Secretaría de Financias, en este periodo, Isidro Jordán, mano derecha de Mendoza Davis.
Desde el 24 de septiembre de 2021, la ciudadanía preocupada por el robo de playas lanzó una petición en Change.org en la que señalaron que son 10 kilómetros de caminos costeros rurales (Zacatitos, Santa Elena, Boce del Tule) los que han sido obstruidos. Hasta el momento 16, 522 personas han firmado para exigir se detenga esta obra irregular.
Aún no hay información del megaproyecto Pindojo, por la vocación turística-inmobiliaria de la marca Cabo del Este. Además de la cercanía con la playa, personas consultadas del área rumoran que se trata de otra obra de desarrolladores.