Luego de que los representantes legales de Cimarrones de Loreto S.A. notificaran de su inconformidad el pasado 13 de abril al Ayuntamiento de aquel municipio, respecto al vertedero de aguas negras del que son víctimas en un predio de su propiedad, la presidenta municipal ha respondido por medio de un oficio en lo que es, al menos, el inicio de un dilema entre un particular y «el bien público».

Y es que el Organismo Operador de Agua Potable de Loreto (OOMSAPAL) vierte aguas negras en un terreno nada alejado del centro, que conduce a las lagunas pero que contamina de manera irreversible la propiedad de los inconformes. Por lo que éstos notificaron a la presidenta municipal Paola Cota Davis de que cerrarían por ellos mismos la tubería que contiene las aguas no tratadas, pues les está afectando, a lo que la presidenta respondió que de hacerlo «afectarían a la salud de la población».

Agregó que «no resulta viable y menos correcto» el realizar esa acción pues tendría un alto impacto, dijo, en la salud pública y el ambiente, mucho mayor al que de por sí ya está provocando estas acciones o inacciones de la Conagua y el OOMSAPAL.

Señaló que de cortar el flujo de la tubería estaría «cometiendo entonces sí y de manera dolosa el delito contemplado en el numeral 415 del Código Penal Federal, por lo que lo invito a que se abstenga de realizar esta acción y resolvamos la problemática que aduce en caso de existir, de la mejor manera y conjuntamente».

La cuestión es que a manera de ultimátum, Cimarrones de Loreto informaron de que clausurarían la tubería si el Ayuntamiento no da una solución a corto plazo, pues el desperfecto se debe a la deficiente Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, cuyo problema no es precisamente reciente.

Así que se les ha respondido por parte del Ayuntamiento mediante un oficio en el que, como hemos dicho, se considera inviable, y de hecho con dolo, la clausura de la tubería. Ante esta respuesta los afectados tomarán acciones legales contra el Ayuntamiento de Loreto, por no responsabilizarse de los daños causados tanto al predio, a la empresa y a la población en general.

El daño a los propietarios del predio ya está hecho, el daño que argumenta el Ayuntamiento estaría por verse, y la acción legal parece que implicaría un monto pero no se ha hablado aun de una solución de carácter técnico, o tecnológico para la tubería en sí misma, ni para la mejora de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Loreto, un problema que se está desparramando por varios lados.