Una de las dos empresas acusadas de fraude, especulación, lavado de dinero y despojo, beneficiada además por la  Junta Estatal de Caminos (JEC) en el gobierno de Carlos Mendoza Davis, fue sancionada ahora por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por daños al ambiente.

 La JEC inició trabajos para las compañías FAMTUES SA de CV e INMACOR DESARROLLOS, S. A. DE C. V, un conglomerado formado por Juan Vicente Ferri Guardiola, José Salvador Baldo Llorens y Juan Poch Vives y los bancos Bankia y Caixa Bank o Banco de Valencia, llamado Grupo Grand Coral. Sin embargo, la Profepa corroboró que no contaba con autorización de impacto ambiental de la autoridad mexicana.

En El Organismo informamos en exclusiva los contratos firmados entre la JEC e INMACOR DESARROLLOS, S. A. DE C. V bajo el folio JEC-FAMTUNES-BCS-AD-OBR-04/2021, oficializando el pago de 10 millones de pesos al gobierno de Carlos Mendoza Davis para construir un camino de acceso para el proyecto Pindojo, dentro de los predios lote K y L, conocido también como Vinoramas con una extensión de 1,333 hectáreas.

Es justamente FAMTUES SA de CV quien solicitó autorización para desmonte de 6,439 hectáreas a la Delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). En la manifestación de impacto ambiental calculó esta acción con un costo en la remoción de la vegetación de 40 millones 350 mil pesos.

FAMTUES SA de CV pagó a la JEC 9 millones 539 mil 929.27 pesos para desarrollar obras de terracerías, drenaje y señalamiento en los tramos KM 40+215.55 al kilómetro 43+387.01 con una longitud de 3,171.46 metros lineales.

La Subdelegación Jurídica de la Profepa en BCS informó a la Unidad de Denuncias Ambientales, Quejas y Participación Social, a través del oficio PFPA/10.1/2C.27.2/050/2022, del resolutivo dentro del expediente PFPA/10.3/2C27.2/0064-21 que se traduce en una sanción económica, suspensión temporal total.

 «Respecto de las obras y/o actividades de cambio de uso realizado en el predio, así como la imposición de medidas correctivas consistentes en la reparación del daño al ambiente», se lee en el documento.

La delegación federal no dejó claro de cuánto sería la multa monetaria, pero declaró que se basaba en los artículos 189, 191 y demás relativos y aplicables de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Tramposamente la nueva brecha no sólo desmontó varias hectáreas sino que bloqueó un acceso tradicional a la playa Boca del Tule. Este lugar es usado desde hace 50 años por pescadores y por surfistas.