Luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó el acuerdo para regularizar vehículos traídos de Estados Unidos a Baja California, la idea de que esto ocurra en Baja California Sur pareció molestar a los grandes distribuidores de automóviles de las principales marcas.

Mientras el aparato gubernamental estima que la inminente regularización de los autos “chocolate” en la entidad, que podría ofrecer recursos adicionales al Gobierno de BCS, el sector empresarial del estado lamentó que la legalización por decreto de miles de automóviles importados de manera irregular en el estado, representa un atentado a la industria automotriz mexicana.

 Por su parte, la titular de la Secretaría de Finanzas y Administración en el estado, Bertha Montaño Cota, afirmó recientemente que en su despacho se ha dado seguimiento al proceso que ha iniciado el Ejecutivo Federal hacia la regularización de dichos vehículos.

“Ya revisamos el decreto que expidió el gobierno federal en agosto, así como los lineamientos y reglas que se expidieron ya y habíamos estado trabajando con eso ahora que el presidente está haciendo ya el anuncio del programa que se va a expedir, nos va favorece a nosotros. Cuando nosotros captamos recursos, contribuciones que le competen a la federación, la federación hace una especie de incentivos por esa recaudación, eso normalmente anda en el rango del setenta por ciento del ingreso”, expresó.

En ese sentido, afirmó que al Gobierno del Estado le interesa la participación de esta medida no solo por la recaudación sino por el problema de los autos ingresados ilegalmente a la federación.

De acuerdo con declaraciones periodísticas de las asociaciones que importan autos “chocolate” o “americanizados” al país desde la frontera norte, se está hablando de más de 35 mil vehículos que circulan actualmente en todo el territorio estatal.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, en Baja California Sur hay un total de 177 mil 325 vehículos automotores registrados en la entidad por lo que los vehículos irregulares que circulan gracias a los amparos de asociaciones como Anapromex, Onappafa y otras podrían sumar un 20% más al parque vehicular sudcaliforniano.

Pero la Confederación Patronal de México (COPARMEX), en la entidad,  ya puso el grito en el cielo ante la expedición del decreto presidencial que regulariza los autos “chocolate” o “americanizados”.

“Es como darle un cheque en blanco a la delincuencia ya que muchísimos de esos tipos de vehículos venían entrando al país de contrabando y sin duda ponen riesgo varios ejes, como el empleo de 2 millones de personas en México que trabajan en la industria automotriz, va afectar la recaudación de impuestos como el IVA, ISR e ISAN que son impuestos que venían beneficiando por la adquisición de vehículos tanto nuevos como usados”, expresó el líder del sindicato patronal, Gustavo Díaz Tronco  en conferencia de prensa.

La menor recaudación dijo no es positiva para el estado, daña la s ya de por sí afectadas aportaciones federales que recibe el BCS, dijo al ver una disminución en la captación de impuestos.

En ese sentido, Díaz Tronco informó que la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotrices (AMDA) ya estima una caída en 20 por ciento del mercado de las ventas de autos de manera nacional. Y apuntó que las afectaciones también son ambientales, pues las unidades importadas de manera irregular pudieran circular legalmente en el estado, son viejas y por ello es muy viable una afectación al seguir trayendo estas unidades al medio ambiente.

Se espera el anuncio oficial de regularización antes de que acabe este año, y se estima que cada vehículo podría pagar una cuota de regularización de 2 mil 500 pesos o más.

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