La Paz, Baja California Sur.- Con 19 votos a favor y 2 en contra, el Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó este miércoles la reforma constitucional en materia del Poder Judicial, enviada por el Senado de la República. En dos sesiones extraordinarias, la asamblea avaló el dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia, que modifica, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución.
Durante la discusión, las posturas de los diputados se mantuvieron polarizadas. Guadalupe Saldaña (PAN) calificó la reforma como “tramposa” y señaló que busca apoderarse del poder judicial. Cuestionó la elección popular de magistrados, el número excesivo de boletas que dificultaría la votación y la creación de un tribunal de disciplina judicial.
Por su parte, Guadalupe Vázquez (Morena) defendió la reforma, argumentando que representa un avance hacia una justicia social más transparente y expedita. “Queremos dejar atrás los abusos, la opacidad y los privilegios para unos cuantos”, afirmó la legisladora.
Fabrizio del Castillo (PRI) expresó su rechazo a la reforma, advirtiendo que podría dañar a las instituciones que, según él, han sido fruto de años de luchas sociales. Además, solicitó que se diera voz a los trabajadores del Poder Judicial presentes en la sesión.
Alondra Torres García (PT) cuestionó a quienes se oponen a la reforma, destacando los privilegios de los ministros, como vehículos blindados, escoltas y viáticos. “La reforma busca la refundación del poder judicial, garantizando una justicia pronta y expedita para todos los mexicanos”, sostuvo.
Esta reforma ha sido objeto de controversia nacional debido a sus implicaciones. Entre ellas la elección popular de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y demás integrantes del Poder Judicial, la reducción del periodo de encargo de 11 a 9 años y la eliminación de salas para que la SCJN opere solo en pleno. Entre otras, desaparece la pensión vitalicia para los ministros y ajusta sus remuneraciones al tope máximo permitido para el Presidente de la República.