Alekz Aguila
El miércoles 5 de noviembre vimos una de las peores decisiones políticas y la que seguramente será una de las cicatrices que más tardará en sanar para el movimiento oficialista en Baja California Sur. En un gravísimo error de cálculo político, el Congreso del Estado votó por mayoría una iniciativa del gobernador Víctor Castro Cosío para reformar la Ley Estatal de Desarrollo Urbano, dotándole ahora de un superpoder para que de manera unilateral, este personaje —o cualquier que venga en las siguientes administraciones— pueda decretar cambios de uso de suelo sin importar lo que digan los Programas de Desarrollo Urbano.
Es importante comenzar señalando que la crítica a esta reforma de ley, en lo absoluto cuestiona la necesidad imperiosa en BCS de la creación de vivienda justa, adecuada y asequible. Sin embargo, en un acto que no se puede distinguir entre la ingenuidad o soberbia, Castro Cosío y su séquito de diputadxs acaban de gestar una bestia que, a la larga, puede resultar incontrolable y cuyas consecuencias más duras vivirá la población sudcaliforniana de a pie, ésa que le gusta salir al parque o caminar por el monte.
Para entender la problemática, se puede resumir de manera breve que con las modificaciones a la ley, el gobernador puede decretar ‘Polígonos para el Desarrollo o Aprovechamiento Prioritario o Estratégico’ sin apegarse a los procesos planeación territorial ni de consulta ciudadana; es decir, que con un plumazo de Víctor Castro, cualquier parque o espacio público puede pasar a ser uno de estos polígonos para la construcción inmobiliaria.
En la búsqueda de dotar a más población de la tan necesitada vivienda, se estarían eliminando predios con valor social y ambiental, para entonces generar más infraestructura gris que aumentaría la densidad social y el hacinamiento, pues esta dinámica es como la serpiente que se come la cola, pues al intentar dar vivienda adecuada, éncarecerá espacios públicos que precisamente serían donde se erigen las construcciones.
Castro Cosío podrá decir que el gobierno bueno de Morena no va a utilizar parques públicos para estos programas de vivienda, ¿pero quién le asegura que no lo hará así la próxima figura encargada del ejecutivo? Eso es ingenuidad, o peor aún, arrogancia de pensar que su ideología será la única que perpetúe a lo largo de los siguientes gobiernos en Baja California Sur, estado que está cada vez más presente en la agenda inmobiliaria y de despojo.
El gobierno de la denominada cuarta transformación no se está dando cuenta, o no quiere aceptar, que el riesgo que está tomando con tal de acceder a los recursos federales del Programa nacional de Vivienda nos deja en situaciones de alta vulnerabilidad no solamente a quienes habitamos aquí, sino que podría ser la punta de lanza para que esta reforma se replique en más estados de la república y entonces el despojo de los territorios urbanos sea con la venia gubernamental y de manera legal.
Si hubiera una verdadera intención de darle un hogar justo a las miles de familias que lo necesitan en este estado, lo primero que habría que cuestionarse es si la política impulsada por el ejecutivo centrado en el turismo y las rentas temporales es realmente una que conviene a quienes aquí habitamos y que ya hemos sido desplazados de las viviendas del centro que se han convertido en Airbnb.
Lo que Baja California Sur necesita es una conversación seria, larga y profunda respecto a un paquete legislativo que permita regresarle los hogares a las personas que no pueden acceder a los precios de la vivienda-mercancía, contar con tarifas justas de renta y arrebatarle al capital la tenencia de la tierra, nada nuevo para ciudades que ya pasaron hace décadas lo que estamos viviendo en La Paz y en Los Cabos, pero que definitivamente no está en la órbita de gobernantes que hoy solo tienen el interés del enaltecimiento político y reconocimiento masivo a partir de ser incapaces de enfrentarse a las causas sistémicas que nos están despojando de nuestro territorio.
Ni perdón ni olvido, para lxs siguientes diputadxs que en la Sesión Pública Extraordinaria del miércoles 5 de noviembre votaron a favor de la reforma de la ley que hará al gobernador todopoderoso sobre los terrenos públicos y que no fueron capaces de sostener su promesa de servir al pueblo:
