En busca de fortalecer la integridad y el desempeño ético de los servidores públicos en Baja California Sur, el Congreso del Estado ha recibido una iniciativa para actualizar la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios. La propuesta, presentada por la diputada Rosalva Vergara Martínez, busca garantizar el cumplimiento puntual de los principios y obligaciones que rigen la actuación de dichos funcionarios.
La iniciativa, analizada desde hoy en el recinto legislativo, tiene como objetivo principal establecer un marco legal que asegure el correcto desempeño de los servidores públicos, basado en principios fundamentales como la disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas y eficiencia.
Para lograr este cometido, la propuesta contempla una serie de reformas y adiciones a diversos artículos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur. Entre los cambios propuestos se encuentran la modificación de fracciones específicas del artículo 7, así como la adición de nuevas fracciones y párrafos en distintos artículos de la mencionada ley.
Una de las reformas más destacadas implica la inclusión de directrices que promuevan la aplicación efectiva de los principios mencionados anteriormente en la gestión de los recursos públicos, bajo el principio de austeridad. Asimismo, se propone prohibir la asociación de servidores públicos con inversionistas, contratistas o empresarios para establecer negocios privados que puedan comprometer su imparcialidad y objetividad, así como intervenir en procesos de selección, nombramiento o designación de personas con quienes tengan vínculos familiares.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos para su análisis y dictamen, representa un paso importante hacia la consolidación de un sistema de responsabilidades administrativas más robusto y transparente en Baja California Sur. Se espera que, tras su estudio y eventual aprobación, contribuya a fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas y en el ejercicio del servicio público en el estado.