Dos objetivos busca la nueva iniciativa en favor de los jornaleros: que tanto el abandono como la retención de su salario sean tipificados como delito, alcanzando penas de hasta uno a tres años de prisión y multa de 500 a 3 mil días. En caso de que el abandono ponga en riesgo la salud de la víctima, los años de prisión variarían de 3 a 7.

Esta iniciativa fue presentada por la diputada María Luisa Trejo Piñuelas, señalando que buscan erradicar este tipo de conductas y se respeten a plenitud los derechos de los jornaleros en Baja California Sur; conductas que además afectan a toda nuestra sociedad, agregó.

La diputada recordó ante el pleno el gran número de trabajadores agrícolas que recibe la entidad y lo común que es que se les deje a la deriva, abandonados, en un lugar donde no tienen familiares y acaso uno que otro amigo ni lugar donde cubrir «sus necesidades sanitarias elementales y dormir».

Comondú, Valle de Vizcaíno y la zona sur del estado son los sitios a donde más acuden en busca de empleo, contratados por agroempresas desde sus lugares de orígenes, y otros quienes son atraídos por enganchadores o intermediarios, formando así grupos de jornaleros que van ofreciendo su trabajo a productores agrícolas.

Claro, estas personas, con muchas carencias, vienen esperanzadas con recibir seguridad social y vivienda derivada del empleo, pero cuando los contratistas los dejan abandonados, tienen pocos recursos para volver, y es a esa práctica a lo que va enfocada la propuesta de tipificación como delito.

«Lamentablemente este tipo de conductas son cada vez más recurrentes, ya que nos enteramos que jornaleros agrícolas y sus familias son abandonados en el territorio del estado, sin reparo alguno, dejándolos como simples objetos, sin pensar en sus necesidades y en las de sus familias, sin contar muchas veces con recursos económicos para poder regresar a sus lugares de origen o bien encontrar otra fuente de empleo»,

Y por último e igual de grave pues significa el recurso para salir de la difícil situación, es que se les recorta o priva del salario al trabajador, sin intervención judicial al respecto.

La propuesta de reforma al Código Penal ya fue turnada a comisiones para que se evalúe y dictamine.