La Paz, Baja California Sur.- En busca de fortalecer la estructura gubernamental para abordar las violaciones a los derechos humanos de manera más efectiva, la Diputada María Guadalupe Moreno Higuera ha presentado una Iniciativa con Proyecto de Decreto que propone otorgar mayores atribuciones a las secretarías y dependencias en materia de Derechos Humanos en el estado de Baja California Sur.
La propuesta, que implica reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur, tiene como objetivo principal crear nuevas políticas públicas destinadas a prevenir y abordar incidencias de violaciones a los derechos humanos. La Diputada destaca la necesidad de contar con áreas administrativas capaces y responsables de llevar a cabo estas políticas.
La Iniciativa propone establecer una dirección, coordinación o área administrativa, dependiente directamente de la Secretaría General de Gobierno. Este enfoque tiene como fin promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, siguiendo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Al respecto, la legisladora expresó: “La realidad social que paulatinamente experimentamos de momento en momento los sudcalifornianos, inspira para que cada servidora y servidor público, autoridad competente o responsable de desarrollar alguna tarea o función pública, lo haga de la mejor manera posible.”
En su explicación, Moreno Higuera enfatizó que la investigación y defensa de los derechos humanos continuarán llevándose a cabo en el órgano constitucional competente del Estado Sudcaliforniano. Sin embargo, propuso que los programas de promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos en Baja California Sur deberían realizarse de manera coordinada y colaborativa entre el área de la administración pública estatal y el órgano garante.
La legisladora aseguró que esta colaboración no implicará la invasión de competencias entre ambos, ni la duplicidad de funciones. Recordó que, según el tercer párrafo del artículo primero constitucional, todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios rectores.
La propuesta de la Diputada María Guadalupe Moreno Higuera busca, en última instancia, mejorar la capacidad del gobierno estatal para abordar y prevenir violaciones a los derechos humanos, estableciendo un marco normativo más robusto y coordinado.