La XVI Legislatura del Congreso de Baja California Sur aprobó reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad para el Estado, con el objetivo de prevenir cualquier tipo de discriminación por orientación sexual en la procuración de justicia en la entidad. Estas reformas buscan garantizar que los casos relacionados con la orientación sexual o identidad de género sean tratados sin prejuicios ni discriminación.
La iniciativa para estas reformas fue presentada por la diputada María Guadalupe Moreno Higuera, quien representa la diversidad en la asamblea legislativa. La propuesta busca eliminar las barreras sociales y legales que han afectado a las personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgénero, intersexuales y queers, en el ejercicio de sus derechos.
En la sesión ordinaria del jueves 20 de abril, la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia presentó el dictamen basado en la iniciativa de la diputada Moreno Higuera, la cual fue presentada el pasado 19 de mayo de 2022. El objetivo principal de esta reforma es promover el respeto a los derechos de las personas que pertenecen a la comunidad LGBT+ y que a menudo enfrentan obstáculos en su acceso a la justicia.
La Comisión consideró pertinente la iniciativa, respaldándose en antecedentes como el Protocolo de Actuación Para Quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren la Orientación Sexual o la Identidad de Género, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en noviembre de 2015, y el Protocolo Nacional de Actuación para el Personal de las Instancias de Procuración de Justicia del País en Casos que Involucren la Orientación Sexual o la Identidad de Género, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 02 de febrero de 2018.
Las reformas realizadas incluyen la modificación de las fracciones I del artículo 46 y II del artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como los artículos 7 y la fracción I del apartado B del artículo 16 de la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad para el Estado. Estas modificaciones establecen que los jueces de ejecución tienen la responsabilidad de garantizar los derechos y garantías fundamentales de las personas sentenciadas o en detención, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, los tratados internacionales ratificados por el estado mexicano, los Protocolos e Instrumentos de atención a grupos vulnerables y esta Ley.
Con estas reformas, Baja California Sur da un paso importante para asegurar que todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, sean tratadas con igualdad y justicia en el sistema de procuración de justicia. Esta iniciativa representa un avance significativo en la lucha contra la discriminación y promueve un ambiente más inclusivo y respetuoso para la comunidad LGBT+ en el