“Estas solicitudes son las únicas dos de este tipo en haber sido presentadas en el país hasta la fecha“, Ortiz Amao.

La Paz, Baja California Sur.- La Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur ha emprendido acciones sin precedentes al solicitar al Congreso de la Unión el desafuero de dos diputados federales, Rubén Muñoz Álvarez (Morena) y Sonia Murillo Manríquez (PAN). Estas solicitudes, que datan del 8 de noviembre, según confirmó el Fiscal Anticorrupción del estado, Lenin Emiliano Ortiz Amao, se encuentran actualmente en espera de ser remitidas a la comisión instructora en la Cámara de Diputados.

En el caso de Rubén Muñoz Álvarez, la investigación se centra en su presunta participación en la autorización del cambio de uso de suelo durante su mandato como alcalde de La Paz en 2021, a favor del desarrollo inmobiliario “Punta Norte”. El fiscal Lenin Emiliano Ortiz Amao señaló que este proceso violó procedimientos, especialmente el Plan de Desarrollo Urbano, y que la modificación del plan también fue omitida, un requisito indispensable según la ley.

La solicitud de desafuero surge a raíz de una denuncia presentada por la asociación civil Frente por el Agua y la Vida, destacando preocupaciones sobre la disponibilidad de agua en la zona y los posibles impactos en los servicios municipales. El abogado Arturo Rubio Ruiz, representante de la asociación, subrayó que la aprobación del proyecto fue irregular, careciendo de estudios técnicos y desoyendo dictámenes desfavorables.

En respuesta a las acusaciones, Rubén Muñoz Álvarez denunció la situación como una “guerra sucia”, vinculándola a sus aspiraciones para la candidatura al Senado de la República con Morena. Insistió en que la mayoría del Cabildo respaldó el proyecto como beneficioso para el crecimiento de La Paz.

En paralelo, la solicitud de desafuero contra Sonia Murillo Manríquez, diputada del PAN, se relaciona con su presunta complicidad en el caso del ex secretario de Finanzas, Isidro “N”, vinculado a procesos de uso ilícito de atribuciones y facultades en detrimento del Gobierno del estado. El fiscal señaló que Murillo Manríquez, en su rol de contralora, habría firmado una resolución en apoyo a contratos millonarios otorgados a una empresa vinculada a su esposa.

El fiscal Lenin Emiliano Ortiz Amao destacó que las solicitudes de desafuero no están motivadas por razones políticas y que los acusados mantienen el principio de presunción de inocencia. Afirmó que, a pesar de las investigaciones en curso, los imputados pueden seguir con sus aspiraciones políticas y ejercer sus derechos electorales.

Es crucial mencionar que estas solicitudes de desafuero son extraordinarias, siendo las únicas dos de este tipo presentadas en el país hasta la fecha en el año en curso. El fiscal enfatizó que este hecho subraya la relevancia y la eficacia de sus esfuerzos en la lucha contra la corrupción en Baja California Sur.