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Para Melchor Soto Torres la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares para el Estado de Baja California Sur tiene muchas grietas.
La ley fue publicada el 16 de agosto de 2019, en el decreto 2621 del Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, gracias a la insistencia de familiares de desaparecidos. Sin embargo, las fisuras en este marco jurídico son usada por el poder, comenta Soto Torres, para realizar su labor en torno a tan delicado tema.
Para contrarrestar la falta de voluntad de algunos funcionarios, a principios de este mes presentó una iniciativa ciudadana para reformar la legislación promulgada en 2019 poner candados a las autoridades y robustecer andamiaje de Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Baja California Sur: <<Para que se cierren esas grietas>>.
12 años sin Lisset
Melchor lleva 12 años buscando a Lisset Soto. Frente a una ineficaz Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) que no investigó correctamente, entendió que él y su esposa enfrentarían la falta de apoyo y la revictimación institucional.
<< El caso, como todos sabemos, ocurrió el 14 de octubre de 2010 con una procuraduría totalmente inoperante que no supo hacer la investigación. La actual autoridad que lleva el caso me dice que si en ese entonces los del Ministerio Público hubieran hecho las búsquedas como marcan los protocolos, hubiéramos encontrado a mi hija. Hubo omisiones y por eso no encontramos a mi hija>>, expresó.
El padre de Lisset recordó cómo Erasmo Palemón Alamilla Villeda, cuando estuvo al frente de la PGJE, inició una investigación del historial de Melchor y su esposa en las 32 procuradurías de México.
<< No encontró nada y no inició una búsqueda real, es decir, simulación tras simulación, la constante es la revictimización hacia nosotros>>, puntualizó.
La iniciativa
La iniciativa pretende hacer una serie de reformas que deriven a reconocer los derechos de las víctimas, explica, a través de un mecanismo estatal de coordinación interinstitucional para dotar y obligar al representante de la Comisión Estatal de Búsqueda de BCS sesionar cada tres meses, además de permitir la instalación de un consejo ciudadano porque esto no está reconocido en el Boletín Oficial del Gobierno de BCS.
El respeto a los derechos de las víctimas es el eje fundamental dentro de las modificaciones presentadas por Melchor. Por ello, dijo existe una correlación con la Ley de Atención de Víctimas para el Estado de Baja California Sur, señalar la necesidad de que el Estado dé apoyo sicológico, jurídico para revisar las carpetas de investigación o monetario cuando se necesite la víctima trasladarse hasta la capital.
Melchor lo sabe bien. En su odisea por encontrar a su hija sufrió la indiferencia de las autoridades estatales, por lo que se puso a estudiar la carrera de derecho y ciencias políticas. Comenzó a vincularse con movimientos de familiares de víctimas de desaparecidos en América Latina y se vinculó a esfuerzos.
<< En ese sentido yo llevo 12 años en este caso, hasta la fecha no tengo un asesor jurídico en el estado>>, dijo.
Más obligaciones para la comisión
La iniciativa ingresada a la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas también pretende dotar de más obligaciones a quien represente a la Comisión de Búsquedas de Personas de BCS y busca que el Congreso del Estado pueda evaluar el desempeño de quien esté al frente de la misma.
Solicitó a legisladores de todos los partidos políticos que revisarán el contexto del tema de desaparición, “yo estaré para los debates que se necesiten estar y que ellos asuman su rol”.
<< Pido acompañar a toda la sociedad sudcaliforniana porque es un tema de derechos humanos y atención de delito, cualquiera de nosotros podemos ser víctima, por ejemplo, el tema de acoso sexual genera victimas que no tienen atención y apoyo, esa una muestra de que cualquiera puede sufrir un acto delictivo>>, finalizó.