El 15 de agosto de 2018, los grupos político adheridos al PAN celebraban la construcción de la primera terminal de gas natural de Baja California Sur. El mandatario estatal, Carlos Mendoza Davis, junto a integrantes de su gabinete, se reunieron en las instalaciones de Administración Portuaria Integral.
“El gobierno de Baja California Sur está listo para lograr una transición energética que promueva nuevas inversiones tanto públicas como privadas es este sector, siempre dentro de un programa de sustentabilidad que evite daños al medio ambiente”, dijo Mendoza Davis.
Allí se confirmó públicamente que la empresa estadounidense New Fortress Energy (NFE), recibía de API de Baja California Sur su aval para el desarrollo, construcción y operación de una terminal para la importación de gas natural licuado (GNL) en el puerto de Pichilingue, es una compañía acusada de tráficos de influencias y, además, construir una planta en San Juan, Puerto Rico, sin informar a las autoridades de su país.
Se suponía que la nueva planta de gas natural iniciaría operaciones en 2020, tendrá una inversión privada estimada en más de 3 mil quinientos millones de pesos y generará de inicio más de 200 empleos directos. Hasta el momento nada de eso pasó.
Las irregularidades
El más reciente escándalo, ocurre cuando la Comisión Federal de Energía Regulatoria (FERC, por sus siglas en inglés) del Gobierno de Estados Unidos, solicita a New Fortress Energy explique porque no solicitaron permiso para construir y operar una terminal de gas natural, adyacente a otro que sí fue autorizado por las autoridades, el cual, era el primero en su tipo después de la devastación del huracán de 2017 que destruyó la red eléctrica en la isla.
Desde el 23 de junio de 2020, la FERC cuestionó al promovente por violar la ley al llevar a cabo la obra que supondrá ganancias por 1.5 mil millones de dólares, en la transformación de centrales de carbón a gas natural.
De hecho, el Instituto de Análisis Económico y Financiero de la Energía (IEEFA) encontró varias inconsistencias en los contratos que proporcionaron una ventaja injusta a New Fortress, por tener una experiencia limitada en Puerto Rico, según publicó Newsismybusiness.com. En marzo de 2019 inició operaciones en la región.
Alrededor del mundo, el bajo impacto que supone el gas natural y la disminución de las reservas de petróleo, han dado la posibilidad de un crecimiento de los mercados internacionales de este recurso para continuar con el crecimiento económico que demanda más energía eléctrica.
Viendo el potencial, el presidente de los Milwaukee Bucks, Wesley Edens, ingresó rápidamente al negocio del gas natural en 2014. Actualmente posee 9 proyectos en el Caribe, Estados Unidos, América Latina y Europa.
New Fortress Energy indicó, hace unos días, que la FERC no tiene jurisdicción sobre la operación de importación, carga, acarreo y transmisión de gas natural en el muelle de San Juan y su conexión con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), porque gasificar las unidades 5 y 6 de San Juan, ocurren dentro de un terreno que pertenece al gobierno de Puerto Rico.
Además, una investigación hecha por Tom Sanzillo del IEEFA e Ingrid Vila Biaggi de CAMBIO destaca que la AEE y su asesor financiero, Filsinger Energy Partners (FEP), sostuvieron reuniones con representantes de New Fortress Energy a principios de 2018 para discutir el proyecto antes de que se emitiera una solicitud de propuestas de parte de la AEE.
“La AEE y sus asesores recibieron una propuesta no solicitada de NFE a finales de 2017 y principios de 2018, la revisaron, se reunieron con NFE, recibieron una propuesta revisada y redactaron la solicitud de propuestas en abril de 2018”.
Escribe Aixa Sepúlveda para https://www.noticel.com/
La Reforma Energética
El órgano desconcentrado del Gobierno de Baja California Sur que maneja José López Soto, no hubiera podido llevar a cabo la licitación sin la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto, votada por el mismo gobernador Carlos Mendoza Davis, cuando fungió como representante del PAN en el Senado de la República.
La votación, en palabras de Emilio Lozoya, no hubiera sido posible sin la entrega de sobornos a varios panistas y priístas para amarrar la votación en las cámaras, en el ‘Pacto Por México, que permite la llegada del sector privado a operar infraestructura y extraer recursos energéticos del subsuelo mexicano
Por mes API BCS recibirá, una vez puesta en operación, cerca de 850 mil pesos mensuales, según expuso José López Soto basado en las condiciones de los contratos. Sin embargo, hasta ahora no está operando y la pregunta que surge:
¿Hubo tráfico de influencias en la licitación de la terminal de gas en Pichilingue?
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