En una carta dirigida al gobernador Carlos Mendoza Davis, la señora Verónica Fisher Márquez narra cómo presuntamente fue agredida por la esposa del presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en Los Cabos, Juan Manuel Murillo Murillo. La misiva lleva copia para Marko Cortés Mendoza, dirigente nacional del albiazul, la senadora Guadalupe Saldaña Cisneros y Carlos Rochín Álvarez, líder del partido en Baja California Sur (BCS). Éste último, entrevistado por la prensa, dijo conocer los hechos y aseguró que lo acontecido era un tema estrictamente personal, donde la calidad de dirigente del PAN ostentada por Juan Manuel Murillo no se veía mancillada por tales actos.
Según la narración de la afectada, la esposa del presidente del PAN, acompañada de su propia, la agredieron al salir de su casa, golpeándola con una manguera, derribándola y pateándola en el suelo. Al percatarse de esto, salió en su ayuda una vecina, de nombre Mónica Castro Márquez, quien inmediatamente fue agredida de la misma manera.
Al día siguiente, señala la narración, el esposo de la afectada abordó a Juan Manuel Murillo Murillo para tratar el asunto, y éste presuntamente le contestó: “Sí estoy enterado, vi todo desde la ventana. Hazle como le tengas que hacer, pon tu demanda, ya sabes que soy el presidente del PAN en Los Cabos y que el estado lo gobierna el PAN”.
Carlos Rochín Álvarez dijo a los medios de comunicación que cuando tuvo conocimiento de estos casos se contactó inmediatamente con el presidente del comité directivo municipal de Los Cabos. “Deduje, por los hechos, por su propia explicación, que se trataba de un asunto completamente personal” señaló, “y, pues, yo creo que en ese ámbito debe resolverse”.
“No veo una actuación en su carácter de servidor del partido o de dirigente del partido […] Dejaré que las instancias de procuración de justicia diriman completamente cualquier controversia”, acotó el líder estatal del PAN, reconociendo que los afectados iniciaron procedimientos legales contra el dirigente panista de Los Cabos.
Finalmente, Rochín Álvarez explicó que “hay instancias de índole partidista que pudieran sancionar cualquier actividad o cualquier conducta indebida por parte de los militantes”, pero el caso “tendría que canalizarse precisamente y analizarse por parte de las comisiones de orden y de justicia de parte del consejo estatal”, situación de la que hablará “si es que” el caso llega a tal nivel.